No fue ninguna sorpresa el anuncio que hizo el INEGI el pasado jueves. Como se anticipaba, con cifras ajustadas por estacionalidad, el PIB del primer trimestre cayó 0.8% respecto del valor registrado en el cuarto trimestre de 2025, mientras que apenas creció 0.2% al compararse con el primer trimestre del año pasado (con cifras originales, es decir, sin ajustar estacionalmente, el crecimiento anual fue 0.1%).
Este resultado extiende el práctico estancamiento que ha padecido la economía mexicana desde que la cuatroté asumió el poder en septiembre de 2018 (aunque López empezó su gobierno hasta diciembre, de facto empezó a gobernar desde que Morena tomó el control del Congreso de la Unión en septiembre, aunado a que Peña prácticamente se retiró y dejó a López tomar decisiones políticas y de política económica, como fue la irracional y arbitraria cancelación en octubre del aeropuerto en Texcoco).
Así, en el periodo que va desde el cuarto trimestre de 2018 hasta el primer trimestre de 2026, el crecimiento acumulado del PIB ha sido de únicamente 5.3%, un crecimiento promedio trimestral de sólo 0.18%. Han sido un poco más de siete años en los cuales, a tasa anual, el promedio de crecimiento ha sido de 0.75%, menos de la mitad del criticado crecimiento económico durante el llamado periodo “neoliberal”.
El muy bajo crecimiento económico, con la consecuente caída acumulada en el PIB por habitante, es en gran medida el resultado de varias decisiones erróneas de política y de política económica, empezando con la cancelación en octubre de 2018 del aeropuerto, que no solo mandó la señal de que López era el mandamás sino, peor aún, la señal enviada a los inversionistas nacionales y extranjeros de que el nuevo régimen se inauguraba con un atentado al Estado de derecho y a la certeza jurídica, lo cual inhibió en los siguientes años la inversión privada en planta, maquinaria y equipo. Sin inversión no hay crecimiento y ahí está el resultado.
Pero la cancelación referida fue apenas la primera de una serie de errores de política económica que no sólo afectaron el crecimiento promedio y el acumulado a partir de 2019, sino, peor aún, su efecto nocivo perdurará por varios de los próximos años.
El segundo error fue no haber instrumentado una política fiscal contracíclica en 2020, a diferencia de prácticamente todos los demás países del mundo que sí lo hicieron para tratar de amortiguar el choque real negativo generado por la pandemia de COVID. Como resultado, hubo una significativa caída tanto en el número de empresas formales como en el empleo y que el PIB en México se haya contraído en 8.2%, más del doble que la caída del PIB estadounidense. No podemos no mencionar el criminal manejo sanitario de la crisis, tanto por parte de López como de los miembros de su equipo de salud (Alcocer y López-Gatell), que derivaron en 800,000 muertos en exceso, uno de los peores resultados en el mundo.
Otro error fue el cometido en materia salarial. Es cierto que el salario mínimo estuvo reprimido y fue utilizado en varias ocasiones como un instrumento para reprimir la inflación, por lo que los aumentos instrumentados desde 2018, cuando se introdujeron las UMAS y se pudo desligar el salario mínimo de otros usos como las multas, fueron en general bienvenidos y sin generar mayores presiones en el mercado laboral ni en los precios de los bienes y servicios. Esto, sin embargo, ya no pasó con los aumentos de 2025 y 2026 en un escenario de prácticamente nulo crecimiento económico y con la productividad laboral estancada. Los aumentos referidos sí han impactado el mercado laboral, reflejado en una muy baja generación de empleos formales, así como un incentivo para migrar a la informalidad.
Y, por si esto fuera poco, la decisión de establecer en la Constitución que los aumentos del salario mínimo no podrán ser menores que la inflación es un grave error de política económica. ¿No habrá alguien en el gobierno que sepa que nunca se deben indizar los salarios a la inflación porque introduce una rigidez en la economía que hace más costoso enfrentar un choque real negativo?
Un grave error también lo ha sido la política en el sector eléctrico. La decisión de López y Bartlett de no invertir en transmisión y distribución de electricidad, así como instrumentar una práctica abiertamente hostil y discriminatoria de la inversión privada en generación solar y eólica, se ha constituido como un elemento que ha inhibido la inversión privada al no tener certeza sobre el acceso a suficiente energía eléctrica, limpia y a costos competitivos. Esto se agrava todavía más por la irracional e ineficiente decisión de establecer legalmente que la participación privada en energía eléctrica no puede ser superior al 46% del total.
Finalmente, por falta de espacio, el que quizás sea el error más grave es la destrucción institucional, el debilitamiento del Estado de derecho y la merma de la certeza jurídica. La extinción de los órganos autónomos del Estado y la pérdida de independencia del Poder Judicial garantizan que el crecimiento futuro seguirá siendo muy bajo.
