Según dijo la presidenta: “México tiene las elecciones más caras del mundo”.
La frase es potente. Indigna. Moviliza. Y, políticamente, funciona. Porque nadie quiere que su dinero se desperdicie. Nadie quiere burocracias infladas ni estructuras onerosas.
Pero el debate no es contable. Es económico.
No se trata de cuánto cuesta organizar una elección. Se trata de cuánto vale la certeza que produce.
México no es un país pequeño que organiza comicios para un millón de personas. Somos más de 130 millones de habitantes. Cerca de 100 millones con derecho a votar. Con 32 entidades federativas, miles de municipios, distritos electorales, representación proporcional, fiscalización financiera, voto en el extranjero y ahora incluso herramientas digitales.
Organizar elecciones en esa escala no es barato. Y ojo: tampoco debería serlo. Porque lo que se financia no es un evento cualquiera: no es una fiesta ni una reunión para debatir ideas. Es estabilidad institucional.
Desde la teoría económica más elemental, las instituciones sólidas reducen incertidumbre. Y reducir incertidumbre es condición necesaria para la inversión. Sin reglas claras y árbitros fuertes no hay acumulación sostenida de capital. Sin contrapesos no hay previsibilidad. Sin previsibilidad no hay crecimiento de largo plazo.
Cuando se propone reducir en 25% el costo del sistema electoral bajo la bandera de austeridad, el debate se amarra a una palabra que en economía pesa mucho: “ahorrar”. Y aquí viene el punto incómodo: el gobierno no está para ahorrar como si fuera empresa; está para gastar con propósito. Si “ahorrar” significa dejar de gastar hoy para gastar mañana, entonces la pregunta clave es cuándo es “mañana” y, sobre todo, en qué se pretende gastar lo que hoy se recorta. Si eso no está claro, la discusión deja de ser cuánto se ahorra y se vuelve más seria: qué capacidad institucional se está debilitando, y de dónde se van a quitar recursos.
Se habla de mayor fiscalización, de prohibir aportaciones en efectivo, de usar tecnología para supervisar mejor el financiamiento político. Todo suena impecable. Pero fiscalizar cuesta. Supervisar cuesta. Investigar cuesta. Sancionar cuesta. No se puede fortalecer vigilancia mientras se reduce músculo operativo sin generar una contradicción estructural.
Y luego está el financiamiento a los partidos. A la ciudadanía le molesta —con razón— ver recursos públicos destinados a campañas, porque se percibe —muchas veces con razón— que una parte termina mal usada. Pero ese financiamiento no es un regalo; es un mecanismo para evitar capturas privadas.
Si los partidos no reciben recursos suficientes para competir, el incentivo no desaparece: se desplaza. Buscarán dinero por fuera. Y cuando el dinero llega por vías paralelas, llega con compromisos.
Eso no solo compromete candidaturas. Compromete decisiones futuras en política energética, regulatoria, fiscal o de infraestructura. En términos económicos eso se traduce en riesgo institucional.
Y el riesgo institucional se traduce en mayor prima de riesgo país. Mayor costo de financiamiento. Menor inversión productiva. Menor crecimiento potencial. Hablar de elecciones como si fueran un gasto superfluo es no entender que son parte del andamiaje que sostiene el desarrollo económico.
El desarrollo no es únicamente PIB. Es calidad de vida sostenida, empleo formal, crédito accesible, innovación y movilidad social. Y todo eso descansa sobre confianza en las reglas del juego.
Si el árbitro se debilita, los incentivos para violar reglas aumentan. Si la probabilidad de sanción disminuye, el cálculo racional cambia. Y cuando cambian los incentivos, cambia el comportamiento.
Eso no es ideología. Es economía.
Un país que transmite que su sistema electoral puede abaratarse sin consecuencias transmite fragilidad institucional. Y la fragilidad institucional espanta inversión.
La democracia es cara por naturaleza. Y más en sociedades grandes y complejas. Pero lo verdaderamente caro es erosionar su confiabilidad.
No se trata de gastar sin control. Se trata de entender que el gasto electoral es una inversión en estabilidad futura.
Porque cuando la confianza institucional se erosiona, el costo no se ve el día de la elección. Se ve en menos inversión, menos crecimiento y menos oportunidades. Y sin crecimiento sostenido no hay desarrollo económico posible.
Podemos celebrar el ahorro inmediato. Podemos presumir cifras más bajas en el presupuesto electoral. Pero si al hacerlo debilitamos la certeza institucional, el efecto será el contrario al prometido: menor inversión, menor crecimiento y menos desarrollo.
La democracia no es cara.
Lo caro es perder la confianza en ella.
De esta forma, seguimos viviendo entre cifras que brillan… y bolsillos que no alcanzan.
*El autor es académico de la Escuela de Gobierno y Economía y de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, consultor experto en temas económicos, financieros y de gobierno, director general y fundador del sitio El Comentario del Día y conductor titular del programa de análisis: Voces Universitarias.
