Arturo Manuel Chávez López fue colaborador de Claudia Sheinbaum cuando la hoy presidenta era alcaldesa de Tlalpan (2015-2017). También cuando fue jefa de Gobierno de la CDMX. Y en este sexenio fue su titular de Talleres Gráficos de México. Que luego haya resultado que era el mejor candidato para integrarse como consejero electoral es, no vayan a creer ustedes, pura chiripa.
Desde abril, Chávez López es uno de los tres consejeros que se integraron este año al Instituto Nacional Electoral. Lo hizo con cero discreción: no iba a pasar inadvertido en la selección quien logra 99 de 100 aciertos en el respectivo examen.
La prensa recogió su humilde versión de tal puntaje: “Los científicos sociales nos dedicamos a estudiar mucho; el conocimiento es la base de la transformación”, dijo. “Yo aplico muchos exámenes y sé cómo preparar un examen, la cosa es estudiar”. ¡Aléguenle al umpire!
Seguro fue demasiada confianza lo que provocó que gente que lleva décadas en el estudio y ejercicio profesional de leyes e instituciones con las que México organiza sus comicios sacaran un puntaje notoriamente inferior al de Chávez López, como María del Carmen Alanís, exmagistrada electoral que se inscribió en el mismo proceso que el excolaborador de Sheinbaum, pero sacó 79 de 100 posibles.
El caso de Chávez López viene como anillo al dedo –diría el ex– para quienes abriguen la peregrina tentación de echar campanas al vuelo por la noticia en la mañanera de ayer, donde la presidenta anunció cambios a la reforma judicial.
Más allá de posponerla, que se explica por motivos estrictamente logísticos, la elección judicial no tendrá méritos reales, ni generará confianza en la inversión, si no atiende dos elementos que ya se vieron en 2025 con el primer ejercicio de tan inopinado aquelarre.
El proceso de selección y la equidad en la elección tendrían que ser diametralmente distintos si de verdad se quiere corregir la reforma judicial y, por consecuencia, lograr que tan disparatada idea –elegir en urnas a jueces– no ponga nerviosos a inversionistas y ciudadanos.
El problema es que no hay razones para creerle a la presidenta. Y en Arturo Chávez tenemos un gran argumento. Él y las dos nuevas consejeras son producto de un comité cero plural y menos independiente de Morena en San Lázaro. De una farsa, pues.
Ayer quedó inaugurada una fase de deliberación sobre lo que busque la presidenta Sheinbaum en el Judicial, además de posponer un año la elección.
Se dirá que habrá mejoras en las boletas, en el comité, etcétera. Mas lo que no se hará es crucial: con la premura y cerrazón se tramitará en el Congreso una iniciativa que no garantiza un mecanismo multipartidista y menos ciudadano para filtrar las candidaturas.
Sin eso, el proceso puede ser más ejecutivo –menos aberraciones de forma al cribar precandidaturas–, pero igual de sectario en el resultado: la mayoría de las personas aspirantes serán del oficialismo y, ¿alguien duda que veremos la temporada 2 de los acordeones?
Y encima, lo presumirán como un logro. Tanto como Chávez López cuando declaró su experiencia en materia electoral: “he participado como ciudadano, en casillas electorales y en otros procesos políticos; por supuesto que tengo mucha experiencia (…) Como director general de Talleres Gráficos de México, estamos imprimiendo las boletas”.
Ajá, el problema es que o se burlan diciendo eso porque saben que no importa, que no rinden cuentas, o se burlan de la inteligencia de todos cuando se creen sus propios choros. El resultado es el mismo: de estas “mejoras” de Palacio no crecerá nada bueno.
