Cualquier viajero que arribe hoy al AICM se enfrenta al caos, desorden, insuficiencia, suciedad y basura tirada por dondequiera, y a la pobre conectividad con la ciudad. La adecuación del AICM es sólo un maquillaje que no resuelve el problema estructural de fondo. Simple y sencillamente, ni el AIFA ni el AICM, juntos, podrán resolver la peligrosa saturación del tráfico aéreo que ya comienza a hacer crisis hacia un colapso. Ya no se trata de lamentarnos de la caprichosa cancelación del proyecto de Texcoco, ni de soportar las falacias de la presidenta Sheinbaum, que la semana pasada nuevamente arremetió que “Texcoco nunca habría sido una buena opción”.
Hay que ver hacia adelante y, más bien, plantearle a la presidenta qué es lo que propone o tiene en mente para evitar el colapso aéreo de la CDMX, porque ni el AIFA ni el AICM tienen la capacidad física para construir más pistas. Se trata de un problema grave ante el cual no sólo el gobierno, sino también el sector privado, han preferido cerrar los ojos y no enfrentarlo con determinación. Es, desde luego, un tema complejo. Un primer paso sería reconocer la gravedad del problema y formar un grupo de análisis mixto, público y privado, para buscar opciones viables con asesoría y consultorías externas (a China, por ejemplo, que ha tenido vasta experiencia en construir numerosos y enormes aeropuertos).
Por la magnitud financiera del proyecto, éste tiene que ser una propuesta público-privada. El otrora esquema de los PIDIREGAS podría tener sentido en un proyecto de esa índole. También la figura de la concesión privada puede ser viable.
Hace un par de meses, el gobierno dio a conocer el “Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030”, que proyecta una inversión de 5.6 billones de pesos, y definió que la inversión se concentrará en ocho sectores prioritarios: energía (54.15%), trenes (15.63%), carreteras (13.94%), puertos (6.48%), salud (6.23 %), agua (2.83%), educación (0.34%) y aeropuertos (0.04%). La inversión aeroportuaria claramente no es prioritaria, pues apenas se proponen 2,200 millones de pesos; obviamente, no incluye un nuevo aeropuerto para la CDMX.
Asimismo, recientemente se aprobó la nueva ley de Fomento a la Inversión en Infraestructura Estratégica. Lo positivo es que integra, en un solo marco, las disposiciones antes dispersas para normar integralmente la inversión en infraestructura. A pesar de algunas omisiones y ordenamientos poco claros, cuando menos pretende plantear un marco coherente con reconocimiento plurianual. Contempla también crear un Consejo de Planeación Estratégica para coordinar proyectos. Ese Consejo debería incluir al sector privado. ¿Qué proyecto más prioritario que un buen aeropuerto nuevo debería considerar ese Consejo?
Urge debatir abiertamente el tema aeroportuario de la CDMX. El sector empresarial y las empresas de aviación deben presionar para que el tema sea una prioridad. No se trata de un proyecto político, sino técnico, de compromiso multianual. Un aeropuerto funcional y moderno es indispensable para detonar el crecimiento económico. Cuando menos, para 2032, debería funcionar un nuevo aeropuerto para evitar el colapso total al cual irremediablemente nos dirigimos si persiste la inacción, tanto del gobierno como del sector privado.
