La semana pasada, Oxfam México presentó un estudio que no puede pasar desapercibido. Al contrario, debe detonar una conversación amplia, transparente y plural y, ante todo, propositiva, sobre cómo atajar los graves retos sociales y económicos que aborda.
El estudio —coordinado con mucho acierto por Gerardo Esquivel— se titula Oligarquía o Democracia. Nueve propuestas contra la acumulación extrema del poder en México. No es nuevo que Oxfam traiga a la mesa del debate nacional el tema de la desigualdad. En 2015, también coordinado por Esquivel, publicó un primer reporte sobre la enorme desigualdad económica que reina en México.
A una década de ese primer estudio, las cosas en el país no han mejorado. Es peor: la desigualdad se ha agudizado. Lo anterior no quiere decir que no haya avances en la disminución de la pobreza; sin embargo, el 1% más rico del país sigue haciéndose más rico. México es un ejemplo grave de que las fortunas de los ricos crecen más rápido que la economía.
“El 1% de la población —apenas 1.3 millones de personas— recibe el 35% del ingreso total y posee 40% de la riqueza privada nacional. Esta concentración extrema convive con 18.8 millones de personas sin acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, 38.5 millones con carencias sociales o ingresos por debajo de la línea de bienestar y 21 millones de mujeres que dedican al menos una jornada completa al trabajo de cuidados no remunerado”. Más grave aún, 22,000 millonarios tienen una fortuna conjunta de 219,000 millones de dólares, y dos de ellos, Slim y Larrea, concentran el 70% de toda esta riqueza. ¿Cómo puede generar tanta riqueza una economía con tanta pobreza?
En este estudio de 2026, Oxfam nos ofrece una reflexión importante: democracia y economía no son esferas separadas; democracia y desigualdad tampoco lo son. Señala Oxfam: el poder económico se convierte inevitablemente en poder político. La solución, sin embargo, no es confrontativa.
Claramente, el mercado nacional es enorme, y aunque sólo participe consumiendo la mitad de la población, eso ha dado para generar fortunas inmensas. Lo anterior también es señal de la acertada conducción de los ejecutivos de estas compañías y del talento de su capital humano: hoy muchas son empresas globales.
Es decir, no se trata de inhibir el crecimiento del sector privado mexicano. Al contrario: se trata de apuntalarlo. Es un orgullo ver que compañías de México son líderes mundiales en sectores clave de la economía mundial.
Oxfam sugiere apostar por la democracia económica, en la cual el Estado desempeña con claridad, transparencia y eficiencia su papel como garante de derechos e impulsor de igualdad. En una pobre tutela efectiva de los derechos humanos de los ciudadanos empieza muchas veces la espiral de pobreza, vulnerabilidad e incluso de miseria. Para ello, se requiere siempre proteger el gobierno de los ciudadanos, no el de las oligarquías.
Oxfam hace nueve propuestas concretas para la movilización democrática de la inversión, que lleve a cerrar la brecha y disminuir la injusticia social que vemos todos los días en la calle. Me gustaría destacar tres: incrementar la inversión en infraestructura social para una economía de cuidados, reasignar el subsidio a la electricidad para que sea más progresivo, y aplicar impuestos progresivos al transporte privado y de lujo para financiar infraestructura pública y sustentable de transporte masivo.
Las tres están íntimamente relacionadas con un problema de la bajísima calidad de vida que se padece en todas las grandes ciudades del mundo y que en las ciudades mexicanas parece agudizarse; las personas más desfavorecidas dedican horas para transportarse del hogar al trabajo, gastan un porcentaje muy importante de sus ingresos en servicios básicos como agua y electricidad, y destinan (sobre todo las mujeres) horas no remuneradas y no equitativas en labores de cuidado. Las tres cosas son altamente injustas, y el contraste con el bienestar de los segmentos afluentes de nuestra sociedad es inmenso.
A las propuestas de Oxfam yo añadiría una idea adicional, ya que el reto de llevar recursos financieros a estas acciones es mayúsculo, y tenemos finanzas públicas frágiles: urge que el sector público y privado encuentren mecanismos innovadores, más eficientes y ágiles para invertir juntos en prioridades de justicia social que se traduzcan en mayores niveles de bienestar y calidad de vida. La inversión debe ser conjunta porque los beneficios son mutuos: como también apunta Oxfam con tanto acierto, la desigualdad económica socava la actividad económica y el potencial de reducir la pobreza. Está, entonces, en el interés de todos que el debate que propone Oxfam sea no sólo una reflexión histórica, sino una agenda seria, comprometida y responsable para el futuro inmediato.
