Llevamos 11 días desde que inició la guerra de EU e Israel contra Irán y, a pesar del éxito militar inicial, ya se vislumbran sus consecuencias geopolíticas, económicas y financieras. Entre el domingo y el lunes, el precio del barril de petróleo se disparó y luego cayó estrepitosamente en menos de 12 horas. Desde entonces, cada noticia genera volatilidad en el crudo, que repercute casi de inmediato en los mercados globales. Todo indica que estos tiempos de volatilidad continuarán y que probablemente veremos un incremento sostenido —aunque no catastrófico— en los precios de los energéticos.
¿Qué significa esto para México?
El efecto más importante es fiscal. Un aumento en el precio del crudo lleva inevitablemente a un mayor costo de las gasolinas. Aquí no importa quién la produzca: somos tomadores de precio. Ya sea que Pemex refine en Texas —gracias, AMLO por terminar el proyecto de Salinas de comprar Deer Park—, en México o la compramos a refinadores del Golfo de México, el costo final lo determina el mercado; “regalar” la gasolina implicaría un costo de oportunidad.
Al subir el valor del crudo, el gobierno mexicano recibe mayor renta petrolera, pero o aumenta el precio de la gasolina o baja la recaudación del IEPS. Vale recordar que este impuesto representó 0.9% del PIB en 2025 y 6% de los ingresos tributarios. Si sube el crudo, para que no suba la gasolina —que puede tener un costo político enorme, si no que le pregunten a EPN— se tendrían que reducir los ingresos del IEPS. Ese será un cálculo político-económico que tendrá que definir la presidenta. No hay salidas fáciles.
Pero hay otro tema que quizá no recibe tanta atención: el gas natural. Durante los últimos 15 años México ha sido bendecido con acceso a gas natural abundante y barato por dos razones: primero, el boom del shale gas en Texas y el sur de EU; segundo, la red nacional de gasoductos construida durante la llamada “larga pesadilla neoliberal”. Ese acceso al mejor gas del mundo ha permitido energía barata y eficiente —principalmente mediante plantas de ciclo combinado— pese a los intentos de desaparecer la participación privada. También ha facilitado que la industria se desarrolle a lo largo de los corredores de los gasoductos. Hoy, cerca de 40% de la capacidad instalada y 60% de la generación provienen de ciclos combinados. Además, un análisis geoespacial de México muestra que la inversión en manufactura en la última década corresponde con la red nacional de gasoductos.
Si el conflicto dura varias semanas más, podríamos ver un aumento en el precio del gas natural. Catar e Irán son grandes productores que abastecían principalmente a Asia. Aunque los mercados de gas son regionales por los costos de transporte, entra en juego el costo de oportunidad: los productores de Texas pueden licuar su gas (LNG) y exportarlo a precios más altos, lo que también elevaría el precio del gas en México. Más allá de los efectos inflacionarios, subiría el costo de generación eléctrica, aumentaría el gasto fiscal en subsidios a tarifas domésticas (85,000 millones de pesos el año pasado), afectaría la competitividad de las empresas al aumentar su costo energético y reduciría el atractivo de México como destino de nuevas inversiones.
En México nos gusta pensar que lo que pasa en el mundo no nos afecta y, desde hace 10 años, ponemos todo en el lente de 4T versus anti-4T. Pero eso es una ilusión: claro que nos afecta, y la vida es un poco más complicada que lo que hayan hecho o dejado de hacer los últimos dos gobiernos.
