Recientemente la Secretaría de Economía (SE) dio a conocer las cifras de Inversión Extranjera Directa (IED) correspondientes al primer trimestre de este año. Se trata de un buen dato. En números preliminares, la IED ascendió a 23 mil 591 millones de dólares, lo cual representa un aumento del 10.4% respecto al primer trimestre del año previo. Sin duda es una buena noticia.
En cuanto a la composición de la IED, en línea con lo que se ha venido observando, las inversiones nuevas solamente representan 7.2%, mientras que la absoluta mayoría —más de 22 mil millones de dólares— correspondió a la reinversión de utilidades.
Hay quienes afirman que la reinversión de utilidades no tiene el mismo valor en cuanto a su capacidad de generar crecimiento y empleo. Esto no es correcto. Un peso invertido puede tener el mismo potencial para la economía si proviene de una empresa que ya opera en el país que si viene de una que recién se instala; todo dependerá de qué tan productiva sea la inversión en cada caso. La reinversión de utilidades es señal de que las empresas que operan en el país tienen confianza para seguir haciéndolo.
Lo que sí preocupa es que las nuevas inversiones sean cada vez más bajas. Eso quiere decir que quienes no operan en el país no se animan a hacerlo.
Por otra parte, llama la atención que la IED crezca mientras que la inversión doméstica se contraiga. Si vemos la inversión total en el país —de la cual la doméstica representa alrededor del 90%— encontramos que entre enero y febrero de este año cayó 3% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando ya caía 6.5%. Si analizamos la evolución desde julio de 2024, cuando recién se supo que vendría la reforma al Poder Judicial, la inversión privada ha caído 7.5% y la pública un 15%. Esto es sumamente preocupante, pues se trata de un proceso de merma de la capacidad de crecimiento futuro de la economía.
Pero entonces ¿qué explica esta divergencia entre la IED y la inversión nacional? Me parece que fundamentalmente esto responde a que las empresas extranjeras están viendo que México tiene ante sí una gran oportunidad de integrarse más al mercado de Norteamérica. El año pasado, el 82% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos fueron libres de arancel, lo cual representa una ventaja frente a prácticamente todas las economías del mundo.
Desde luego que las empresas domésticas también ven esa oportunidad. Pero creo que la diferencia se explica porque las extranjeras tienen menor exposición ante el sistema judicial local: si enfrentan algún problema, pueden recurrir a paneles de arbitraje de los tratados internacionales, mientras que las empresas mexicanas no tienen más remedio que recurrir al debilitado sistema judicial mexicano.
El gran problema es que, como mencionaba, la inversión doméstica es mucho más importante para la economía que la extranjera. Si no se logra revertir su caída, el país seguirá en una situación de estancamiento económico. Eso implicará que cada vez haya menos espacio fiscal, que la deuda como porcentaje del PIB siga creciendo —lo cual eventualmente puede significar la pérdida del grado de inversión— y que la agenda social y de combate a la pobreza enfrente cada vez mayores restricciones.
Ante la debilidad del mercado laboral, resultado del mal desempeño de la inversión, continuar subiendo el salario mínimo —lo cual fue un acierto en años pasados— implicará menos empleo y que más empresas salgan de la formalidad, lo que a su vez significará mayor precariedad del empleo, menor productividad y, por tanto, menor crecimiento.
Para salir de la trampa del bajo crecimiento hay que generar certidumbre jurídica a las empresas. Para ello se tiene que rediseñar el sistema judicial. No basta con parcharlo ni con patear el bote.
