Este espacio ha subrayado que el espacio fiscal de México (la holgura del presupuesto federal) se está agotando. Cifras recientes confirman que esa tendencia continúa en esta administración, incluyendo lo que va de este año. La deuda crece aceleradamente.
La deuda pública casi se ha duplicado de 2018 a la fecha. En abril de ese año alcanzó 9,947 miles de millones de pesos (mmp); para 2024 subió a 15,397 mmp y en abril pasado llegó a 18,681 mmp.
Por año, el endeudamiento se ha acelerado en esta administración. De 2016 a ahora, se situó en alrededor de 700-800 millones de pesos (mp) por año, siendo mucho mayor en 2020 (pandemia) y en 2024 (1,500 mp), cuando se aceleraron las obras insignia de AMLO. Pero en 2025 alcanzó 2,133 mp y en el año previo a abril pasado fue de 1,150 mp.
Las cifras de ingresos y gastos públicos coyunturales son congruentes con el aumento de la deuda. En abril, los ingresos del erario fueron menores a los de abril de 2025 (-2.2% real), mientras que el gasto subió 1.4%, por un fuerte incremento del gasto corriente (servicios personales, subsidios y jubilaciones), compensado solo parcialmente por caídas de gastos de operación (-8.2%) y de inversión física (-18.4%).
Dichas cifras de deuda corresponden al saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público en términos netos (es decir, considerando algunos activos del Estado). No obstante, para propósitos de seguimiento, el Fondo Monetario Internacional utiliza un cálculo de deuda bruta que, para México, supera ya el 60% del PIB, lo que normalmente despierta preocupación en algunos círculos financieros.
El punto es que, si no se reduce más y más rápido el déficit fiscal, la deuda seguirá aumentando. Ello porque el déficit se situará en alrededor de 4.3% del PIB y la tasa real de interés en poco más de 2%. Ambas cifras son superiores al crecimiento del PIB, que no muestra signos claros de recuperación.
El gobierno parece preocupado, pero poco puede hacer ante las restricciones que él mismo se creó. El aumento del gasto en programas sociales ha sido espectacular. Contenidos mayormente en la función de protección social del presupuesto, alcanzan ya el 6.3% del PIB, mayor a la suma de Salud, Seguridad Pública y Educación, que no han recibido recursos suficientes para atender las necesidades evidentes en esas áreas. Lo mismo pasa con la inversión pública y el mantenimiento de la infraestructura.
A ello habría que agregar la situación financiera y la contingencia fiscal de Pemex, que simplemente sigue elevando la presión sobre las finanzas públicas.
Si se sigue sacrificando el gasto en Seguridad, Salud, Educación e inversión, y Pemex no logra viabilidad financiera real, las consecuencias para el país a la larga serían graves.
Es remoto que el gobierno reduzca los programas sociales porque son su base electoral. Tampoco parece inclinarse a una reforma fiscal que aumente tasas impositivas porque ello también costaría votos. Continúa cobrando más impuestos, amagando a los contribuyentes de diversas formas, con consecuencias indeseables para la inversión y la formalidad.
En resumen, el ajuste fiscal necesario para controlar la deuda pública y ordenar las finanzas públicas se ve muy difícil. Pero si no se hace, el riesgo, cada vez más evidente, es una eventual crisis fiscal, que las calificadoras parecen ya advertir. La duda es cómo se presentaría esa crisis.
