Durante las últimas décadas, el orden comercial internacional se sustentó en la idea de que la apertura, la integración global y la especialización productiva permitían maximizar la eficiencia y generar beneficios compartidos. Ese consenso, articulado en torno a la liberalización de los años noventa y a acuerdos como la OMC y el NAFTA, se ha erosionado frente al regreso de la política industrial, la rivalidad creciente entre Estados Unidos y China y las vulnerabilidades expuestas en las cadenas globales de suministro.
La administración de Donald Trump cristalizó una narrativa según la cual el sistema de comercio “hiperglobalizado” benefició a países con políticas industriales agresivas y prácticas consideradas desleales, antes Japón y Corea, ahora China, en detrimento del empleo manufacturero y de las capacidades industriales de Estados Unidos. Desde esta perspectiva, los déficits comerciales persistentes no son solo un fenómeno macroeconómico, sino una transferencia sostenida de capacidad productiva hacia el resto del mundo, facilitada por la apertura unilateral estadounidense frente a socios que mantuvieron subsidios, barreras no arancelarias y estrategias industriales activas. El nuevo marco conceptual queda claro en los distintos artículos y libros de Robert E. Lighthizer, quien ha sido uno de sus principales ideólogos y quien advierte de la necesidad de Estados Unidos de fortalecer a la economía mexicana.
La respuesta propuesta consiste en sustituir el ideal de “libre comercio” por una versión propia de “comercio justo”, donde el objetivo no es únicamente la eficiencia global, sino reducir déficits, proteger empleos manufactureros y reconstruir sectores estratégicos. En este marco, los aranceles dejan de ser instrumentos excepcionales para convertirse en herramientas permanentes de política económica y geopolítica, con el propósito de relocalizar inversiones, reducir dependencias en sectores críticos y reorganizar el comercio alrededor de bloques de aliados “confiables”.
Este giro tiene implicaciones directas para México. Por un lado, persiste en Estados Unidos la percepción, equivocada, de que el tratado con México facilitó el desplazamiento de empleos hacia un vecino con menores costos laborales, minimizando tanto las ganancias de competitividad de las propias empresas estadounidenses como la relevancia del mercado mexicano para sectores clave, particularmente el agrícola. Por otro lado, la integración manufacturera acumulada durante décadas, la cercanía geográfica y la necesidad de reducir dependencias asiáticas convierten a México en pieza central de cualquier estrategia seria de reorganización industrial en América del Norte.
En este contexto, el reto para México no se limita a preservar el modelo anterior basado en ventajas de costos. La prioridad estratégica es utilizar la reorganización de las cadenas de valor para escalar hacia actividades de mayor complejidad tecnológica, incrementar el contenido regional y nacional, y consolidar una integración que fortalezca la competitividad de América del Norte frente a Asia. Ello demanda una política industrial propia orientada a sectores como materiales críticos, electrónica, farmacéutica, semiconductores y servicios avanzados, apoyada en inversión en infraestructura, energía, capital humano y capacidades tecnológicas. Solo así el nuevo orden comercial, basado en consideraciones de seguridad económica y geopolítica, podrá traducirse en una verdadera transformación productiva para México, y no únicamente en un reajuste defensivo ante los cambios en Washington.
