Pocas estadísticas retratan con tanta crudeza uno de los mayores lastres que tenemos en México como las dos cifras sobre informalidad que el INEGI publica.
La primera: en marzo de 2026, 54.8% de la población ocupada —33 millones de personas— trabajaba en la informalidad. La segunda, publicada en diciembre pasado es la Medición de la Economía Informal: en 2024 la economía informal aportó apenas 25.4% del PIB.
Contrastadas, las dos cifras revelan algo demoledor: más de la mitad de quienes trabajan en México producen una cuarta parte de la riqueza nacional. Por cada cien pesos del PIB, los ocupados formales generan 75 por ciento y los informales apenas 25 por ciento.
Esa brecha no es un accidente estadístico; es el síntoma más visible del estancamiento productivo que arrastra el país desde hace décadas. Y es, precisamente, el rompecabezas que Santiago Levy lleva más de quince años intentando desarmar.
Tuve la oportunidad de conversar con él hace algunas semanas, en el marco de la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA México. Pero Levy lleva publicados muchos trabajos sobre la materia desde hace tiempo.
En su conocido texto Buenas intenciones, malos resultados de 2008, Levy sostuvo una tesis incómoda en su momento y pero que resultó profética: la arquitectura institucional mexicana promueve la informalidad. El razonamiento es directo. El empleo asalariado formal financia la seguridad social mediante contribuciones que encarecen la nómina; al mismo tiempo, el Estado entrega de manera gratuita —vía programas no contributivos como el otrora Seguro Popular, hoy IMSS-Bienestar, pensiones universales y transferencias diversas— una buena parte de los beneficios que sufragan los trabajadores y empresarios formales.
El resultado, demostró Levy con datos administrativos del IMSS, es un sistema que penaliza la formalidad y premia la informalidad. Trabajadores y empresarios responden con racionalidad económica, no con marginalidad.
Diez años después, escribió otro texto: Esfuerzos mal recompensados. Levy llevó el argumento a un terreno más específico. Apoyado en los censos económicos del INEGI, mostró que más de 90% de los establecimientos mexicanos son informales y que el problema no es solo cuántos trabajadores quedan fuera de la seguridad social, sino cómo se asignan el capital y el trabajo entre empresas.
Su hallazgo central es que México no crece porque sus recursos productivos están atrapados en unidades productivas pequeñas, informales y con muy baja productividad, mientras que las empresas formales y eficientes no logran expandirse al tamaño que justificaría su productividad.
A esa distorsión la llamó misallocation, mala asignación. El resultado es que entre el cuarto trimestre de 2005 y el mismo periodo de 2025, la productividad total de la economía no solo no creció, sino que cayó 6.2 por ciento.
En 2024, según el propio INEGI, la economía informal creció 4.3% en términos reales mientras que la formal se expandió apenas 0.5%. El segmento menos productivo es el que está absorbiendo trabajo y capital, exactamente lo opuesto a lo que cualquier teoría del desarrollo prescribiría. Cuando esto persiste, el resultado macroeconómico es ineludible: productividad estancada, salarios reales débiles y crecimiento mediocre.
La cara social de este fenómeno es la pobreza. La correlación entre informalidad y pobreza laboral es nítida en la geografía mexicana. Chiapas (74%), Oaxaca (81%) y Guerrero exhiben las tasas más altas de informalidad y, simultáneamente, los peores indicadores de pobreza por ingresos; en contraste, Nuevo León, Coahuila y Baja California, con la informalidad más baja del país, registran también la menor pobreza laboral.
El ingreso laboral promedio del trabajador informal ronda la mitad del que percibe un formal. El extinto CONEVAL documentó que cerca de 10 millones de ocupados informales viven con ingresos por debajo de la línea de pobreza urbana.
La conexión con las finanzas públicas refuerza el círculo vicioso. Los países donde menos de 4% de la población trabaja en la informalidad —Suecia, Finlandia, Francia— recaudan más de 40% del PIB en impuestos. México, con más de la mitad de su fuerza laboral en la sombra fiscal, recauda menos de 17%. Sin base tributaria amplia no hay Estado fuerte; sin Estado económicamente fuerte no hay infraestructura, educación ni protección social robustas; sin esos bienes públicos, la productividad de empresas y trabajadores se mantiene anémica. La informalidad se autoperpetúa.
¿Qué propone Levy, entre otros? No más programas sociales fragmentados ni amnistías fiscales, sino una reforma sistémica: universalizar la seguridad social financiándola con impuestos generales —idealmente al consumo— y desligarla del contrato laboral.
De ese modo, contratar formalmente dejaría de ser un castigo y permanecer en la informalidad dejaría de estar subsidiado. Es la única manera, argumenta, de alinear los incentivos microeconómicos con la productividad agregada y, en consecuencia, con la reducción sostenida de la pobreza.
Los últimos gobiernos, por cierto no solo de Morena, han optado por una ruta distinta: ampliar transferencias y elevar el salario mínimo, apuestas que han mejorado el ingreso de los hogares en el corto plazo pero que dejan intactas las distorsiones estructurales que diagnostica Levy.
Que la economía informal pese 25.4% del PIB, justo en años de fuerte impulso a la política social no contributiva, no parece coincidencia: confirma que el problema no se está resolviendo, sino acentuando.
Mientras la mitad del país produzca un cuarto del valor agregado, el crecimiento de 3% anual seguirá siendo aspiración retórica y la pobreza, realidad cotidiana de millones.
