Un empleado gubernamental es un servidor público. Quienes laboran en el gobierno en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) y sus tres ramas (ejecutiva, legislativa y judicial) están para servir a la población. ¿Qué es lo que deben proveer? ¿Por qué y para qué?
Primero, por qué y para qué. En una sociedad conformada por personas libres, el sujeto más importante es el individuo. Cada uno de ellos, en el pleno ejercicio de su libertad y respetando en todo momento y circunstancia los derechos de terceros, tratarán de alcanzar para sí mismos y sus familias, dados los recursos escasos que poseen, el mayor nivel de bienestar posible. Reconocer, validar y proteger la libertad como el valor supremo de los individuos es lo que le permite a la sociedad, a través de la cooperación voluntaria, alcanzar la prosperidad y felicidad.
De esta forma, dado que lo más importante es el individuo y su libertad, el servidor público está subordinado a los individuos y su papel es dotar a cada individuo y a la sociedad en su conjunto de un arreglo institucional que permita esa cooperación que derive en la prosperidad para cada uno de los miembros de la sociedad.
Segundo, el arreglo institucional que los servidores públicos tienen que proveer debe constar de los siguientes elementos: a) un marco legal que defina eficientemente los derechos privados de propiedad (posesión, uso y transferencia de recursos y aquellos delitos que los violenten) y que procure la competencia en todos los mercados y prohíba los monopolios y prácticas monopólicas privadas y gubernamentales; b) servicios de seguridad pública que protejan a los individuos y a su propiedad en contra de actos de terceros que los vulneren; c) con un poder judicial independiente e imparcial, otorgar la protección judicial de los derechos individuales y solución de controversias que garanticen el cumplimiento de los contratos civiles y mercantiles entre particulares y entre estos y el gobierno y penalicen la comisión de los delitos que hayan atentado en contra de terceros.
Además, d) corregir las fallas de mercado: externalidades negativas con impuestos y positivas con subsidios, proveer bienes públicos (seguridad, defensa nacional, alumbrado público, calles, parques, etcétera) y casos de información asimétrica que pudiesen generar daño moral, principalmente en el sistema financiero; y e) actuar subsidiariamente en casos estructurales para mejorar las condiciones de oportunidades de los individuos (incluyendo servicios de educación y salud) y en casos coyunturales como desastres naturales.
Una sociedad compuesta de individuos libres cooperando voluntariamente entre sí con este arreglo institucional les permitirá perseguir y alcanzar la prosperidad y la felicidad. La evidencia internacional al respecto es contundente: aquellos países en los cuales históricamente los individuos han gozado de libertad política y económica son simultáneamente los que han alcanzado mayores niveles de bienestar individual y social. La evidencia también indica que aquellos países en los cuales el arreglo institucional reprime la libertad política y restringe y vulnera la libertad económica, países en donde los individuos y su libertad, en lugar de ser vistos y considerados como lo más importante, son vistos y tratados como subordinados del Estado, son países que no experimentan desarrollo y la mayor parte de su población vive en una situación de pobreza.
Esto último es notoriamente relevante por el rumbo que ha tomado el arreglo institucional en México durante los seis años del gobierno del presidente López y lo que va del de la presidenta Sheinbaum. Lo que hemos experimentado es la destrucción de un sistema de pesos y contrapesos para concentrar el poder político y construir un régimen autocrático, opaco y sin rendición de cuentas, un régimen caracterizado por ser un sistema político cerrado y sin democracia, sin una efectiva separación de poderes y con un poder ejecutivo todopoderoso bajo el cual están subordinados los poderes legislativo y judicial, con atribuciones extraordinarias para actuar discrecionalmente en lugar de bajo reglas y, consecuentemente, sin transparencia ni rendición de cuentas, un sistema en el cual los individuos carecen de una efectiva protección frente a actos de gobierno que vulneren sus derechos.
Así, bajo el régimen de la cuatroté, en lugar de servidores públicos al servicio de la población, vamos en la ruta del hayekiano “camino de servidumbre”, uno en donde cada individuo está subordinado al Estado totalitario, uno en donde la libertad política desapareció, mientras que la libertad económica de los individuos está cada vez más acotada.
El resultado de este arreglo institucional está a la vista: desde la victoria electoral de Sheinbaum en junio de 2024, durante los últimos siete trimestres, es decir, a partir del tercero de ese año, la inversión privada real ha caído a tasa anual en todos y cada uno de ellos, mientras que la economía está prácticamente estancada y con el PIB por habitante cayendo. Seguir por este mismo camino lo único que augura es estancamiento y pobreza.
Es tiempo de reconocer el fracaso y poner a los individuos, su libertad y sus derechos, como el valor supremo que hay que proteger y garantizar; es la única forma de lograr el progreso de la sociedad.
