Hay una advertencia de la filósofa Nancy Fraser: que la política de reconocimiento mal diseñada puede convertirse, sin quererlo, en un nuevo mecanismo de exclusión. Fraser articuló esta idea pensando en el feminismo institucional, en el riesgo de que la lucha por la paridad produzca normas que, al proteger a unos, invisibilizan a otros.
Una de las formas en las que aterriza esa advertencia hoy en México es en la violencia vicaria, más precisamente, en la ausencia de su equivalente cuando la víctima es hombre.
Tuve oportunidad de platicar con Alejandro Flores, dirigente de “Soy papá, no criminal”, un movimiento nacional y mundial de padres que denuncian la obstrucción de vínculos y alienación parental; y que exigen justicia en procesos de custodia. El pasado viernes 24 de abril, miles de padres y miembros de familia marcharon en los 32 estados de la República y en naciones como Argentina, Chile y Colombia.
En la Ciudad de México la concentración fue frente al Tribunal Superior de Justicia. Con la mayoría vestidos de blanco, realizaron lo que llamaron un “tendedero de amor”, con cartas dirigidas a sus hijas e hijos que, por mandato judicial, no pueden ver. Para dar una idea de la convocatoria, Flores relata que hubo alrededor de 450 personas en la capital, 350 en Merida y 150 en Coahuila. Cuenta que la coordinación implicó 32 reuniones virtuales y 65 horas de trabajo colectivo. Agregó que el movimiento registra 1,423 familias activas en 32 estados y presencia en 24 países.
En México, la violencia vicaria existe como figura jurídica para proteger a las mujeres – que es una conquista legítima – pero cuando la víctima es hombre, no hay tipo penal equivalente, no hay protocolo y, por lo mismo, tampoco hay estadísticas. Alejandro contó sobre una investigación con corte a 2023, que registró más de 55,000 casos de varones víctimas de violencia familiar vía el IMSS – aquellos que llegan con lesiones provocadas por sus parejas –; además de tres entidades que no reportaron datos y con la violencia psicológica prácticamente invisible.
Es un asunto que, además, se agrava con discriminación institucional, en palabras de Flores: “El propio Ministerio Público les dice que si ellos denuncian les va a ir peor por ser hombres”. Explicó que las fiscalías operan bajo criterios de eficiencia que excluyen los casos difíciles de probar y que, también, los cuestionarios están estandarizados para mujeres. Entre lo principal, el pliego petitorio de 16 puntos que entregaron exige una figura jurídica que homologue a la violencia vicaria y que proteja a las niñas y niños, sin importar quien sea el agresor; inclusión de varones en encuestas oficiales e inclusión de hombres y familias homoparentales ante estas situaciones.
El argumento central del movimiento es el daño a hijas e hijos que quedan en medio del conflicto de los padres, “Mi hijo va a estar siempre antes que yo. Yo puedo tener algún dolor, pero eso no quita que mi hijo siempre va a estar primero”, reconoció Flores. Precisó que muchos padres no denuncian para no perjudicar a sus hijos, ya que una sentencia privativa para la madre le quita al menor uno de sus progenitores. Ellos no buscan que las madres estén en la cárcel, sino que haya reparación del daño para el menor. Buscan revinculación, donde los procesos judiciales garanticen que se tenga acceso a ambas figuras parentales, así como a la familia extendida de cada uno.
Alejandro Flores enfatiza que no hace falta ser activista para que los cambios sociales sucedan, sino que éstos comienzan en la conversación cotidiana y empática, con el amigo que atraviesa un divorcio conflictivo, con el familiar que lleva meses sin ver a sus hijos.
Lo que las marchas del viernes pasado revelaron es exactamente a lo que Fraser se refiere: un sistema que avanzó para proteger a las mujeres – y debía avanzar – pero que en su diseño dejó un flanco que afecta a los padres, a las familias extendidas y, sobre todo, a hijas e hijos que crecen sin uno de sus progenitores.
