Desde el inicio del trumpismo estaba claro. La política arancelaria y proteccionista sería palanca para alcanzar objetivos múltiples, no sólo comerciales. No había ningún secreto. Por lo mismo, se requería de una estrategia eficaz si no para contener, sí para atemperar lo sucedido el miércoles pasado y ésta no era responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Economía, sino del gobierno en su conjunto.
Ahora, el doble juego de la administración estadounidense ante el T-MEC –no renovarlo, pero tampoco desecharlo– posibilita a Trump presumir a su base el encaramiento de un acuerdo supuestamente nocivo para Estados Unidos y, a la vez, no inquietar de más al empresariado de aquel país consciente de su importancia e interesado en sostenerlo y extenderlo.
Desde esa perspectiva, es comprensible el afán oficialista mexicano de minusvalorar lo acontecido, arguyendo no haber sorpresa alguna porque ya se conocía la postura estadounidense e intentando banalizar su efecto negativo sobre la inversión y sugiriendo la posibilidad de rescatarlo, en cuanto el megalómano salga de la Casa Blanca.
Lo anterior, sin embargo, no oculta el maltrato dispensado al acuerdo por los gobiernos del PRI, el PAN y, desde luego, de Morena. Hecho que pone al descubierto la incapacidad de la clase política para impulsar un acuerdo mínimo sobre el destino nacional, al margen de las siglas y el signo político del partido en el poder. Ineptitud que hoy recoloca al país no ante un horizonte, sino ante un problema.
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La puesta en marcha del TLCAN, en 1994, fue un salvavidas. Sacaba a flote la economía y sosegaba la peligrosa situación política. Cosa de recordar aquel año terrible, marcado por levantamientos sociales, magnicidios políticos, secuestros, fuga de capitales e inestabilidad. Sin embargo, en cuanto se alcanzó la orilla y se recuperó algo de oxígeno, los gobiernos poco se interesaron en reconocer aquel acuerdo como un medio y no como un fin en sí mismo.
El PRI y el PAN se conformaron con lo conseguido y no se empeñaron en crear las condiciones para incentivar un desarrollo integral, asegurar el derrame generalizado y la distribución con equidad de los beneficios del acuerdo –en rigor, se dio lugar a un país de dos velocidades– ni en construir en serio la infraestructura necesaria para potenciar la economía a fin de evitar su dependencia de las exportaciones con destino principal a un solo mercado.
Asimismo, y al margen de las reformas del zedillismo para dar garantías a la inversión y el capital, pero no a la gente, en cuanto se logró el acuerdo, aquellos gobiernos y sus partidos concentraron la atención más en el reparto del poder que en el sentido de éste. Así, se dio lugar a la alternancia sin alternativa, a reducir la transición a la democracia a un juego de turno en el poder.
Entre los analistas más agudos en observar cómo se confundió el entonces TLCAN con un fin y no como un instrumento o recurso fue y ha sido Luis Rubio. A saber, cuántas veces el ensayista ha puesto el dedo en ese renglón. Prueba de ello, el artículo “TLC: antes y ahora”, apenas escrito a mediados de junio.
Estructuralmente el tratado fue maltratado por los tricolores y albiazules… y por los guindas también. Con omisiones y acciones pintaron el arcoíris de la ineptitud y la mediocridad, acompañados por una clase empresarial, en la cual pocos de sus integrantes, valga el absurdo, tienen un auténtico don de empresa.
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Si, desde en la entrada en vigor del acuerdo comercial, los gobiernos priistas y panistas mitificaron su efecto, el gobierno anterior y actual de Morena, lejos de marcar la diferencia, ahondaron el problema con un añadido: no calibraron correctamente el tener por vecino a un megalómano empoderado que dejó de ver a México como socio y aliado, para concebirlo como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
En la idea de que querer es poder y que la realidad se expresa en compartimentos estancos con nula comunicación entre sí, la llamada cuarta transformación actúo como si nada de cuanto hiciera pudiera agravar la situación. Emprendió obras emblemáticas de infraestructura con viabilidad en entredicho, desconectadas de un auténtico proyecto de crecimiento económico y desarrollo compartido y sostenible. Apostó sin mucha claridad por el rescate de la industria estatal petrolera, descuidó la transmisión de energía eléctrica, prestó poca atención a la necesidad de asegurar el abasto de gas y agua donde el desarrollo lo requería y se lanzó a construir vías de comunicación sin calcular el aporte de éstas a la economía. En suma, no fue capaz de generar condiciones para la inversión.
Por si ello no bastara, en el ánimo de anclar el presunto cambio de régimen y asegurar su poder no vislumbró el brutal efecto de la eliminación, incorporación o reducción de los órganos constitucionales autónomos y la reforma judicial en las garantías a la inversión. Quién quiere asociarse con quien no ofrece certidumbre jurídica, no manda claras señales de su compromiso en el combate a la corrupción y la extorsión que golpean directamente a la economía, afianza la seguridad en las carreteras por donde corre ésta y tampoco va hasta donde es preciso ir en la urgencia de romper el vínculo entre el crimen y la política.
Pese a la intención de llevar a cabo una cuarta transformación y presumir tener la razón histórica, al gobierno y a Morena le faltó, paradójicamente, visión para entender el momento. Querer no siempre es poder.
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Hoy, en el doble juego de no renovar, pero tampoco desechar el acuerdo, Trump tiene el maltratado tratado por el mango. A saber, qué condiciones impondrá y qué peticiones hará los próximos dos años en que seguirá habitando la Casa Blanca.
