En Pedro Páramo, Juan Preciado llega a Comala buscando a su padre y encuentra un pueblo gobernado por la sombra de un cacique. Esa figura que viene de la Colonia, cuando los españoles reconocieron como “gobernantes” a los líderes indígenas que les resultaban útiles – o simplemente a quienes estaban dispuestos a serlo –, a cambio de que cobraran un tributo y mantuvieran el orden. El cacique no respondía ante su comunidad, sino ante el poder que lo sostenía. Parecería ficción, pero cinco siglos después, esa lógica aún funciona. La semana pasada, la acusación a personajes de la clase política de Sinaloa por parte de fiscales de Estados Unidos, lo evidenció.
El 28 de abril, fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York presentaron cargos por narcotráfico, conspiración y posesión de armas contra el gobernador Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios más por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, entre ellos: Enrique Inzunza Cázares, senador electo y exsecretario General de Gobierno y Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán. La acusación incluye un punto que revela la similitud con la figura del cacique: según los fiscales, Rocha Moya llegó a la gubernatura gracias al crimen organizado. Los Chapitos habrían intimidado y secuestrado a sus rivales para garantizar su candidatura en 2021. El voto fue sólo el trámite, mientras que la designación del candidato se acerca a cómo un virrey nombraba a su cacique local.
En términos legales, la respuesta del gobierno mexicano ante la petición de Estados Unidos de detención provisional con fines de extradición a estas personas abre un proceso cuyo desenlace podría tomar años. La extradición se rige por el Tratado Bilateral de 1978 y tiene tres fases. La actual es administrativa: la FGR evalúa vialidad jurídica. Si procede, el caso llega a un juez de distrito, que puede ordenar la detención provisional del acusado por hasta 60 días mientras Estados Unidos presenta su documentación formal. El reclamado tiene entonces 20 días para oponer excepciones. Una vez resuelto, el expediente regresa a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que emite la resolución definitiva. Es contra esa resolución que podría proceder el amparo indirecto ante el Poder Judicial, recurso que puede escalar hasta la Suprema Corte.
Además, existe el fuero – aunque con un matiz nuevo –. La noche del viernes, Rocha Moya solicitó licencia temporal al cargo; el alcalde de Culiacán hizo lo mismo. El consejero jurídico del Ejecutivo federal, Arturo Zaldívar, afirmó que, al separarse de la función, ambos pierden la inmunidad procesal y pueden ser detenidos como cualquier ciudadano. Sin embargo, existe una tesis de la Suprema Corte de 1946 que sostiene lo contrario, y la propia FGR ha señalado en casos recientes que la licencia temporal no elimina la protección. La interpretación sigue pendiente. El fuero es, en ese sentido, la versión institucionalizada de lo que el cacique hacía por decreto: la garantía de que quien gobierna el territorio, responde únicamente a aquél que lo puso en el cargo.
Ante el requerimiento de Estados Unidos, la respuesta de la presidenta fue exigir pruebas “claras y contundentes”, aunque expertos en derecho internacional apuntan que el tratado no las exige en la fase de detención provisional. La narrativa oficial apunta a que la petición es una agresión extranjera con fines políticos. En esa dinámica, defender a las 10 personas acusadas equivale a defender a México.
En tanto, Sinaloa lleva dos años en una guerra entre facciones del mismo cartel que ha dejado miles de muertes y ha convertido la vida en Culiacán en un ejercicio permanente de miedo. Son los mismos ciudadanos a los que, según la acusación, el gobernador juró proteger y los que, según esa misma acusación, entregó.
El dilema de Sheinbaum es real, pues como dijo la analista Lisa María Sánchez: si lo entregas, asumes todas las repercusiones políticas; si lo proteges, alimentas la narrativa de que el gobierno encubre los vínculos político-criminales.
Mientras el proceso se extiende por años – entre amparos y discusiones de fuero –, la comunidad sinaloense seguirá habitando su propia Comala: un territorio vaciado y abandonado por quienes juraron cuidarlo.
