Aunque la siguiente historia es reciente y relativamente conocida, procede hacer un resumen de la misma:
El 25 de julio de 2024 el capo del narcotráfico Ismael “El Mayo” Zambada fue secuestrado en el rancho “Huertos del Pedregal, cercano a Culiacán, llevado en avión privado a un aeropuerto cercano a la ciudad de El Paso y entregado a las autoridades estadounidenses.
Varios días después, el 10 de agosto de 2024, el abogado de “El Mayo”, de nombre Frank Pérez, dio a conocer la celada que se le tendió para ser secuestrado. Explica en ese documento que fue invitado a una reunión organizada por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, en la que supuestamente estaría presente Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. La reunión tendría por objeto que él, “El Mayo”, mediara en el conflicto político que por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa sostenían Rocha Moya y el exrector de ésta Héctor Melesio Cuen, a la sazón diputado federal electo de extracción priista.
Melesio Cuen apareció muerto varias horas después, en un ataque del que fue víctima en una gasolinera de Culiacán, según informó la Fiscalía General de Sinaloa. “El Mayo” en su carta dice que el exrector fue ejecutado en el rancho al cual acudieron ambos.
Para que la coartada resultara perfecta, Rocha Moya informó que el día de los hechos él se encontraba en Estados Unidos de viaje con su familia. Luego se supo que las autoridades migratorias norteamericanas no tenían registrado su ingreso a EUA por esos días.
Atraído el caso por la Fiscalía General de la República y efectuadas las investigaciones correspondientes, la FGR concluyó que el asesinato de Melesio Cuen no ocurrió en la gasolinera como informó inicialmente la Fiscalía de Sinaloa, sino que fue un montaje. Las pruebas periciales confirmaron que el exrector fue asesinado en el rancho “Huertos del Pedregal”, donde fue secuestrado Zambada.
¿A qué viene lo anterior? A que el operativo planeado y llevado a cabo para secuestrar al “Mayo” Zambada jamás habría podido realizarse sin la participación de agentes del gobierno estadounidense. De no haber sido así, el avión que lo trasladó junto con el hijo del “Chapo” Guzmán, que previamente se había arreglado con la justicia americana, jamás hubiera podido ingresar siquiera al espacio aéreo de EUA, país donde además ya los esperaban a ambos las autoridades para detenerlos. Asimismo, todo ese operativo tuvo que haberse consumado con la participación activa, como lo denuncia el “Mayo”, o al menos con el consentimiento o la tolerancia del gobernador Rocha Moya.
Otro caso similar, aunque observado desde otro ángulo, fue el operativo llevado a cabo el pasado 22 de febrero por el Ejército para capturar a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, del Cártel Jalisco Nueva Generación, que finalmente fue abatido. Por razones de espacio no es posible entrar en detalles de este tema. El hecho es que algunos comentócratas opinaron dos cosas: que todo indica que elementos de agencias del gobierno de los EUA tuvieron mayor intervención en este operativo que la aceptada oficialmente por las autoridades mexicanas. Y la otra: que la presidente Sheinbaum no fue informada con antelación de la realización del mismo.
¿Qué tienen en común ambas historias? De repente se olvida que el día en que Donald Trump juró como presidente de EUA por segunda vez, el 20 de enero de 2025, claramente informó –advirtió— que había dictado una orden ejecutiva mediante la cual declaraba como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles mexicanos.
Pareció que el gobierno mexicano no le concedió mayor importancia a tal declaración. Quizá por ello, doce días después la Casa Blanca emitió una nota informativa oficial contundente, que decía: “Las organizaciones mexicanas de narcotraficantes tienen una alianza intolerable con el gobierno de México. El gobierno mexicano ha proporcionado refugios seguros a los cárteles para que se dediquen a la fabricación y transporte de narcóticos peligrosos, que en conjunto han provocado la muerte de cientos de miles de víctimas estadounidenses”. A pesar de la dureza de esta declaración, la pasividad del gobierno mexicano fue y ha sido más que pasmosa.
El episodio de confrontación que desde hace más de una semana se registra entre el gobierno morenista y el de Chihuahua, tiene como trasfondo real, al menos en parte, lo arriba señalado. Un auténtico rompecabezas.
La solicitud de detención con fines de extradición de Rocha Moya, conocida anteayer, probablemente es apenas el principio. ¿De nueva cuenta el oficialismo se envolverá –como de inmediato lo hizo Rocha Moya— en la bandera de la soberanía nacional? Cuidado. La nación no tiene porque pagar las consecuencias de los abusos y excesos de ese grupo delictivo.
