El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado el calendario oficial para el inicio de la temporada de huracanes de 2026. En el Pacífico, se prevé que comience el 15 de mayo, mientras que en el Atlántico iniciará el 1 de junio. Estas fechas son prácticamente fijas, aunque la formación de sistemas puede adelantarse o retrasarse ligeramente. Como cada año, también se han definido los nombres que se asignarán conforme se desarrollen los ciclones —21 para el Atlántico y 24 para el Pacífico— entre los que se encuentran Fay, Hanna, Marco, Nana, Sally, Teddy, Boris, Trudy, Winnie y Paulette.
Millones de personas en las zonas costeras enfrentan cada año la posibilidad de eventos climáticos extremos cuya intensidad resulta difícil de anticipar. Huracanes recientes como Otis, que impactó Acapulco en 2023, evidencian el nivel de devastación que estos fenómenos pueden alcanzar, con pérdidas que se traducen tanto en vidas humanas como en patrimonios enteros.
México ha sido históricamente un país vulnerable a los ciclones debido a su ubicación geográfica y a sus condiciones climáticas. Sin embargo, el cambio climático está intensificando estos fenómenos, incrementando su frecuencia y capacidad destructiva. Frente a ello, el país también se ha distinguido por una ciudadanía solidaria, que se moviliza de forma inmediata no solo ante huracanes, sino también frente a sismos y otras emergencias. No obstante, en los últimos años ha cobrado relevancia una preocupación: qué tipo de ayuda se brinda, en qué momento y a quién está dirigida.
Ante un desastre, se activan múltiples mecanismos de apoyo desde el sector público, el privado y la sociedad civil. En México, es particularmente visible el despliegue de alimentos y suministros a través de centros de acopio, que canalizan la ayuda hacia las zonas afectadas. Sin embargo, si bien la respuesta inmediata es fundamental, no es suficiente. La evidencia muestra que los esfuerzos siguen concentrándose en atender la emergencia, mientras que las acciones de prevención y recuperación reciben menos atención y recursos.
Un análisis encabezado por Ethos Innovación en Políticas Públicas revela además que los efectos de los desastres no son homogéneos. En el caso del huracán Otis, las mujeres reportaron una mayor pérdida de empleo que los hombres (36% frente a 31%) y enfrentaron mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral, frecuentemente en condiciones de informalidad o temporalidad. Asimismo, una proporción mayor de mujeres percibió afectaciones económicas severas derivadas del desastre (61% frente a 49%).
Estas brechas se explican en parte por la carga de trabajo de cuidados, que tiende a intensificarse en contextos de crisis. El 35% de las mujeres encuestadas señaló haber asumido responsabilidades adicionales tras el huracán, lo que limita su capacidad de recuperación. De igual forma, las mujeres manifestaron mayor necesidad de atención médica que los hombres y solo el 54% de las que la requirieron fueron atendidas.
Existe un consenso entre hombres y mujeres de que, a partir del desastre, se registraron mayores niveles de violencia en las comunidades (robos e inseguridad en las calles). De igual forma, ambos grupos manifestaron un aumento significativo de los conflictos al interior de los hogares (discusiones o gritos fuertes). Sin embargo, las mujeres reportan con mayor frecuencia situaciones de violencia, incluyendo insultos, humillaciones, amenazas y agresiones físicas. En línea con ello, también presentan una mayor incidencia de afectaciones emocionales (59% frente a 43% de los hombres).
La gestión de desastres en México debe aspirar a un equilibrio real entre prevención, respuesta y recuperación. En la fase preventiva, es imperativo trascender el enfoque asistencialista para priorizar acciones estratégicas que fortalezcan la resiliencia comunitaria. Asimismo, la recuperación debe entenderse como una oportunidad para reconstruir mejor, con infraestructura más segura y estrategias orientadas a mitigar los riesgos del mañana.
Finalmente, es indispensable incorporar una perspectiva de género en todas las etapas de atención. Esto no solo permite atender de manera más precisa las necesidades de las mujeres durante la emergencia, sino también evitar que las desigualdades se profundicen en el proceso de recuperación. De lo contrario, muchas de ellas quedan atrapadas en un ciclo de vulnerabilidad, pues no logran restablecer sus condiciones de vida antes de enfrentar un nuevo evento adverso.
Replantear la forma en que se diseña y distribuye la ayuda no es solo deseable, sino urgente. Es imperativo transitar de una respuesta centrada en la inmediatez hacia una gestión integral de riesgos de desastres con enfoque de género, orientada a fortalecer capacidades, reducir vulnerabilidades y construir resiliencia a mediano y largo plazo.
