La pregunta ya no sólo se escucha en los pasillos de San Lázaro o en los cafés donde se cocina la política nacional. También comienza a instalarse en las mesas de análisis, en las dirigencias partidistas y, lo más importante, entre quienes observan con atención el rumbo de las elecciones intermedias de 2027: ¿podrá Morena refrendar la mayoría legislativa y conservar su hegemonía territorial sin el respaldo que, según la oposición, recibió del crimen organizado en diversas regiones del país durante los últimos procesos electorales?
El cuestionamiento adquiere una nueva dimensión a partir de la sentencia de cadena perpetua contra Ismael El Mayo Zambada y de la ofensiva emprendida por las agencias de seguridad estadounidenses.
La DEA y el Departamento de Justicia han dejado claro que la captura y condena de los grandes capos no representa el punto final de la estrategia, sino apenas el comienzo de una nueva etapa orientada a identificar y procesar a quienes, desde el poder político, financiero o institucional, facilitaron durante décadas las operaciones del narcotráfico.
No es casualidad que desde Washington se insista en que la investigación apenas comienza.
Ese mensaje explica el nerviosismo que se percibe en distintos círculos políticos mexicanos.
La oposición ha encontrado en este escenario un poderoso argumento para sostener una narrativa que viene construyendo desde hace varios años: que en diversas entidades federativas el crimen organizado intervino para favorecer electoralmente a candidatos de Morena.
El caso que con mayor frecuencia citan PAN, PRI y Movimiento Ciudadano es Sinaloa.
Desde la elección que llevó a Rubén Rocha Moya a la gubernatura, los partidos opositores denunciaron públicamente que grupos vinculados al Cártel de Sinaloa habrían ejercido presión territorial, inhibido el voto en determinadas regiones y favorecido al entonces candidato morenista.
Aquellos señalamientos nunca fueron suficientes para que las autoridades electorales anularan la elección ni derivaron en una resolución judicial que acreditara tales hechos. Sin embargo, tampoco desaparecieron del debate público y hoy cobran nueva fuerza conforme avanzan las investigaciones estadounidenses.
Las mismas acusaciones fueron formuladas por la oposición respecto de procesos electorales en Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Tamaulipas y otras entidades donde, aseguran, organizaciones criminales intimidaron candidatos, condicionaron campañas o ejercieron control territorial durante las jornadas electorales.
No son afirmaciones menores.
México ha documentado durante los últimos años uno de los periodos de mayor violencia política de su historia reciente. Decenas de candidatos fueron asesinados, cientos denunciaron amenazas y múltiples municipios celebraron elecciones bajo un clima de intimidación que organismos especializados han venido registrando sistemáticamente.
Ese contexto obliga a formular una pregunta incómoda: ¿qué ocurrirá si las investigaciones que hoy desarrolla el gobierno de Estados Unidos alcanzan a personajes de la vida pública mexicana?
Porque la estrategia estadounidense no ha cambiado en absoluto.
Ya no se trata únicamente de encarcelar a los grandes narcotraficantes.
Ahora el objetivo consiste en terminar con las redes de protección política, financiera e institucional que permitieron a organizaciones como el Cártel de Sinaloa o el CJNG operar durante décadas prácticamente con absoluta impunidad.
Paradójicamente, las primeras señales de preocupación ya provienen del propio oficialismo.
El coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, ha reconocido públicamente que será extremadamente difícil repetir la votación histórica obtenida en 2024. Gobernar desgasta. Las expectativas ciudadanas son mayores y el bono democrático que acompañó la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia ya forma parte del pasado.
Aunque Monreal atribuye esa dificultad al desgaste natural del ejercicio del poder, es evidente que existen factores adicionales que pesan sobre el movimiento.
La narrativa de los llamados “narcopolíticos”, impulsada desde Estados Unidos y amplificada por la oposición mexicana, ha comenzado a erosionar la imagen de Morena. A ello se suman los cuestionamientos sobre el desempeño de varios gobiernos estatales emanados del partido oficial.
En entidades gobernadas por Morena persisten graves problemas de inseguridad, crecimiento económico insuficiente, deficiencias en los servicios de salud, rezagos en infraestructura y conflictos políticos que han deteriorado la percepción ciudadana. Gobernar ya no representa únicamente una ventaja electoral; también significa asumir el costo de los resultados.
Las elecciones intermedias de 2027 serán, en consecuencia, el primer gran examen para Morena sin el efecto arrastre de una elección presidencial.
Será una elección donde cada gobernador, cada alcalde y cada legislador tendrá que responder por sus propios resultados.
También será la primera contienda en la que podrían coexistir investigaciones internacionales sobre presuntas redes de protección política al narcotráfico con campañas electorales en pleno desarrollo.
Si esas investigaciones derivan en procesos judiciales contra exfuncionarios, gobernadores, legisladores o dirigentes partidistas, el impacto político será inevitable.
La pregunta se mantiene: ¿podrá el oficialismo ganar las elecciones sin el apoyo de los criminales?
