Se acabó el Mundial de fútbol con la victoria de la selección española y empezó la notoriamente mediocre liga mexicana de este deporte, así que ya podemos pasar a lo importante: la cada vez mayor debilidad del Estado de derecho y sus implicaciones económicas.
Recientemente fue publicada la evaluación que hizo para el año 2025 World Justice Project sobre el Estado de derecho en 143 países. México, tanto en el agregado del índice como en cada una de las ocho categorías evaluadas, sale reprobado. En el agregado, el puntaje asignado a nuestro país fue de 40/100, situándose en el lugar 121 a nivel mundial y en el lugar 28 de un total de 32 países considerados de la región latinoamericana y del Caribe. Cabe destacar que la evaluación para México arroja una calificación cada vez peor; en 2018 el puntaje fue de 46/100, caída que se deriva de la destrucción institucional llevada a cabo por López y Sheinbaum.
La primera categoría considerada para la construcción del índice la constituyen las restricciones legales e institucionales a la acción gubernamental (ONG, prensa libre, poder judicial independiente, etcétera), en particular si los gobernantes y servidores públicos están sujetos a las leyes y estas se cumplen. En esta categoría la calificación fue de 41/100, situándose en el lugar 104. La frase pronunciada por López: «No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley», y la más reciente de la presidenta Sheinbaum: «Cuando las normas se ponen por encima de la gente y del sentido común, mal; entonces no cumplas con las normas», son una muestra de que el marco legal vigente aplicable a los funcionarios públicos es de bajo cumplimiento.
La segunda categoría es la ausencia de corrupción, en la cual México obtiene una calificación de 27/100, situándose en el lugar 134. Corrupción en las obras públicas, en la adjudicación de contratos para proveer diferentes bienes y servicios al gobierno, en el otorgamiento de licencias y de permisos, en la administración de justicia, en las ligas entre el crimen organizado y el poder político y mucho más, hacen que el cáncer de la corrupción esté presente en todo el país, destruyendo el tejido social y actuando como un impuesto sobre el desarrollo económico. Y quizás lo peor es que desde el gobierno se ha mandado la señal de que los actos de corrupción perpetrados por aquellos que pertenecen al régimen no se castigan, como han sido los casos de Segalmex, el mal llamado “huachicol fiscal” y la información de las obras públicas reservada por “seguridad nacional”.
La tercera categoría es la de gobierno abierto, que se refiere a si este provee información que facilita la actividad privada y otra que permite evaluar al gobierno. Aquí el resultado es mixto, como lo muestra el puntaje de 56/100, lo que sitúa a México en el lugar 54. El gobierno sí provee de mucha información, como la que publican el INEGI y diferentes secretarías y dependencias federales, pero, por otra parte, hubo un significativo retroceso con la desaparición del INAI, lo que le permite al gobierno ser totalmente opaco en cuanto a diferentes rubros de gasto, particularmente si hay actos de corrupción.
La cuarta categoría es la vigencia y protección de los derechos individuales fundamentales, como son las libertades de manifestación de ideas, de asociación, de religión y de propiedad. En esta categoría el puntaje asignado fue de 47/100, con lo que México se situó en este rubro en el lugar 95. Con un régimen cada vez más intolerante y autocrático, varios de estos derechos peligran.
La quinta categoría corresponde a la protección y garantía de la seguridad personal y patrimonial de los individuos. Mientras en 2018 el puntaje fue de 59/100, para 2025 cayó a 50/100, reflejo de la mayor criminalidad que asola a México en diferentes manifestaciones que incluyen homicidios, robos y asaltos, violaciones, extorsión, trata de personas y más, todos ellos cometidos con una impunidad que ronda el 95%. El gobierno falla en lo que es su principal función, la razón que justifica su existencia.
La sexta categoría es la eficiencia regulatoria, referida exclusivamente al proceso de dictarlas y de hacerlas cumplir. Regulaciones diseñadas para ser interpretadas discrecionalmente, hechas para extraer rentas en procesos que permiten la corrupción, se traducen en un puntaje de 42/100, lo que sitúa a México en el lugar 113.
Finalmente, la séptima y octava categorías se refieren al poder judicial, la primera sobre litigios civiles y mercantiles y la segunda sobre juicios penales. En materia civil y mercantil la calificación asignada fue de 35/100, mientras que para la penal fue de 0.25/100. La impartición de justicia ha sido tradicionalmente el eslabón más débil del arreglo institucional, particularmente cuando vemos a los poderes judiciales de los estados, que son en donde se atienden casi todos los casos.
Un débil Estado de derecho actúa como una barrera al desarrollo económico y aquí lo que hemos visto es un gobierno debilitándolo cada vez más.
