El presidente de Estados Unidos recurre de nuevo a uno de sus juguetes favoritos (los aranceles) para financiar su segundo juguete (las bombas que arroja sobre Irán).
El pretexto esta vez es el combate al trabajo forzado. Sesenta países a los que la administración Trump señala de no hacer lo suficiente contra esa deleznable práctica laboral tendrán aranceles de entre 10 y 12.5 por ciento.
Estos 60 países a los que la administración Trump señala de no hacer lo suficiente contra esa práctica laboral tendrán aranceles de entre 10 y 12.5 por ciento, en una nueva modalidad que pretende evadir las restricciones que ya le han sido impuestas por el máximo órgano de justicia de su país.
Las propias autoridades comerciales de Estados Unidos han reconocido que la explotación laboral no es sino un mero pretexto, como otros que se han empleado para que Trump despliegue su juego de amenazas al mundo entero.
La precisión fue por cuenta de la oficina del representante comercial, que dijo a la prensa que el presidente Trump no permitirá que sus objetivos comerciales se vean afectados por cosas mínimas como la decisión de un tribunal.
El “verdadero mensaje”, sentenció la citada oficina, es que Trump utilizará cualquier herramienta para hacer realidad los objetivos de su política comercial.
Si en los países a los que se imponen sanciones no existe el trabajo forzado, o si las autoridades nacionales lo combaten, es un asunto sin importancia. Esa herramienta legal, por lo demás, fue desde el principio diseñada para tratar de impedir el imparable avance de China.
Trump alza de nuevo el garrote de los aranceles en un contexto adverso para su gobierno y para las posibilidades electorales de su movimiento en noviembre próximo.
La desaprobación de Trump araña ya su mínimo histórico —alcanzado en octubre de 2017, durante su primer mandato— e incluso Fox News, una cadena proclive a aplaudir al mandatario, publica una encuesta en la que se muestra que el 53 por ciento de los electores votarían por los demócratas.
La ventaja se ensancha en aquellos distritos donde la elección fue reñida en 2024, pues en ellos los demócratas registran un 59 frente a un 41 por ciento de los republicanos.
No hay ninguna sorpresa cuando Fox News enlista los factores que concitan el rechazo de los electores estadounidenses, pues se trata de aquellos ámbitos sobre los cuales Trump miente de manera sistemática.
Así, los electores desaprueban el manejo del gobierno del magnate en temas como la inflación (73% de desaprobación), economía (67%), Irán (66%) e inmigración (57%).
Tales son las cifras que exhiben las preocupaciones del ciudadano común. Porque del lado del trumpismo y la maquinaria financiera-militar que representa, la preocupación está en los 95 mil millones de dólares que el presidente quiere sumar al presupuesto militar, así como en el billón y medio de dólares que solicitará para, en 2027, continuar con su guerra perdida en Irán.
En ese volátil escenario es que ocurren las pláticas sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Hasta ahora, como lo han informado los negociadores mexicanos, nuestro país ha conseguido mantener que alrededor del 85 por ciento de sus exportaciones nacionales van a EU sin pagar aranceles.
Pero el país del norte ha anunciado que en el mes de agosto presentará un nuevo sistema comercial, esquema que podría contemplar aranceles extras para México.
En la compleja negociación, EU plantea cambios a las reglas de origen de distintos sectores y, en otro plano, presiona con la agenda de seguridad, área de corresponsabilidad en la que, al parecer, no importa que haya avances sustanciales y colaboración plena.
México también cuenta con herramientas, muchas de ellas derivadas de la dependencia de sectores clave de las exportaciones mexicanas, que habrán de ponerse en juego en ese mar de contradicciones y pulsiones electorales que domina a nuestro principal socio comercial.
