La conferencia mañanera de ayer terminó de manera festiva: a ritmo de “Chin chin el que se mueva”, un rock and roll infantil lanzado en 2008, la presidenta Claudia Sheinbaum brincó y bailó por unos momentos con dos decenas de menores para celebrar el Día del Niño. Junto a ella estaba el secretario de Educación, Mario Delgado, que también dio unos cuántos brincos. Qué diferente parecía el humor con el que había comenzado su conferencia diaria casi dos horas antes, cuando fijó su posición ante la acusación de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y 10 funcionarios sinaloenses, de trabajar y proteger a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
La presidenta abrió la mañanera con un posicionamiento sobre Rocha Moya, utilizando un tono duro, como era de esperarse, ante la imputación criminal más grave, profunda y de incalculables repercusiones en la historia de la relación con Estados Unidos. El mensaje era necesario para mantener la cohesión dentro de su partido y darse días para seguir analizando y revisando los escenarios para tener una respuesta que compagine la pretensión estadounidense con los intereses y temores del régimen, que en este momento parecen totalmente incompatibles.
El problema no fue este saque, sino algunas palabras que utilizó, como plantear que si no existen pruebas contra el gobernador, no lo extraditará, porque se contradice con varios casos anteriores, en particular el del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, donde en lugar de pedirlas durante siete años lo linchó el régimen y lo usó para acusar de narcotraficante al expresidente Felipe Calderón. Si no hay pruebas, afirmó la presidenta, se demostrará que la acusación no es jurídica, sino política.
No necesita haber pruebas: la acusación del Departamento de Justicia es política.
El fenómeno de la narcopolítica en México tiene una dimensión de seguridad nacional en Estados Unidos no solo por la crisis del fentanilo, sino porque, de acuerdo con la investigación de las agencias de inteligencia y policiales de ese país, el expresidente Andrés Manuel López Obrador construyó una economía criminal paralela aliado a los enemigos de Washington: los cubanos, los rusos y los chinos.
Cubanos y rusos, de acuerdo con la premisa de la investigación, diseñaron la corrupción de las Fuerzas Armadas mediante su involucramiento en obras y negocios, y en el establecimiento de una relación estructural con los cárteles para traficar con el fentanilo chino a ese país. Hugo Chávez en Venezuela, fue su primer caso de éxito; López Obrador en 2018, el segundo. La acusación contra Rocha Moya y la estructura política y de seguridad y procuración y administración de justicia en Sinaloa, de esta forma, es un estudio de caso de lo que sucedió en el país durante el sexenio anterior.
Está claro que no está claro que la presidenta conciba el fenómeno de la narcopolítica como un asunto de geopolítica. Por lo mismo, no ve cosas fuera de la caja. Por esta razón fue sorprendente la forma como terminó la mañanera, de manera divertida para aparentar normalidad -probablemente una estrategia trazada en sus reuniones sobre la gestión de esta crisis-, pero con una señal que, o fue producto de un error en sus análisis, o como mensaje de guerra a Washington, anunciando la defensa por la soberanía de Morena y la sobrevivencia del régimen, que es lo que quedó bajo amenaza el miércoles en Nueva York.
En el juego de los símbolos, la presencia del secretario Delgado junto a ella, como único acompañante en la mañanera, dibujó el blasón del régimen. Para efectos de argumentación, asumamos que no se trató de una increíble torpeza, sino que fue un movimiento cuidadosamente calculado para desafiar al gobierno de Trump.
La acusación en la Corte Sur de Manhattan, que lleva los asuntos criminales de cuello blanco y crimen organizado -bajo los supuestos de la Ley RICO-, menciona que Rocha Moya llegó a la gubernatura de Sinaloa en 2021 con el apoyo financiero de los chapitos, los hijos de Guzmán Loaera (se puede consultar en la página 3 de la versión en español de la acusación en esta liga: https://urli.info/1oM0r). Esta acusación permite platear la hipótesis que el siguiente que podría ser acusado públicamente es el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, que era el estratega político en la campaña de Rocha Moya.
Villarreal conecta con el caso que se lleva en la Corte del Distrito Oeste de Texas, en San Antonio, de la red del huachicol del empresario Sergio Carmona, asesinado poco después de las elecciones en 2021. Un voluminoso documento confidencial de la Marina mexicana con información de la DEA, muestra que Carmona tenía como socios a su hoy viuda, Villarreal, y Ricardo Peralta, a quien López Obrador le autorizó, cuando era subsecretario de Gobernación, que estableciera contacto con los cárteles de la droga, para supuestamente bajar la violencia.
Debajo de Carmona, como su operador político, se encuentra en ese organigrama criminal Erasmo González, que era presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, quien presentó al empresario huachicolero con Delgado, en ese entonces líder de Morena. Según el documento de inteligencia, Delgado financió con ese dinero ocho gubernaturas en el centro y norte del país -incluida la de Rocha Moya-, y varias candidaturas a diputados, incluida una que formó parte del cuarto de guerra en la campaña presidencial de Sheinbaum.
Visto desde la perspectiva de las investigaciones federales en Estados Unidos, la aparición de Delgado en la mañanera es equivalente a mostrarlo como la persona que engarza a las cortes en Manhattan y San Antonio pero que a través de la semiótica mañanera, sintetiza el respaldo presidencial. La presidenta no es ingenua ni, en este caso, desinformada. El informe confidencial está en sus manos desde su campaña presidencial, pero no hizo nada con las personas en su entorno que aparecían en él, ni dejó de apoyarlas políticamente.
En los casos de los políticos presuntamente vinculados al crimen organizado a quienes les vayan a aplicar la Ley RICCO, también pasarán por el tamiz más pernicioso: la clasificación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas -firmada por Trump el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca-, que le da la extraterritorialidad a la justicia estadounidense para que, en caso de existir una orden de aprehensión, puedan ir a capturarlos en donde se encuentren, como lo hicieron con el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro.
