Baja California, Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas registran los niveles más críticos de estrés hídrico en el país, lo que implica que en esos estados la extracción de agua es mayor a la capacidad de recarga natural, de acuerdo con el Índice de Estrés Hídrico elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
El reporte Inversión Hídrica en México: Desatención presupuestaria y Plan Nacional Hídrico 2024-2030 advierte que esta situación compromete tanto la sostenibilidad productiva como el derecho humano al agua en regiones de alto dinamismo económico, donde la industria y la agricultura dependen del recurso.
El gobierno federal elevó el agua a rango de seguridad nacional mediante el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, derivado del Plan México y del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, con ello el acceso del recurso es una prioridad de Estado, sin embargo, el sistema hídrico mexicano enfrenta las consecuencias de una década de desinversión que redujo la capacidad operativa de la infraestructura nacional, señala el CIEP.
Entre el 2013 y el 2020 el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) cayó de 0.26% del Producto Interno Bruto (PIB) a 0.12 por ciento. La inversión total pasó de 32,510 millones de pesos en el 2013 a 15,390 millones en el 2020.
El CIEP califica el fenómeno como desinversión porque el flujo de recursos para la creación y mantenimiento pasó de 73.6% del presupuesto de la dependencia en el 2013 a 53.4% en el 2020.
Desigualdad
México atraviesa una crisis hídrica con una distribución desigual, donde la disponibilidad natural del agua no coincide con los polos de demanda urbana, industrial y agrícola, el 13.7% de las cuencas del país, presentan problemas graves de disponibilidad.
La inversión en infraestructura debe responder a necesidades heterogéneas en el territorio; por ejemplo, en el sureste se requiere fortalecer el saneamiento y la protección contra inundaciones, mientras que en el centro y norte, donde existe sobreexplotación en 114 acuíferos, el gasto público debe priorizar la tecnificación del uso del agua y la recuperación de caudales para evitar el agotamiento de reservas subterráneas que sostienen la actividad económica regional.
La caída del presupuesto además de impedir la construcción de nueva infraestructura afectó la operatividad del sistema actual, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información de Conagua en el 2023 se registró que hasta 50% del agua se pierde por fugas en los sistemas de captación y distribución.
Inversiones
El Plan Nacional Hídrico 2024-2030 contempla una inversión total de 186,567 millones de pesos para el sexenio y los recursos se distribuyen en 37 proyectos estratégicos distribuidos en diversas regiones del país, cada uno con objetivos específicos según las necesidades hídricas locales.
Para la Zona Metropolitana del Valle de México, el Plan Integral ZMVM recibirá 51,251 millones de pesos para recuperar 16,000 litros por segundo para reducir la brecha de exclusión hídrica en la región de mayor densidad poblacional del país, el costo por litro recuperado es de 3.2 millones de pesos, el más eficiente entre las obras prioritarias.
En el Bajío, el Acueducto Solís-León contempla una inversión de 15,000 millones de pesos para recuperar 3,800 litros por segundo en Guanajuato, con un costo de 3.94 millones de pesos por litro, con una estrategia para garantizar el suministro en una región con alta demanda industrial y agrícola.
Para Zacatecas, la Presa Milpillas recibirá 9,000 millones de pesos con el objetivo de recuperar 1,300 litros por segundo, que presenta el costo más alto por litro recuperado, con 6.92 millones de pesos.
Además de una inversión de 36,148 millones de pesos para la tecnificación de 240,000 hectáreas de riego. La recuperación de caudales en el sector agrícola representa el mecanismo más rentable para liberar agua hacia el consumo humano.
Evaluación
El éxito del Plan Nacional Hídrico no debe evaluarse por el ejercicio del gasto, sino por su capacidad para incidir en indicadores de bienestar social y eficiencia técnica, “posiblemente Conagua debe incorporar a los indicadores de obra terminada los de impacto real”.
“La verdadera transición hídrica ocurrirá cuando se garantice el derecho al agua a las y los millones de mexicanos que aún esperan contar con este servicio de manera constante y segura en sus hogares”, concluye el informe.
