Guadalupe Taddei secuestró y saquea al INE por mera avaricia, codicia y soberbia. No lo está haciendo sola, sino de la mano de sus familiares y de Claudia Arlett Espino, la secretaria ejecutiva, mejor conocida como Cata.
Guadalupe luce camionetas machuchonas; tiene un estilo de vida que no era el suyo y que esconde detrás de una cortina. Ella, como sus familiares, ya sea en la CDMX o en Hermosillo, se da vida de mirrey. Viven en mansiones, viajan y comen en los mejores hoteles y restaurantes del mundo.
Su avaricia e ignorancia han sido tales que los propios morenistas que la encumbraron (inmerecidamente) están arrepentidos.
Tres años le bastaron para acabar con el organismo que contaba con la mejor reputación entre los mexicanos.
La lista es muy larga y mi columna es finita; así pues, trataré de ejemplificar algunos de los muchos delitos que ha cometido con cargo al erario.
En noviembre de 2025 inventó una amenaza a su integridad para justificar un contrato; ah, no, perdón, un proyecto denominado Seguridad Perimetral, que le ha costado al INE 300 mdp. Cámaras de vigilancia de alta tecnología, barricadas, aparatos de táctica militar, incluyendo drones y antidrones, fueron solicitados con carácter de urgencia totalmente inexplicable, pero con el propósito de aprovechar los recursos que no habían sido utilizados por el INE durante 2025 y evitar caer en un subejercicio. Buscaban hacer del INE un búnker de alta seguridad para poder enfrentar hasta un ataque terrorista. Lo más espectacular de este guion es que el pago se realizó el 31 de diciembre de 2025 a las 8:00 pm, sin que estuvieran los entregables completos. En el almacén del INE se recibieron cajas vacías, “dummies” y promesas de que algún día se recibiría todo. Pero los pedimentos que respaldan los artículos no coinciden con los registros del almacén. El costo real de este cuestionable derroche asciende a 80 mdp, así pues, son 200 millones de pesos volando.
Ahora bien, el mejor testimonio del negro paso de Taddei por el INE está reflejado en el Informe de la ASF emitido el 27 de enero de 2026 sobre el ejercicio fiscal de 2024.
Entre las principales conclusiones de la ASF está que el INE, para la compra de boletas y demás documentación electoral en 2023 para el proceso de presidencia de 2024, omitió presentar la fundamentación financiera y técnica (análisis o estudios de mercado, visitas a plantas), que garantizaría que TGM ofertaba las mejores condiciones, no solo económicas, sino de capacidad instalada e historial empresarial. Quedando al descubierto que hubo empresas que habían presentado propuestas económicas menores a las que en su momento ofertó TGM.
Pero esto no es lo peor, sino que ni el INE, ni la ASF, ni Talleres Gráficos saben, el día de hoy –inhale y exhale–, tras las visitas pertinentes para llevar a cabo la auditoría, además de otras anomalías, “no se pudo determinar la cantidad final de boletas usadas en el proceso, las destruidas, las inutilizadas, no usadas, en mal estado, etc.”
Por normatividad electoral, la situación real de las boletas solo podía haberse revisado hasta la Jornada Electoral y, cuando llegó la ASF a realizar su auditoría forense, estas ya estaban selladas en sus contenedores (cajas paquete electoral), fuera del alcance del auditor.
Ojo, Alito Moreno y Jorge Romero, pues Máynez y MC son comparsas de Morena.
Así pues, el estado real de cuántas boletas existieron, se utilizaron o sobraron para la elección de la presidenta de la República carece de claridad.
El convenio marco que el INE de Taddei firmó con TGM en 2023 obligaba a que cualquier compra acordada derivada de ese instrumento debía estar avalada por un estudio de mercado y en estricta observancia a la normatividad legalmente aplicable, lo cual no solo no sucedió, sino que abiertamente se violentó.
No obstante, las irregularidades de la elección de 2024, a finales de ese mismo año y dentro del convenio marco suscrito, se firma un nuevo convenio específico para la adquisición de las boletas de la elección judicial de 2025. No media estudio de mercado y su costo asciende a 838 mdp, totalmente sin base alguna, porque hay que recordar que, para finales de 2024, no se conocía aún con claridad cuántas elecciones judiciales se iban a realizar y cuántas boletas iban a ser requeridas. Pero, además, incumpliendo las reglas de pago de los recursos públicos, el INE le paga a TGM, el 31 de diciembre de 2024, el 90% del contrato sin tener los entregables en mano. ¡Pagaron sin que las boletas estuvieran impresas!
Súmele, además, que hay 175 toneladas de papel seguridad caducando porque TGM, con el financiamiento recibido del INE, compró papel de más, que lo quiere colocar para las elecciones del 27 sin importarles que ya no servirá.
La avaricia es un pecado capital y la realidad siempre supera a la ficción.
Taddei además contrató el servicio de camionetas con Jet Van y, aunque les pagaron, la mitad de las camionetas son las mismas del contrato anterior.
Últimamente, Guadalupe Taddei ha estado muy irascible, pero no por tronar con su galán y quedarse con el anillo que era de la abuela de él, tampoco por haberse equivocado tras nombrar a ocho funcionarios hombres y a una mujer, olvidándose de la paridad, sino por el tema de Rocha Moya. Fue ella quien nombró como parte de su corte a José Alberto Pérez de Acha, cuñado por triple partida del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y discípulo y paisano de Rocha Moya, como titular del área de tecnología. De hecho, el hijo de Taddei, Luis Rogelio, es el secretario particular de Durazo. Es más, en radio pasillo no dejan de hablar de los negocios con casas encuestadoras, por solo mencionar uno en los que participa la tríada conformada por dos hijos y un yerno oriundo de Sinaloa.
No solo en Morena y en el Trife están enojados con Guadalupe, sino que ella claramente no es del equipo de la presidenta, y eso se intuye y se sabe tras ver la llegada del consejero Arturo Manuel Chávez (quien sí es gente de la presidenta) y quien venía de revisar de primera mano todo el lodazal que, como ya leyeron, le heredó Maribel Aguilera de la mano de Taddei, en Talleres Gráficos.
Por cierto, se habla de la salida inminente de la directora de Finanzas, Enma Patricia García Rodríguez, y que la sustituirá el anterior director, el sonorense Osvaldo Acuña Serrano, responsable de muchas de las anomalías detectadas por la ASF bajo la administración de Taddei. ¿Será que lo regresan para enfrentar estas responsabilidades pendientes o porque trae todas las respuestas y tácticas que García González, el saliente y controvertido director de administración –por sus conflictos de intereses y su gente–, no pudieron estructurar en el INE?
Continuará…
