La revisión del T-MEC es complicada, entre otras cosas porque hay una constelación de temas en los que está en juego miles de millones de dólares: reconfiguración de la industria automotriz; los aranceles al acero mexicano y la protección a Pemex y CFE. Sabiendo esto, ¿por qué hacerla más complicada “regateando” una parte del presupuesto asignado al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral?
Los asuntos laborales están en la valija del equipo estadounidense. Aparecieron en la primera ronda de las revisiones, celebrada en la Ciudad de México hace un par de semanas y estarán en la segunda ronda que se celebra en territorio estadounidense. Fue una parte muy relevante en la negociación del T-MEC y es uno de los asuntos en los que hay consenso bipartidista, entre demócratas y republicanos. Los menciona la oficina del representante comercial de la Casa Blanca, el USTR, en el informe de barreras no arancelarias.
¿Puede México garantizar que se cumplirán compromisos en lo laboral que se firmaron en el T-MEC? A grandes rasgos son tres asuntos: la eliminación del trabajo forzado; las garantías para que los trabajadores puedan tener sindicatos que defiendan sus derechos y la reducción de la brecha salarial en sectores muy integrados a las cadenas de valor norteamericanas, como el automotriz.
Para el Gobierno de Trump el tema es crucial y toma importancia adicional en un año electoral. En juego está el voto de los trabajadores estadounidenses que llevan años alegando que las condiciones de trabajo en México representan una competencia desleal para ellos.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) es una pieza clave en este rompecabezas. Aprobado en la reforma laboral de 2019, es un organismo público autónomo encargado de impartir justicia alternativa y transparencia en el mundo del trabajo a nivel federal. Antes de iniciar un juicio laboral, es obligatorio acudir a este Centro para tratar de llegar a un acuerdo sin necesidad de ir a tribunales.
El CFCRL es también el órgano encargado de llevar el registro de sindicatos y contratos y de vigilar que los procesos sindicales se realicen mediante voto libre, secreto y directo.
Para hacer todas estas tareas, la primera versión del Presupuesto de Egresos de la Federación le otorgó 455 millones de pesos para 2026. Esa cifra implicaba una reducción en términos reales respecto a los 447,000 millones que tuvo en 2025 y es significativamente menor a la que tuvo en 2024, cuando alcanzó 663,300 millones de pesos.
La falta de recursos provocó críticas abiertas de los organismos empresariales y protestas discretas de parte de Estados Unidos. Todo esto generó una corrección en el Presupuesto aprobado. Se le asignaron 1,492 millones de pesos, esto es 67% más recursos que en 2025. Este monto se complementa con los 3,670 millones de pesos asignados a los Tribunales Laborales Federales y los 468 millones para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (recuerden que en justicia laboral vivimos una transición que se llevará más de una década).
¿Cuál es el problema con el presupuesto del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? De los 1,500 millones de pesos asignados, alrededor de 1,050 millones están “encerrados” en un cajón presupuestal donde los recursos no son ejecutables. Están, pero no están, ¿ustedes entienden?
El presupuesto “récord” no se nota en el primer semestre de 2025. Hay una sobrecarga operativa que alarga los tiempos de espera y de respuesta; hay un retraso en la digitalización de procesos y, extraoficialmente, se habla de intermitencias en los sistemas de registro de contratos colectivos y de sindicatos. En este contexto, la cereza del pastel son los problemas para atraer y retener talento. Ha salido personal calificado con alto nivel de especialización.
Esto nos lleva de regreso a las conversaciones para la revisión del T-MEC. Para México es fundamental que salga bien todo lo relacionado con la industria automotriz; que se reduzcan los aranceles al acero y el aluminio; que haya avances en todo lo relacionado a minería y minerales críticos. ¿Por qué dar la oportunidad a reclamos en un asunto como el laboral, donde en teoría hay más coincidencias que diferencias? El reto es que el CFCRL, que es la parte moderna del sistema de justicia laboral, funcione impecablemente; para eso serían de mucha ayuda los mil millones de pesos que están “bajo llave”.
El costo de no hacerlo va más allá de complicar la revisión/negociación del T-MEC. Estados Unidos ha amenazado con aplicar un arancel adicional de 10% a nuestras exportaciones por incumplimiento en temas laborales. ¿A qué hora sonará el despertador para los que toman las decisiones?
