La reforma judicial apareció en nuestra Constitución en septiembre de 2024. Sin embargo, comenzó a gestarse tiempo atrás.
Nació de la frustración de quienes enfrentaban procesos interminables. Creció en juzgados donde un lenguaje ajeno remarcó la distancia entre ciudadanía y justicia.
La insatisfacción atravesó prácticamente todos los sectores de la sociedad. Alcanzó a quienes buscaban una pensión, a quienes enfrentaban conflictos familiares y también a quienes litigaban contra el Estado.
Durante décadas, esa experiencia erosionó la confianza en el Poder Judicial y generó una crisis de legitimidad institucional.
Un año después de las primeras elecciones judiciales, con las personas juzgadoras electas ya en funciones, el diagnóstico que impulsó la reforma conserva vigencia.
Los problemas que le dieron origen siguen presentes y nuestra atención debe dirigirse ahora a la capacidad de la reforma para cumplir los postulados sobre los que se impulsó.
Si bien es cierto que las transformaciones institucionales requieren tiempo y cualquier evaluación seria exige cautela, la persistencia de los problemas que motivaron el cambio también exige una revisión de los resultados alcanzados hasta ahora.
Al apostar por la elección popular de las personas juzgadoras, la intención de la reforma era acercar la justicia a la ciudadanía y construir nuevas fuentes de legitimidad. La novedad y complejidad de este ejercicio democrático trajeron consigo dificultades importantes.
La ciudadanía tuvo que evaluar decenas de perfiles en una elección distinta de cualquier otra. A pesar de ello, millones de personas acudieron a las urnas y participaron en la primera elección judicial.
La participación ciudadana demostró disposición para involucrarse en esta nueva etapa del Poder Judicial.
Sin embargo, las elecciones fueron apenas el punto de partida. El objetivo era reconstruir la confianza.
A la luz de ese propósito, los postulados de la reforma todavía encuentran dificultades para materializarse. La lentitud, la complejidad y la distancia entre instituciones y personas siguen dificultando la construcción de confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Es por ello que, de cara a las próximas elecciones judiciales, tenemos la oportunidad de revisar y perfeccionar lo construido hasta ahora.
Considero pertinente fortalecer los mecanismos de evaluación, facilitar el conocimiento de las candidaturas y preservar condiciones que permitan distinguir con claridad la lógica judicial de la lógica partidista.
La discusión pública merece concentrarse en cómo mejorar el modelo y cómo asegurar que las personas juzgadoras cuenten con la preparación técnica y la legitimidad necesarias para desempeñar una función de enorme relevancia pública.
No cabe duda de que las reglas pueden mejorar y los mecanismos pueden perfeccionarse, pero el rumbo de nuestra justicia también depende de la ciudadanía.
Dado que la reforma surgió de una demanda legítima de cambio, su evolución también requiere participación. Universidades, organizaciones civiles, colegios de abogados, sector empresarial y ciudadanía tienen un papel que desempeñar, pues la crítica y la exigencia son indispensables.
Los problemas que dieron origen a la reforma siguen presentes y continúan exigiendo respuestas. Por ello, el desafío consiste en acompañar este proceso de transformación y contribuir a su mejora constante.
