Antes que otra cosa, una disculpa a mis lectores por mi ausencia de estas páginas debido a una convalecencia y a El Economista por su comprensión y apoyo. Y ahora, al artículo.
Hace dos semanas la presidenta Sheinbaum aseveró: “Es función fundamental del Estado dedicar recursos a los derechos fundamentales (educación, salud, vivienda y alimentación) y los ejes estratégicos de desarrollo como petróleo y electricidad. Pero el Estado no lo puede todo y los programas de bienestar hoy alcanzan un billón de pesos y que han permitido reducir las desigualdades y la pobreza en México, pero el Estado no puede hacerlo todo. Requiere necesariamente la coordinación con la iniciativa privada y por eso lo que buscamos es un modelo integral donde el pueblo de México viva mejor y al mismo tiempo haya más inversiones”.
Lo aseverado por la presidenta refleja la ideología estatista que tiene. No es que considere que el sector privado sea más eficiente y de ahí que vea como necesaria la participación privada en coordinación con el gobierno. La neta es que el gobierno, que no el Estado, no participa en más sectores de actividad económica (como ella desearía) porque se enfrenta a una restricción presupuestal dura: los ingresos totales del sector público están dados al igual que varios rubros de gasto público y el margen para recurrir a nueva deuda es notoriamente bajo. Dado esto, la presidenta Sheinbaum ve la participación privada como un mal necesario, pero eso sí, bajo la aberrante idea plasmada en el artículo 28 constitucional de la rectoría del Estado en materia económica.
Además de lo anterior, lo aseverado por la presidenta tiene otros dos problemas. El primero es que considere como fundamental que el gobierno produzca petróleo y sus derivados y electricidad. No es papel del gobierno producir bienes privados, que son aquellos bienes que cumplen con las características de exclusión (si no se paga por el bien no se puede consumir) y de rivalidad (las unidades consumidas por un individuo no pueden ser consumidas por nadie más). Que el petróleo y la electricidad sean producidos por dos empresas gubernamentales no los hacen ser bienes públicos. Y lo mismo sucede con otros bienes y servicios producidos por empresas gubernamentales como el transporte ferroviario y aéreo de pasajeros, transporte ferroviario de carga, hoteles, internet, litio y sal; todos estos son bienes privados y no es función del gobierno producirlos.
Adicionalmente, todas las empresas gubernamentales que producen bienes privados son económicamente ineficientes por lo que siempre incurren en pérdidas, mismas que son solventadas con transferencias que otorga el gobierno federal. Obviamente estos recursos tienen un costo de oportunidad reflejado en que estos podrían haber sido utilizados en otros rubros de gasto público como educación y salud, mismos que la propia presidenta considera como derechos fundamentales. Incluso desde una perspectiva de bienestar social es preferible que el gobierno invierta en el capital humano de los mexicanos con sistemas educativos y de salud de alta calidad que transfiriendo ingentes cantidades de dinero a las empresas gubernamentales.
El segundo problema es que a pesar de que la presidenta quiere que hubiera mayor inversión privada, quizás por considerarla un mal necesario, no reconoce que la destrucción del arreglo institucional es el principal factor que la inhibe. La menor certeza jurídica derivada de la pérdida de la independencia del poder judicial y con jueces sesgados a favor del gobierno, incluidos algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abiertamente hostiles a las empresas privadas, las reformas a la Ley de Amparo que dejó desamparados a individuos y empresas frente a actos de gobierno que violentaron sus derechos, la ridícula limitación a la participación privada en generación de electricidad y más, son todos elementos que castigan a la inversión privada.
La presidenta haría bien en dejar de considerar la participación privada en la economía como un mal necesario y reconocer que la principal fuente de crecimiento económico y de creación de empleos formales es la inversión privada y actuar en consecuencia fortaleciendo el Estado de derecho.
PIB
El próximo 30 de abril el INEGI dará a conocer la estimación oportuna del PIB del primer trimestre de este año. Basándose en la evolución que ha tenido el IGAE durante estos tres meses es altamente probable que el PIB muestre una contracción trimestral respecto del cuarto trimestre del año pasado. Nuevamente aplica: sin inversión privada no es posible crecer. Más vale que abandonen su ideología trasnochada y dejen de ver a las empresas privadas como un mal necesario.
