El tamaño del problema ante Estados Unidos es mayúsculo y peligroso. Y no está claro si el oficialismo lo está calibrando en su justa dimensión.
En efecto, la compleja circunstancia responde en buena medida a la política injerencista desplegada por el gobierno de aquel país, pero no sólo a eso. También obedece a la negligencia –ojalá, no complicidad– con que el gobierno y Morena se han conducido de cara a la asociación de gobernadores, legisladores, dirigentes y funcionarios con el crimen, a fin de asegurar y expandir el poder.
La mezcla y conjugación de ambos ingredientes –intervencionismo e inacción o, si se quiere, urgencia y parsimonia– componen un cóctel explosivo para el país e implosivo para el gobierno y Morena. No comprender en su magnitud el problema, incluyendo la oportunidad que entraña, es transformarlo en una crisis de proporción desconocida.
Solapar o consecuentar a Rubén Rocha Moya y a los otros nueve representantes populares o servidores públicos de Sinaloa señalados por el Departamento de Justicia del país vecino como socios del crimen no defiende, expone la soberanía nacional, además de vulnerar la soberanía popular, la democracia pues. Más todavía si a ese listado, como anunció la Fiscalía estadounidense, seguirán otros.
Reconocer esa realidad no es un acto de lesa patria, es identificar una de las causas del problema a fin de intentar remontarlo con el menor costo y daño posibles, porque costo y daño va a generar.
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Si sólo el hecho de tener por contraparte presidencial en Estados Unidos a Donald Trump suponía un desafío enorme para Claudia Sheinbaum, el destape de la penetración del crimen en la política la coloca ante un reto mayor, sobre todo, cuando el vecino ya no ve al país como socio y aliado, sino como una cuestión de seguridad nacional.
Ciertamente, el vínculo política y delito que hoy pone contra la pared al gobierno y a Morena no es reciente, data de tiempo atrás. Fue soslayado y aprovechado por el conjunto de los partidos y la clase política. No es nuevo el asunto, aunque el priista Alejandro Moreno y el panista Jorge Romero finjan jamás haber escuchado algo al respecto. No son pocos los cuadros tricolores y albiazules como ahora guindas con liga, probada o no, con el crimen. En la actualidad esa asociación constituye el talón de Aquiles del gobierno y de Morena, y asombra que, ante la oportunidad de romperla y distinguirse para en verdad transformar la cultura política, ambas instancias hagan del negacionismo, el mejor refugio; del legalismo, el socorrido recurso; y de la denuncia de intervencionismo, el sólido contrargumento.
Gobierno y Morena no pueden ignorar que en su lucha por acceder y ejercer el poder incorporaron a cuadros, varios de ellos forasteros, de no muy firmes convicciones, pero sí de muy sólidas ambiciones que, sin escrúpulos, vieron en el crimen un socio eficaz, si no es que un brazo armado para alcanzar la meta. Tales compañeros de viaje, conversos y oportunistas, pasaron a ocupar increíblemente a ocupar posiciones de mando y operación, desempeñándose no a ras de tierra o suelo como los cuadros y militantes nativos de Morena, sino a ras de terrazo o duela, convirtiéndose en legatarios del escritorio de un movimiento hecho en el territorio.
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El mismo Andrés Manuel López Obrador sabía del efecto de la eficacia política –así denominaba al pragmatismo– sobre los principios y de la trayectoria de los compañeros de viaje que sumó al movimiento.
Sobre el particular, los morenistas de cuna y sin leal ceguera mal no harían en revisar la entrevista (http://youtube.com/watch?v=QWzjrLpUwfE) que El Chamuco TV hizo, en junio 22 de 2024, al líder del cuatroteísmo. Charla en la cual, hacia el minuto 44:20, el cartonista Hernández formula una pregunta interesante. Cuestiona sobre “esas alianzas con personajes impresentables”. ¡Ay!, dice López Obrador. Luego califica de monjes a los moneros y, más adelante, con cierta socarronería, los señala como “principistas”, dignos de ir al monasterio e intenta justificar la eficacia política de cara a los principios. El exmandatario ríe, pero traga saliva al explicar esas alianzas y adquisiciones.
La gran tarea del morenismo nativo comprometido con el proyecto, sin tintes dogmáticos radicales o cómplices y consciente de la circunstancia, es rescatar al movimiento que hoy padece de una pérdida creciente de autoridad política y moral, a causa de quienes les resultó fácil asociarse con el crimen con tal de acceder, ejercer y conservar el poder. Si no presiona para echarlos en vez de cobijarlos o solaparlos, como agua se les va a ir el poder de las manos.
Ese reto es enorme porque, pese a que las elecciones están programadas el año entrante, éstas se resolverán en breve, cuando Morena y sus aliados dejen ver quién es quién al sacar adelante las postulaciones.
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Obviamente, la jefa del Estado y la dirigencia del partido saben y sabían desde hace tiempo de la asociación de política y delito, incluido el peligro supuesto en ello.
Ambas instancias tenían y tienen conciencia de eso, como también de cada uno de los pasos dados por el gobierno estadounidense a fin de colocar contra la pared al gobierno nacional y el movimiento que lo ampara. Por ello, asombra que, en vez de aprovechar la oportunidad para romper el vínculo política y delito e indagar cuanto antes, por cuenta propia y con estricto rigor a los cuadros asociados al crimen, actúen con parsimonia como si las señales no urgieran a proceder con rapidez.
Insistir, como antes, en la política del “aquí no pasa nada”, deja en vilo a la soberanía nacional y la soberanía popular, como quien dice, al Estado y la democracia. Es tanto como clamar y preguntar: ¡Patria o suerte! ¿Venceremos?
