La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum se estrelló en los vetos impuestos por sus partidos aliados, el PT y el PVEM, que no han cedido ante la exhibición pública y el amago de que serán castigados en las urnas por no apoyar la disminución de 25% al financiamiento público de los partidos políticos ni la supresión de las senadurías pluris ni el complejo mecanismo propuesto para elegir las 200 diputaciones de representación proporcional.
Los elementos del entorno indican que la iniciativa será frenada por partidos de la coalición gobernante que advierten riesgos de regresar al sistema de partido único y de que Morena avasalle a los demás partidos utilizando sus amplias mayorías. Al margen de las afectaciones a la democracia mexicana, el PT y el PVEM saben que habría disminución a los recursos que reciben y que se anularían espacios de representación, lo que tampoco les conviene. Al no lograr la reforma constitucional, el oficialismo se ha encargado de anunciar el regreso del plan B, que centraría los ajustes en leyes secundarias, a imagen y semejanza de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador en el sexenio pasado.
De los cambios posibles que el plan B podría concretar, el que mayor alarma genera está en la idea expresada por Pablo Gómez en la mañanera del 25 de febrero, consistente en que la estructura permanente desconcentrada del INE podría convertirse en un conjunto de órganos técnicos temporales. Se trata de las juntas locales y distritales que el INE tiene, conforme con la ley, en las capitales de las entidades federativas y en las cabeceras de los 300 distritos electorales, integradas por personal del Servicio Profesional Electoral.
Dicho servicio se instaló formalmente desde junio de 1993 con el objetivo de tener un aparato estrictamente técnico para realizar todas las actividades de las elecciones, con funcionarios capacitados y especializados en tareas específicas, desvinculados de los partidos para garantizar, por un lado, eficacia operativa y, por el otro, un comportamiento imparcial e independiente frente a los partidos. Al cumplir ese propósito, el INE ha generado un modelo organizacional que le ha permitido lograr el reconocimiento de la sociedad y de múltiples instituciones internacionales. Si la permanencia y la profesionalización acreditan resultados satisfactorios, ¿por qué insistir en destruir avances para regresar a un modelo de órganos temporales e improvisados?
El plan B no podría resolver la aspiración de la presidenta de disminuir los recursos partidarios ni modificar la fórmula de integración de las cámaras, pero tampoco cambiar la fecha de las elecciones judiciales que, de no atenderse en una reforma constitucional por separado, dejaría un tremendo problema operativo al INE para 2027, cuando se elegirán 17 gubernaturas, Congresos en 31 entidades, ayuntamientos en 30 estados y las diputaciones federales. Será, entonces, que quieren mantener dos grupos separados de casillas como en Durango y Veracruz en 2025 y reutilizar los famosos acordeones ya legalizados por el tribunal electoral.
Viene para Morena una etapa de definiciones y de intentar cerrar las heridas abiertas de sus aliados políticos exhibidos por la presidenta ante la negativa de acompañar su propuesta, pero también por diversas voces de sus legisladores que les han dicho que podrían perder hasta el registro. Llegó el momento de saber si avanzarán con el plan B, los alcances que le quieren dar y cómo se comportará la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación si tuviera que resolver impugnaciones en la materia.
