De implementarse como dicen los lineamientos del proyecto, cambiaría sensiblemente la administración de la ciudad, especialmente en temas conflictivos como uso del suelo y ordenamiento territorial, entre otros.
El plan está plagado de propuestas de recentralización de la autoridad en el gobierno central, a costa de las alcaldías, y de orden populista. En opinión de muchos expertos, abunda en preceptos sin implementación clara y despierta sospechas. Esta nota se concentra en dos puntos.
El plan suplanta o, en el mejor de los casos, duplica atribuciones de las alcaldías mediante figuras no elegidas, sino decididas centralmente por la jefatura de gobierno de la CDMX.
Se propone crear “casas de gobierno”: oficinas del gobierno central paralelas a las alcaldías bajo control del gobierno central, lo que implica suplantación de atribuciones y duplicación de gasto público. Las funciones de las casas incluirían la gestión de servicios públicos, la supervisión de programas y la planeación urbana, en consulta con “consejos de gobierno comunitarios”. Más aún, contarían con atribuciones jurídicas y presupuestarias, y la intención explícita es elevarlas a rango constitucional.
Se plantea el uso de consultas públicas vecinales, que suplantan responsabilidades de la democracia representativa del Congreso local.
Las casas y los consejos comunitarios tomarían decisiones trascendentales, bajo la planeación participativa. Notablemente, sobre uso de suelos y ordenamiento territorial.
Las casas y las consultas comunitarias decidirían la “vocación” económica de las zonas de alta densidad (“centralidades”) para tomar decisiones vinculantes sobre redensificación, redefinición de uso de suelo, licencias y otras medidas.
Riesgos (por señalar sólo algunos)
El impacto en el gasto público de la CDMX de la duplicación mencionada implicaría posponer la reparación y mantenimiento de la infraestructura (evidentemente urgente en calles, drenaje, etc.) y de la provisión de servicios esenciales insuficientes (recolección de basura, ordenamiento del tránsito, etc.), sin duda grave.
Igualmente peligrosa, o incluso peor, es la combinación de las casas de gobierno con la consulta pública vecinal para llegar a la “planeación vinculante”. Es claro que la planeación urbana de bienes públicos “de abajo hacia arriba” es ineficiente, ya que la demanda de los mismos no incluye la disposición a pagar. Por ejemplo, a la pregunta ¿Cómo es la ciudad que sueñas? —en el proyecto— las respuestas no tienen límites racionales, lo que se presta a interpretación y manipulación por parte de las casas.
Las consultas y referéndum públicos han fracasado en diversas experiencias urbanas. Pero las de la 4t, incluidas las elecciones que ha impuesto por voluntad propia, estirando “la voluntad del pueblo” inverosímilmente (conocida costumbre de la autocracia), han sido ocurrencias y estafas: la cancelación del aeropuerto, de la cervecería, la elección del poder judicial con acordeones, etc.
Asimismo, las consultas planteadas acerca de asequibilidad y disponibilidad de la vivienda, densificación, democratización de la gestión del suelo, expropiaciones y muchas otras aspiraciones del plan son sumamente riesgosas.
