La reforma electoral ha quedado, como decían antes, en agua de borrajas o,como diría un famoso conductor de televisión, en un tirititito. Las modificaciones constitucionales alteran el pacto federal y dañan la operación, a cambio de unos centavos que ni siquiera se notarán en el presupuesto del gobierno. Ni siquiera los aliados de Morena estuvieron de acuerdo en mover la revocación de mandato para hacerla coincidir con la elección intermedia. De lo que antes se discutía acerca de los plurinominales, no quedó nada.
Desafortunadamente, evitar los daños adicionales no mejora la situación de la democracia en México, ya perdida según los evaluadores internacionales. Con menos dinero y con las instituciones capturadas, las elecciones serán todavía menos equitativas, impidiendo su función de resolver pacíficamente las diferencias entre grupos, como ya hemos mencionado antes.
En pocos días, saldrán tres consejeros del INE que fueron el último dique frente al autoritarismo. En alianza ocasional con uno o dos de sus compañeros, dieron la batalla, infructuosamente la mayor parte de las veces. Sin ellos, el instituto quedará prácticamente controlado por el grupo que hoy está en el poder.
Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera terminan su periodo como consejeros del INE dentro de una semana. Los tres, insisto, actuaron con lealtad a la institución a la que fueron convocados, aunque esta empezara a desmoronarse poco después. Supongo que su desempeño no habrá sido perfecto, porque nunca lo es, pero estoy convencido de que les debemos agradecer esa lealtad, que muchos otros no mostraron, en el INE, en el Tribunal y en prácticamente todas las esferas de la vida pública del país. Porque el derrumbe de la democracia no ocurrió en el vacío: fue auxiliado por centenares de personas que decidieron traicionar a cambio de un poco de poder, unas monedas o simplemente por cobardía, que es tan frecuente en México.
Como hemos demostrado varias veces, la elección de 2024 ya no fue democrática, en tanto una de las participantes recibió apoyo directo del gobierno federal, que además puso en riesgo las finanzas públicas para crear la ilusión de una economía exitosa. Esta ilusión costó cuatro billones de pesos; el apoyo directo no es fácil de cuantificar. Después de ello, se llevó a cabo un golpe de Estado, con el apoyo de tres magistrados electorales, otorgando a la coalición en el poder una mayoría calificada que no ganó en las urnas. Con base en esa mayoría, se destruyeron los órganos autónomos y el Poder Judicial, concentrando el poder en la presidencia y anulando a la oposición. Estoy convencido de que, debido a ello, todas las decisiones del actual Congreso son ilegales o, más exactamente, inexistentes.
En consecuencia, nos encontramos en un vacío institucional. La Constitución y las leyes están siendo modificadas por un grupo que no tiene derecho a ello, pero que busca mantenerse en el poder mediante esas modificaciones. Este razonamiento circular implica que todo depende de posiciones políticas cuyos cimientos están en arenas movedizas. El impacto en la población es cada día más notorio, a través de conflictos legales irresueltos, decisiones arbitrarias e infraestructura derruida, que al sumarse a una economía estancada con inflación creciente, dan lugar a la voluntad de cambiar de gobiernos, locales y federal. Impedir que esa voluntad se cumpla pondrá a las instituciones a prueba, instituciones que ya son cascarones.
Con las finanzas públicas en crisis y las Fuerzas Armadas debilitadas en actividades empresariales, el poder cuelga sólo de la legitimidad, que han destruido creyendo que basta con ocupar el puesto. Como también ya hemos comentado, mi gran preocupación es el derrumbe, porque a nivel local se han enquistado grupos en la zona borrosa de la informalidad, la movilización social y el crimen organizado. La desintegración es ya una posibilidad.
