La semana pasada, el IMEF dio a conocer un análisis sobre las finanzas públicas, destacando su insostenibilidad para el mediano plazo, y urgió a tomar medidas de saneamiento fiscal. Dicho documento resume las contribuciones realizadas por cinco economistas e incluyó cada una de sus aportaciones como anexos. Aquí reproduzco mi contribución editada.
En vista de la precaria situación estructural de las finanzas públicas, México tiene una insuficiencia de ingresos. Esa situación complica que el gobierno pueda hacer frente, además de otros rubros, a los crecientes gastos sociales en salud y educación, en infraestructura y, sobre todo, en pensiones. Las pensiones no son un tema fiscal marginal ni de largo plazo: son una presión fiscal presente que compite directamente con otros usos del presupuesto. Para 2026 se estima que el gasto público en pensiones como porcentaje del PIB sea del 6%, mientras que el gasto como proporción del PIB en salud, educación e inversión pública será, respectivamente, de 2.5%, 2.9% y 2.5 por ciento.
El gasto en pensiones deja poco margen de maniobra dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), pues el gasto público pensionario total absorbe cerca de 25% del PEF y más de 24% del gasto neto programable. En términos nominales, el costo total de pensiones en el PEF de 2026 es de $2.3 billones de pesos. En particular, la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores (una pensión universal que se paga a partir de los 65 años) tiene un costo de 526.5 miles de millones de pesos (mmp), que absorbe más del 22% del gasto público pensionario total de este año.
Se ha planteado una y otra vez que, frente al desequilibrio que exige al gobierno más ingresos, se debe instrumentar una reforma fiscal. Pero esa propuesta más bien busca una reforma tributaria que incremente gravámenes existentes y cree nuevos impuestos. Sin embargo, en el IMEF hemos sostenido desde hace ya varios años que, más que incrementar los impuestos, lo que se requiere es mejorar sustancialmente la calidad del gasto. Es decir, no una reforma tributaria, sino una reforma fiscal de alcance amplio. Es un hecho que el gobierno “gasta mal”, al supeditar la política de gasto a criterios políticos y no técnicos. Por ejemplo, las obras emblemáticas en infraestructura del gobierno anterior y que siguen absorbiendo recursos presupuestales (para pago de deuda, de mantenimiento y terminación) se llevaron a cabo sin ninguna evaluación técnica ni estudio previo de su viabilidad económica y rentabilidad social. Como consecuencia, esos proyectos sufrieron enormes sobrecostos. Datos de la SHCP indican que, hasta ahora, los costos totales han sido: Tren Maya (515 mmp), Tren Transístmico (62 mmp), AIFA (415 mmp) y Dos Bocas (400 mmp). Desafortunadamente, hay más ejemplos de una mala asignación y dispendio del gasto por parte del gobierno.
Por ende, se requiere una profunda reforma fiscal enfocada a mejorar la forma en que se instrumenta el gasto público, así como una mejor y más estricta asignación y monitoreo de su ejercicio para evitar el despilfarro. Es urgente que la SHCP establezca criterios para llevar a cabo proyectos con su debida evaluación técnica. Solo fortaleciendo la sostenibilidad financiera del Estado a lo largo del tiempo, se logrará crecer y crear riqueza para la prosperidad de los mexicanos.
