La soberanía mexicana tiene una curiosa dirección: se vuelve doctrina cuando Estados Unidos mira al poder y expediente cuando debe proteger a los ciudadanos.
Cuando Washington acusó a Rubén Rocha Moya y a integrantes de su entorno político de proteger al crimen organizado, el gobierno respondió con la palabra que ha ordenado buena parte de su relación con Donald Trump.
Exigió pruebas, rechazó injerencias y recordó que ninguna autoridad extranjera puede decidir por las instituciones mexicanas.
La defensa era jurídicamente correcta. Ningún señalamiento exterior puede sustituir el debido proceso. Pero la intensidad del argumento obliga a mirar qué ocurre cuando la soberanía debe operar en sentido contrario.
Desde mayo de 2025 han muerto al menos 18 mexicanos bajo custodia de ICE o en hechos relacionados con sus operativos.
Durante meses, cada caso produjo una reacción semejante: solicitud de información, asistencia consular, exigencia de investigación y una nueva nota diplomática. Cambiaban los nombres. La respuesta volvía a empezar.
Después de la muerte número 17, México anunció que las notas ya no bastaban. Presentó 20 denuncias penales: ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado, en ocho entidades estadounidenses.
La FGR remitió otro recurso al Departamento de Justicia y la Cancillería acudió al alto comisionado de Naciones Unidas.
La estrategia era necesaria, pero su cronología abre una pregunta. La muerte número 17 no reveló algo que las anteriores no hubieran mostrado. México ya había hablado de atención médica deficiente, falta de información y fallas sistemáticas en centros privados.
Tampoco cambió la respuesta estadounidense. Washington devolvió las cartas dirigidas a instalaciones de detención y alegó que México pretendía intervenir en asuntos de su territorio soberano.
Entonces, ¿qué cambió?
Quizá el gobierno entendió finalmente que cada muerte debía acumular consecuencias. Pero quizá también comprendió que seguir respondiendo igual comenzaba a poner en riesgo algo más que la memoria de los migrantes: la credibilidad de una política exterior que ha colocado la soberanía en el centro de su narrativa.
Porque la soberanía parecía tener una eficacia distinta según la persona que necesitara protección.
Cuando Estados Unidos señaló a un gobernador y a parte de su estructura política, la palabra desató defensas presidenciales, comparecencias y una discusión nacional sobre los límites de Washington. Cuando murieron mexicanos sin poder, la soberanía se tradujo durante meses en trámites consulares y solicitudes de respuesta.
No es que México no haya hecho nada. Es que hizo durante demasiado tiempo casi lo mismo, aun cuando el resultado seguía siendo el mismo.
Las 20 denuncias intentan corregir esa insuficiencia. Sin embargo, su futuro depende de que las propias instituciones estadounidenses acepten investigar: que las fiscalías abran expedientes, que el Departamento de Justicia actúe y que los tribunales permitan avanzar. México controla poco de ese recorrido. Lo que sí controla es el peso político que concede al reclamo.
Por eso importa la publicación de Roberto Velasco con Marco Rubio durante la final del Mundial. El error no fue saludarlo ni mantener la interlocución. Un canciller debe hacerlo. El error fue olvidar, al convertir el encuentro en una celebración pública de la cooperación, que no estaba ahí como aficionado.
Representaba al Estado que acababa de denunciar 17 muertes y al que Estados Unidos acababa de responder invocando su propia soberanía.
La fotografía no anuló los expedientes. Confirmó que podían quedar aislados de la relación política.
ANTES DEL FIN
Si las muertes no cambiaron la actuación de ICE, si las notas no cambiaron la respuesta de Washington y si las denuncias no debían cambiar la relación bilateral, queda una pregunta inevitable: ¿qué estaba salvando realmente el cambio de estrategia?
Tal vez justicia para los muertos. Tal vez también la narrativa de un gobierno que no podía seguir hablando de cooperación sin subordinación mientras comprobaba que su soberanía alcanzaba para defender al poder, pero no para obtener respuestas por sus ciudadanos.
Una soberanía que protege primero a quienes gobiernan y sólo después a quienes representa no está defendiendo a la nación.
Está defendiendo al aparato.
