El lunes pasado, Trump firmó la orden ejecutiva Restoring Integrity to America’s Financial System. En México, la cobertura se quedó en la nota del día: “Trump golpea remesas”. Pero vale la pena leer el texto completo, porque las implicaciones podrían ser mucho más profundas que un trámite adicional para los migrantes; va al corazón de un debate que en este espacio hemos sostenido durante años sobre el origen de los flujos que llamamos remesas.
La orden no es retórica, es operativa. Instruye al Departamento del Tesoro a emitir, en 60 días, una Advisory formal sobre low-dollar cross-border funds transfers: las transferencias pequeñas que cruzan la frontera, exactamente la definición de una remesa. La Advisory traerá banderas rojas concretas, entre ellas el uso de ITIN en lugar de Social Security, money services business no registradas, structuring y micro-structuring por debajo del umbral de reporte, patrones cíclicos correlacionados con nóminas pagadas fuera de procesadores regulados e identificaciones consulares.
En 90 días vendrán cambios al Bank Secrecy Act para reforzar el customer due diligence. En 180, posibles modificaciones al programa de identificación. Y, en paralelo, el CFPB tiene 60 días para aclarar que la deportación y la pérdida de salario son factores válidos en la prueba de ability to repay. Traducción: los bancos podrán negar hipotecas, autos y tarjetas a indocumentados sin riesgo regulatorio. Es una pinza completa.
Pero el ángulo más interesante no es lo que la orden hace, sino lo que obliga a discutir. Llevamos años planteando en este espacio que las cifras de remesas dejaron de cuadrar. Entre 2020 y 2024, el flujo pasó de 40,000 a casi 65,000 millones de dólares, un crecimiento de 60% en apenas cuatro años, mientras la población migrante mexicana en EU ni creció ni mejoró sus salarios reales en esa proporción. Banxico nunca pudo explicar bien la discrepancia. En 2025, el flujo cayó 4.6%, la peor caída desde 2013, justo cuando empezó el endurecimiento migratorio. Hoy, el 99.1% de las remesas llega por transferencia electrónica, lo que significa que pasa por el sistema bancario formal y queda expuesto al filtro que esta orden instala. Si la corrección continúa, lo que estamos viendo no es solo el efecto del mercado laboral o del peso fuerte: es la limpieza de un flujo que traía adentro algo más que el salario de los paisanos.
El meollo del asunto para México está en tres frentes. Uno, el sistema financiero. BBVA, Banorte, Citibanamex y las MSBs receptoras —que mueven los 61,000 millones por la última milla mexicana— tendrán que absorber el costo del nuevo KYC y de los formularios adicionales del lado estadounidense. Eso se traducirá en comisiones más altas y rechazos. Dos, la economía nacional. Las remesas siguen siendo 3.4% del PIB y el sostén del consumo en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Zacatecas. Una caída adicional de 5 a 10% es una recesión silenciosa en esas regiones. Tres, Hacienda y Banxico, que perderían colchón cambiario y también un instrumento que durante años disimuló la debilidad del mercado interno.
La narrativa oficial mexicana lleva años repitiendo que las remesas son “amor que vuelve a casa”. El gobierno anterior las celebró como prueba de su modelo. La verdad incómoda, que esta orden de la Casa Blanca finalmente coloca en el centro, es que dentro de ese flujo nunca supimos exactamente qué venía de dónde. Ahora probablemente lo vamos a saber, y la respuesta puede resultar menos cómoda que la versión oficial.
