En memoria de Alfonso Sánchez Anaya.
Es común escuchar hoy en día los problemas presupuestarios de los ayuntamientos en México.
Nuestros más de 2,500 municipios, algunos con características muy diferentes entre sí, incluyen los casos del sur del país, particularmente en Oaxaca, con una gran cantidad de ellos por usos y costumbres, que reciben recursos presupuestarios, pero no siempre suficientes para sus necesidades.
Hace tiempo, desde el Colegio Nacional de Economistas, intentamos apoyar un diálogo relevante con las autoridades municipales, e inclusive con secretarios de finanzas y gobernadores.
Es común escuchar de la coexistencia de varios Méxicos, lo cual implica la conformación de una nueva arquitectura federación-estados-municipios, con confianza, credibilidad y versatilidad.
Tal situación compromete a servidores públicos, legisladores, académicos e investigadores a avanzar en la municipalización y revisar su incidencia en el federalismo del país.
Hoy más que nunca están dadas las condiciones para el rediseño del federalismo, la normalización de la alternancia política, el creciente pluralismo regional, la madurez en las relaciones intergubernamentales, la demanda de mayor participación ciudadana y la rendición de cuentas; es ineludible.
Para ello es necesario garantizar autonomía y viabilidad financiera a los ayuntamientos, profundizar la descentralización administrativa y convertir a estados y municipios en agentes de desarrollo social y crecimiento económico, redistribuyendo facultades y recursos entre los tres órdenes de gobierno.
En muchos estados, particularmente Guerrero con el gobernador Torreblanca, se hicieron proyectos para que los municipios más relevantes se agruparan con programas propios con el apoyo del gobierno estatal.
En Oaxaca, mi estado, promovimos esto a sabiendas de que 570 municipios son una demasía. Con el apoyo del Estado lo recorrimos para impulsar la coordinación entre ayuntamientos y gobierno estatal, así como el acceso a recursos fiscales y federales. La clave era visitarlos a todos.
Hablábamos entonces de una reforma hacendaria que terminase con la centralización tributaria extrema de la Federación, y que cada orden de gobierno tuviera los incentivos correctos para el desarrollo integral, sin la dependencia exagerada de las transferencias federales.
En Guerrero se creó un fondo financiero común, entre un gran número de municipios, para acceder a créditos respaldados por el colectivo.
Una anécdota. Siendo funcionario de Hacienda, llegó a mi oficina un grupo de guerrerenses reclamando recursos que “un gobernador no les había pagado”.
Les expliqué que eso ya estaba pagado, que el deudor era Rubén Figueroa, exgobernador por el PRI, y que el vigente, Zeferino Torreblanca, estaba al corriente y promoviendo el fondo colectivo. Contestaron que no reclamaron antes porque aquel era de su partido y este de la oposición. Se les explicó que eso era una falacia y que debían aplicar con honestidad los recursos.
Los presidentes municipales tienen periodos de tres años, salvo en usos y costumbres de Oaxaca, donde el presidente interino duraba un año porque generalmente no recibía sueldo.
Pienso que la única manera de que la descentralización se fortalezca es la democratización de todas las instancias de decisión y ejecución. De nada sirve repartir recursos si quienes los reciben los usan para mantener viejos privilegios.
Fui secretario de Finanzas de 1986 hasta el cambio de siglo en Oaxaca, y logramos recursos suficientes para el cierre del gobierno y entregar a la administración entrante recursos suficientes para empezar de manera correcta.
Queda la pregunta: ¿verdaderamente mayores recursos y mayor descentralización de facultades producen mejores resultados, o ese avance se traduce más en ganancias políticas o personales que en utilidades sociales para la gente?
