Doña Carmen tiene 78 años y desde hace seis semanas duerme en una carpa en Catia La Mar, en el litoral central de Venezuela, frente a los escombros del edificio donde vivió 40 años. Su historia no empieza el 24 de junio, cuando dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron esa costa en 39 segundos. Empieza mucho antes.
Primero se fueron los hijos. La mayor cruzó en 2016 a Cúcuta, en Colombia, y hoy peina clientas en Bucaramanga; el menor llegó a Houston tras cruzar el Darién, la selva entre Colombia y Panamá. Se fueron por lo mismo que otros 8.7 millones de venezolanos: hiperinflación, escasez y un país que dejó de ofrecer futuro. Después vino el local: la panadería que la familia sostenía desde los ochenta, “recuperada” por el Estado en nombre de la guerra económica. Nunca hubo indemnización. Al final, el terremoto se llevó lo único que quedaba: el departamento.
Migración, expropiación, derrumbe. La triple tragedia de Venezuela cabe entera en la biografía de una persona.
Conindustria, la confederación de los industriales venezolanos, documentó 1,168 empresas expropiadas entre 2002 y 2012; el PIB se contrajo más de 70% entre 2013 y 2021, la mayor caída de una economía en paz que se recuerde. Colombia acogió a 2.8 millones de venezolanos y Estados Unidos a cerca de un millón. Antes del sismo, la ONU ya contaba 7.9 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria dentro del país.
El terremoto llegó sobre un suelo debilitado. La Guaira, el estado costero vecino a Caracas, perdió más de 1,400 edificios y cerró su aeropuerto internacional. El saldo oficial ronda los 5,000 muertos, 16,700 heridos y unos 1,600 desaparecidos. El PNUD estima pérdidas de 4,700 a 8,700 millones de dólares: 4 a 8% del PIB. Los códigos sísmicos existen desde 1967 y casi nunca se hicieron cumplir. La corrupción también mata, con retraso.
Ocurrió a mitad de la fase de grupos del Mundial: el planeta miraba las canchas de México, Estados Unidos y Canadá. La ONU pidió 627 millones de dólares para cerrar la brecha humanitaria; sigue abierta. El gobierno dejó de publicar heridos y damnificados en sus boletines: ahora solo reporta viviendas entregadas. Cuando el dato incomoda, se suprime.
¿Cómo se sale? No hay reconstrucción sin financiamiento, ni financiamiento sin instituciones. Tres condiciones. Primera: un gobierno reconocido que vuelva a la banca multilateral; el Banco Mundial y el FMI no prestan a la incertidumbre. Segunda: resolver el pasivo de la arbitrariedad, unos 12,000 millones de dólares en laudos arbitrales pendientes; sin certeza jurídica no habrá capital privado. Tercera: convertir la diáspora en activo. Nueve millones de venezolanos acumularon afuera capital y oficios: son la mayor reserva de reconstrucción del país.
El diálogo iniciado el 1 de agosto entre el gobierno encargado y un sector opositor nace frágil: no están en la mesa María Corina Machado, Nobel de la Paz y principal líder opositora, ni Edmundo González, a quien la oposición reivindica como ganador de la presidencial de 2024. La secuencia importa: estabilización, recuperación y elecciones. Sin la tercera, las dos primeras son administración de la escasez.
La lección para México no es retórica. Cemex fue expropiada en 2008 y Gruma en 2010; ambas aprendieron que la propiedad dura lo que dura la voluntad del gobernante. Venezuela no colapsó por un terremoto, sino porque durante veinte años se debilitaron los contrapesos que hacen cumplir un código de construcción, respetar un contrato y auditar un presupuesto. Los sismos son inevitables; los derrumbes institucionales, no.
Doña Carmen sigue en la carpa. Esperando, otra vez, que alguien cumpla.
