Hay una pregunta que rara vez nos hacemos cuando estalla una crisis en una escuela: ¿quién debía haber visto venir ese problema? Cuando una comunidad escolar enfrenta violencia, cuando una escuela permanece semanas sin docentes, cuando un director no logra resolver conflictos con las familias o cuando los aprendizajes simplemente no avanzan, solemos mirar hacia dos extremos. Culpamos al gobierno porque “no hizo su trabajo” o responsabilizamos a las y los docentes porque “están en el aula”. Entre ambos extremos existe una figura esencial que pocas veces aparece en la conversación pública: la supervisión escolar.
Paradójicamente, mientras más hablamos de reformas educativas, menos hablamos de quienes hacen posible que esas reformas lleguen a las escuelas. Hemos discutido nuevos planes de estudio, libros de texto, presupuestos, evaluaciones, infraestructura, becas y derechos laborales. Pero hemos olvidado que ningún sistema educativo funciona únicamente desde las oficinas centrales. Entre las decisiones de política pública y lo que sucede cada mañana en un salón de clases existe un nivel intermedio que sostiene la operación cotidiana del sistema. Ese nivel tiene rostro, nombre y responsabilidad. Son las y los supervisores escolares.
Durante años, distintas administraciones realizaron esfuerzos por profesionalizar esta función y hoy existen miles de supervisoras y supervisores distribuidos en todo el país. Las cifras oficiales nos indican que hay aproximadamente 13,750 supervisoras y supervisoras en México. Desde preescolares generales, indígenas, primarias, secundarias en todas sus modalidades hasta escuelas multinivel o multigrado, estas figuras están presentes.
Sin embargo, la discusión pública parece haberlos relegado a un papel meramente administrativo, cuando en realidad representan una de las capacidades institucionales más importantes que puede tener un Estado: saber qué está ocurriendo en tiempo real donde las políticas públicas cobran vida. Porque esa es, en esencia, la función de supervisar. No es vigilar. No es llenar formatos. No es ejercer control burocrático.
Supervisar significa observar, acompañar, detectar riesgos, identificar oportunidades y actuar antes de que los problemas se conviertan en crisis. Pensemos en cualquier organización compleja. Un hospital no funciona únicamente porque exista un secretario de Salud. Una empresa no depende exclusivamente de su director general. Todos requieren liderazgos intermedios que traduzcan las decisiones estratégicas en acciones concretas, que retroalimenten a quienes toman decisiones y que resuelvan los problemas donde realmente ocurren.
La educación no es distinta. Ninguna secretaria o secretario de Educación puede conocer la realidad de las más de doscientas mil escuelas del país. Ningún gobernador puede identificar por sí mismo qué escuela necesita apoyo, qué director enfrenta dificultades, qué docente requiere acompañamiento o qué comunidad escolar está encontrando soluciones innovadoras que podrían replicarse. Para eso existe la supervisión.
Cuando funciona bien, es la inteligencia territorial del sistema educativo. Es quien detecta que una escuela dejó de recibir estudiantes antes de que aumente el abandono escolar. Es quien identifica que un director necesita apoyo para resolver conflictos. Es quien observa que una estrategia pedagógica está dando resultados y puede extenderse a otras escuelas. Es quien puede distinguir cuándo una política pública no está llegando como fue diseñada y cuándo es necesario hacer ajustes. En otras palabras, es quien permite que el sistema aprenda de sí mismo.
Y quizá ahí radica uno de los mayores desafíos de la educación mexicana. En los últimos años hemos discutido intensamente sobre nuevas políticas, pero mucho menos sobre la capacidad institucional para implementarlas, monitorearlas y corregirlas. Pareciera que seguimos creyendo que basta con publicar un acuerdo, anunciar un programa o modificar un plan de estudios para que el cambio ocurra automáticamente.
La realidad demuestra exactamente lo contrario. Las políticas públicas no fracasan necesariamente porque estén mal diseñadas. Muchas fracasan porque nadie acompaña su implementación, porque nadie identifica los obstáculos a tiempo o porque nadie genera información útil para corregir el rumbo.
Un sistema educativo que deja de supervisar deja también de aprender. Y un Estado que deja de aprender pierde gradualmente su capacidad para mejorar. Por eso resulta indispensable devolverle centralidad a la supervisión escolar. No para convertirla en un mecanismo de control, sino para fortalecerla como una función de liderazgo pedagógico y de gestión territorial.
Eso implica decisiones concretas. Significa reducir la carga administrativa que hoy consume buena parte de su tiempo. Significa proporcionar herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento de las escuelas. Significa ofrecer formación continua para acompañar procesos de mejora. Significa otorgar capacidad de decisión y construir canales efectivos para que la información que recaban llegue realmente a quienes diseñan las políticas públicas.
Pero también significa algo más profundo: volver a confiar en el valor del conocimiento que se genera desde el territorio. México necesita seguir discutiendo cómo mejorar sus aprendizajes, fortalecer a sus maestras y maestros, ampliar las oportunidades educativas y reducir las desigualdades. Pero también necesita preguntarse si cuenta con la estructura institucional necesaria para que esas aspiraciones se conviertan en realidad.
Quizá la próxima gran reforma educativa no empiece con una nueva ley ni con un nuevo programa. Quizá empiece recuperando algo mucho más sencillo y mucho más poderoso: los ojos del sistema. Porque un país que deja de mirar sus escuelas termina dejando de mirar el futuro de sus niñas, niños y adolescentes.
