En estas líneas comenté la semana pasada que la nueva apertura del gobierno —rompiendo con los dogmas del gobierno anterior— a la fracturación hidráulica —fracking— para extraer gas natural es una muy buena noticia, aunque Pemex pueda o no hacerlo es otra historia. Pero la otra acción que está implementando el gobierno para mitigar los efectos del alza en los precios de los energéticos —de carácter fiscal, en este caso— merece tomarse con mucha más cautela.
El Brent tocó 119 dólares en marzo, cuando el cierre del estrecho de Ormuz por el conflicto con Irán generó el mayor choque de oferta petrolera en décadas. Hoy cotiza alrededor de 95 dólares, todavía 55% por encima del inicio del año. La respuesta de Hacienda fue reactivar el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a partir de la semana del 21 de marzo. El costo ronda los 5,000 millones de pesos semanales. El presupuesto autorizado para subsidios al IEPS en 2026 es de 473,000 millones de pesos. Para poner esto en perspectiva: en 2022, cuando el Brent superó los 100 dólares por la guerra en Ucrania, el subsidio costó 397,000 millones de pesos, más que todo el presupuesto anual completo de la Secretaría de Salud.
El mecanismo es menos visible de lo que parece. Cada viernes, la SHCP publica en el DOF el estímulo de la semana siguiente: la diferencia entre el precio de referencia internacional —la cotización de la gasolina sin plomo en Houston— y el precio objetivo doméstico. Cuando el crudo sube, el estímulo sube. El consumidor no lo ve en la bomba; el erario lo absorbe en silencio. En junio de 2022 el estímulo llegó a 11.30 pesos por litro, cifra superior a la cuota base del propio IEPS. En la semana del 4 al 10 de abril el gobierno cubría 2.09 pesos por litro de Magna; esta semana, del 13 al 17 de abril, cubre 1.80 pesos —26.97% de la cuota base de 6.70 pesos—. El subsidio existe, aunque todo está escondido en el DOF.
Las implicaciones fiscales son serias. El IEPS a gasolinas y diésel aportó 432,500 millones de pesos al fisco en 2025, equivalentes a 7.4% de los ingresos tributarios totales del año. Es la segunda fuente de recaudación federal después del ISR y supera lo que el gobierno destina anualmente a infraestructura carretera, agua potable y vivienda, sumados. Con los estímulos activos, Hacienda ya estima una caída de 15,800 millones en ingresos tributarios solo en el primer trimestre de 2026; BBVA México proyecta una pérdida de hasta 38,000 millones en el año completo.
El problema es el momento: la consolidación fiscal de 2025 fue insuficiente, el déficit sigue siendo elevado y la necesidad de recortes en 2026 es real. BBVA estimó que el espacio fiscal del gobierno fue de apenas 32% de los ingresos presupuestarios en 2025, una vez descontados el costo financiero, las pensiones y las participaciones de ley. Si a eso se suman los programas sociales —otro 10% del gasto—, el margen para ajustar sin tocar la inversión pública, que ya está en mínimos históricos, es prácticamente nulo.
La razón política es comprensible, y no hay que ignorarla. La popularidad de Peña Nieto no cayó por la Casa Blanca ni por Ayotzinapa: cayó por el gasolinazo. Este gobierno no puede permitirse ese costo político en este momento, con las encuestas donde están y con los márgenes fiscales que tiene. Pero subsidiar la gasolina en un contexto de consolidación fiscal incompleta, espacio fiscal mínimo y deuda creciente puede acabar saliendo bastante más caro que el golpe político que se busca evitar.
