Si Ernesto Ruffo es o no culpable de delincuencia organizada y contrabando de combustible, el asunto permanecerá en duda, dejando por única certeza que el gobierno y la Fiscalía General de la República tienen dos varas distintas en materia de persecución del delito y procuración de justicia.
Como en otras muchas causas, el oficialismo se esmeró con singular empeño en restarle legitimidad, transparencia y pulcritud a la detención, encarcelamiento y vinculación a proceso judicial del exgobernador de Baja California y, eso sí, desvanecer los múltiples errores, fracasos y escándalos que lo asedian desde hace ya dos semanas.
El punto es cuánto tiempo le durará al gobierno esa jugada, antes de tropezar de nuevo o enredarse en otro problema.
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En el lance judicial contra Ernesto Ruffo y fiel al estilo del oficialismo de quitar autenticidad a la causa, la relación de actos que empañan el asunto es nutrida.
El cambio de juez para conseguir la orden de aprehensión del indiciado, solicitada unos días antes de ir por él; la teatralidad de la detención, esposándolo como si se fuera un capo criminal de alta peligrosidad; el traslado desde Ensenada a penal de alta seguridad del Altiplano, dificultando su defensa; las audiencias realizadas a puerta cerrada, imprimiéndole un sello de opacidad al proceso; la intervención presidencial en el debate del asunto, politizando el caso…
Tales actos y actitudes lejos de convencer de la verticalidad y pulcritud con que se conduce la causa contra Ernesto Ruffo la opacan, haciendo manifiesto el contraste con que el oficialismo procede contra los adversarios y los aliados cuando hay elementos para investigar su conducta.
Se actúa de manera pronta y diligente cuando el señalado es ajeno o lejano, y de modo lento y negligente cuando es propio o cercano.
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Entre los efectos colaterales inmediatos provocados por la actuación del oficialismo en el caso de Ernesto Ruffo, pueden ya darse cuenta de dos de ellos.
Sin querer, el gobierno y la Fiscalía han confirmado el grave error supuesto en la reforma del Poder Judicial –o sea, en la elección de los impartidores de justicia que, a veces, no se representan ni a sí mismos– y, con ello, la falta de rectitud e imparcialidad de los juzgadores, la incertidumbre jurídica prevaleciente y, desde luego, el debilitamiento del Estado de derecho. El acordeón suena de pésima manera. Los constantes resbalones o las pifias de jueces, magistrados e, incluso, ministros dan prueba de ello. ¿Cómo confiar en la justicia, si los impartidores de ella no saben hacerlo o la administran a partir de consignas?
El otro efecto es que la autonomía e independencia del o la fiscal de la República en turno es un chiste que se cuenta solo, aunque el Senado no lo entienda. Cada vez es más notorio cómo la Fiscalía despacha, indaga o informa conforme a las instrucciones del Ejecutivo, siendo que no es su empleada. En tal circunstancia, más valdría retirarle esas características a esa institución porque, la falta de respeto a ellas se ha convertido en puerta de escape a cualquier responsabilidad por parte del Ejecutivo y la propia Fiscalía.
Esos dos efectos colaterales son de índole estructural, no coyuntural, y tarde que temprano, a querer o no, será menester reparar en ellos.
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En el ámbito coyuntural y dada la sorpresiva disposición de la Fiscalía de informar del grado de avance de sus pesquisas en torno a los asuntos de relevancia, es exigible que del mismo modo lo haga con aquellos casos del interés público y no sólo del interés oficial. Hay muchas interrogantes sobre esos otros asuntos.
Entre esas dudas, están las siguientes. ¿Ya citó la Fiscalía al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y al ahora embajador de México en el Reino Unido, el exfiscal Alejandro Gertz Manero, para que aclaren porqué, a sabiendas de quién fue el piloto que trasladó a Ismael Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos, lo reenviaron sin interrogarlo ni indagarlo a ese país? O es que, visto el ridículo oficial hecho en relación con la sustracción y detención de aquellos capos, se resolvió abrir una carpeta destinada al olvido.
Si, al final del día, el exembajador Ken Salazar no mintió e informó de lo que sabía en relación con aquel evento, ¿se recomendará a la cancillería invitarlo a presentar su libro en el Instituto Matías Romero?
Si la Fiscalía ya concluyó que no hay elementos para presumir el vínculo con el Cártel de Sinaloa por parte del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y del senador sin licencia Enrique Inzunza de esa entidad, así como de otros implicados, ¿no ha recomendado al gobierno y a Morena reponerlos en su puesto y, quizá, postular al senador como ante-pre-candidato al próximo gobierno de ese estado de la República? Cabe la interrogante porque, si la indagatoria los exonera y reconoce como inocentes, es una injusticia tenerlos en pausa política, siendo que representan al pueblo y no a un cártel criminal.
Vista la diligencia y prontitud con que ahora actúa e informa la Fiscalía, ¿es mucho pedir destinar unos minutos a explicar el motivo de la renuncia y el cese de los fiscales Ulises Lara y Oscar Langlet? Nomás por tener algo de claridad al respecto. ¿Qué razón personal orilló a Lara a dejar el puesto obtenido apenas medio año antes? ¿Qué expediente relacionado con un servidor público se resistió a archivar Langlet?
Si en el pleito entre la gobernadora y el exgobernador de Baja California, Marina del Pilar Ávila y Jaime Bonilla, se incurrió en delitos, ¿se les abrirá una carpeta?
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Atender y resolver esos otros asuntos e informar de ellos, quizá, permitiría pensar que el oficialismo actúa no con una doble vara, sino con una al perseguir el delito y procurar justicia.
