Hay reformas que se recuerdan por lo que lograron transformar y otras que quedan en la memoria por lo que revelan. El “Plan B” de la Reforma Electoral, aprobado la semana pasada, pertenece a la segunda categoría.
Hace poco más de un mes, en este mismo espacio, se escribió sobre lo que se conocía sobre la reforma original de la presidenta, el “Plan A”. Ese proyecto que buscaba afianzar el poder de Morena en lo individual, para prescindir de sus partidos aliados – el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) –. Se comentó cómo, incluso antes de su presentación formal, ya tenía el rechazo de ambos partidos satélite pues lo leían, con razón, como su posible acta de defunción política. La pregunta de esa columna fue si estos dos tendrían la conveniencia suficiente para votar en contra del proyecto político del que son parte. Ahora, con la aprobación del “Plan B”, quedó claro que sí la tuvieron; que, incluso, fueron capaces mantenerse enteros en el juego político.
El “Plan B” fue aprobado la madrugada del 9 de abril, la Cámara de Diputados lo avaló con 343 votos y, en menos de 24 horas, 20 congresos estatales lo ratificaron. La velocidad fue tan notable como el contraste entre el proyecto original de la presidenta y lo que quedó en la Constitución.
Para entender la dimensión de lo ocurrido, hay que recordar que proponía el “Plan A”. La propuesta original, presentada el 4 de marzo, planteaba un recorte del 25% del financiamiento público a partidos y al INE; modificaba el mecanismo de asignación de los 200 diputados plurinominales; eliminaba los 32 senadores de representación proporcional; regulaba el uso de inteligencia artificial en campañas y fortalecía la fiscalización bancaria del dinero de partidos con acceso de la Unidad de Inteligencia Financiera en tiempo real.
Sin embargo, terminó por aprobarse una reforma acotada a tres artículos constitucionales – 115, 116 y 134 –, que no modifica la arquitectura del sistema de partidos, no toca su financiamiento y ni tampoco elimina un solo plurinominal. Sus ejes terminan siendo más administrativos: se establece un máximo de 15 regidores en los ayuntamientos; fija el presupuesto de los congresos locales en un máximo de 0.70% del gasto de cada entidad; prohíbe que consejeros y magistrados electorales ganen más que la presidenta; al tiempo que elimina sus pensiones doradas, bonos y seguros médicos privados. Como transitorio, el Senado deberá reducir su presupuesto 15% en los próximos cuatro años.
Los números del recorte a los congresos locales son contundentes en algunos casos. El conjunto de las legislaturas estatales perderá más de 4,300 millones de pesos. Hay algunos que deberán disminuir su presupuesto por casi a la mitad. Por ejemplo, Tlaxcala deberá hacerlo en 58%; Nayarit, 51%; Morelos, 46%; Zacatecas, 45%; Guerrero y Durango, alrededor de 40%. El Congreso de la Ciudad de México, el más caro del país con 2,343 millones anuales, cedería 149 millones. Sin embargo, algunos estados, como Veracruz, ya operan por debajo del 0.70%, de modo que la reforma no les cambia nada. Aunque se trata de un ahorro significativo, en realidad esto no toca a los partidos y queda muy lejos de la transformación prometida con el “Plan A”.
Por su parte, el “Plan B” instala el principio constitucional de que ningún funcionario electoral puede ganar más que la presidenta. Antes de esta reforma, consejeros y magistrados podían acumular, con recursos públicos, seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida, pensiones privadas, seguros de separación individualizados y cajas de ahorro especiales.
La Reforma Electoral se aprueba con estas dos modificaciones principales: reducción de presupuesto a congresos locales y a funcionarios electorales. Mediante ello, destaca hasta donde llegaron los partidos aliados, pues redujeron los privilegios de la burocracia electoral, pero no los propios. El “Plan B” revela el poder del PVEM y PT, pues se aseguraron de que ni sus plurinominales ni su financiamiento apareciera en ningún artículo del dictamen.
