El lunes 23 de junio, Pemex y Petrobras anunciaron en Brasil la firma de un Memorándum de Entendimiento (MOU) para “explorar oportunidades” en aguas profundas, revitalización de campos maduros, procesos industriales e “intercambio de experiencias en marcos regulatorios”. Tendrá una vigencia de dos años, prorrogable, sin compromiso vinculante de inversión ni constitución de sociedad. Un acuerdo, en suma, para sentarnos a ver qué se puede hacer.
Como señaló ayer Luis Miguel González en estas páginas, en 22 años los papeles se invirtieron. Petrobras pasó de producir 1.57 a 3.2 millones de barriles diarios; Pemex, de 3.38 a 1.65 millones. El contraste financiero es peor: Petrobras ganó 19.6 mil millones de dólares en 2025 y anunció un plan de inversión de 415 mil millones hacia 2030; Pemex perdió 780 mil millones de pesos en 2024 y 45 mil millones en 2025, y recibe 19 mil millones mensuales del gobierno en 2026 para no caer. La brasileña opera en ocho países; la mexicana arrastra 79 mil millones de dólares de pasivo financiero, además de 375 mil millones de pesos con proveedores.
¿Qué hizo Brasil y qué hacemos nosotros? Todo arranca con Lava Jato. Tras el escándalo, Brasil aprobó en 2016 la Lei das Estatais, que obligó a las estatales a cumplir las mismas reglas que cualquier compañía cotizada: consejo independiente, comité de elegibilidad para directivos y prohibición de nombramientos políticos sin filtro. Ese octubre, Pedro Parente terminó el subsidio implícito a los combustibles al atar los precios a la paridad internacional. La huelga camionera de 2018 casi tira a Temer, pero saneó la refinación. Siguieron desinversiones radicales: ocho refinerías a la venta, 105 campos onshore y de aguas someras, y la salida a bolsa de BR Distribuidora.
Petrobras se replegó al presal y abrió la puerta a Shell, Total, Equinor, ExxonMobil, BP, Repsol, CNOOC y Petronas como socios: ella como operador; ellos, con capital y tecnología. Es el modelo de farm-outs que México abandonó en 2019 y al que ahora vuelve por la puerta de atrás. Todo descansa sobre la disciplina del mercado. El proceso de deleveraging de 126 mil a 51 mil millones de dólares entre 2014 y 2022 fue posible porque Petrobras cotiza en Nueva York desde el año 2000 y rinde cuentas trimestrales a sus minoritarios.
Petrobras se reformó porque pasó por el mayor escándalo de corrupción regional. No fue convicción política; fue un shock judicial. Sin escándalo no hay Parente, no hay Lei das Estatais, no hay paridad de precios. El problema es que esa reforma ahora se está revirtiendo: vuelve el subsidio a los combustibles, se cancelan ventas de refinerías y el Estado se queda con el dividendo. La disciplina, cuando llega, llega tarde y se erosiona rápido.
México tiene lo contrario: protección política total sobre Pemex, ningún incentivo judicial para auditarla y un discurso atado a la épica soberanista que Petrobras abandonó hace una década. En vez de racionalizar activos, compramos más refinerías y construimos Dos Bocas, una de las más caras del mundo: costó 20 mil millones de dólares y refina 147 mil barriles cuando opera. Cada año es menos rentable.
El MOU del lunes es la caricatura del momento: pedirle al alumno reformado las lecciones que la maestra mexicana decidió no aplicar. Pemex no necesita un convenio; necesita el shock que obligó a Petrobras a reformarse. Y mientras el gobierno la siga rescatando con dinero que al país ya no le sobra, y Moody’s la mantenga a un escalón del bono basura, ese shock no llegará.
