En medio del eufemismo sheinbaumiano de que no hay apagones, sino “interrupciones en el servicio en algunos lugares, producto de las fallas en distribución”, la secretaria de Energía reiteró con claridad que el objetivo es consolidar la reversión de la apertura eléctrica y que el Estado recupere terreno frente a lo que ganó el sector privado en este mercado durante los últimos años. Es una declaración muy desafortunada, pues la razón es puramente ideológica y no motivada por aspectos de operación y eficiencia. Como si fuera algo nocivo, la secretaria Luz Elena González señaló que la participación pública en el mercado eléctrico cayó de 99% a 43% en 23 años, y que el objetivo es que el Estado provea el 61% de la capacidad de generación del país en 2030.
En días pasados se denunció que en 20 estados de la República se han dado prolongados apagones debidos principalmente a transformadores viejos y sin mantenimiento que presionan una sobrecarga de la red y la saturan. El daño de los apagones a las actividades económicas es tal, que no solo las empresas han protestado y exigido soluciones, sino también alcaldes, muchos de ellos morenistas. La capacidad de generación y distribución de la CFE sencillamente ha quedado rebasada debido a la ausencia de inversión pública para mantenimiento y expansión, y desincentivos cada vez mayores para que la iniciativa privada contribuya con inversiones en energías limpias (eólica y solar).
No es posible manejar un sector tan crucial para la inversión y el crecimiento económico con criterios estatistas. Acusa Luz Elena González: “el avance de la generación privada durante el periodo neoliberal provocó abandono de la planeación estratégica del sistema eléctrico”. Y Sheinbaum remató con el clásico estribillo de que “será un cambio histórico que permitirá consolidar la soberanía energética”.
Evidentemente, el tema no es político, sino técnico y operativo. Una parte importante de los ingresos de CFE dependen de transferencias presupuestarias, pues la empresa no genera suficiente flujo de efectivo para financiar todas sus necesidades de inversión. Muchos proyectos de mantenimiento y expansión llevan años pospuestos por falta de financiamiento.
Desde 2019 la estrategia gubernamental ha buscado fortalecer el papel dominante de la CFE, pero ello ha reducido la inversión privada y la competencia. Ante los estatistas que plantean que la prioridad debe ser el control estatal del sistema, este sigue siendo un debate abierto de la política energética mexicana. Inclusive, para la revisión del T-MEC es una discusión divergente, ya que el tratado plantea las mismas condiciones de competencia para todos los participantes, lo que es contrario al papel de las empresas públicas.
La situación de la CFE es crítica no porque enfrente un riesgo inmediato de insolvencia, sino porque debe conciliar objetivos en conflicto que no permiten su sostenibilidad operativa ni financiera: la promesa del gobierno de mantener tarifas eléctricas bajas, garantizar el suministro universal, invertir masivamente para atender una demanda creciente, modernizar una infraestructura envejecida y sostener su viabilidad financiera. Las finanzas públicas no pueden estirarse ya más para continuar con los subsidios masivos a la CFE en un ambiente de ideología estatista.
