En los días previos a la pausa de Semana Santa, el tema relativo al llamado plan B estuvo en vehemente, intenso, duro debate en los medios, entre la comentocracia y en las redes sociales.
Ya con un pie en el estribo de las vacaciones, la iniciativa presidencial, que necesitaba mayoría calificada de las dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión, por tratarse de enmiendas a la Constitución, fue aprobada por la Cámara alta en lo general.
Sin embargo, no en lo particular en la parte que proponía que la votación para la revocación de mandato del presidente de la República no sólo se pueda llevar a cabo en el cuarto año de ejercicio, como ahora dispone la Constitución, sino también (y en esto consistía el meollo de la propuesta de reforma), en el tercer año.
En el caso, ya sea en 2028 o en 2027, esta última alternativa concurrente con la elección intermedia para diputados federales. Pero sucedió que en este punto los senadores del PT estuvieron en desacuerdo, votaron en contra y la enmienda se frustró.
En realidad, dicha reforma era la que verdaderamente interesaba al oficialismo. O al menos a una parte de éste. Para jugar políticamente con una u otra opción de fechas. Tanto para efectos externos, a fin de desequilibrar la cancha de la competencia electoral en perjuicio de la oposición. O bien, como un instrumento para dirimir diferencias y aun cobrar venganzas al interior del oficialismo. Pero no pasó.
No obstante lo anterior, es decir, que lo verdaderamente importante del plan B fue desechado, se continuó con el proceso legislativo para disimular el fracaso. Lo cual significa que lo que en realidad iba como relleno del plan B, fatalmente será aprobado. Entre otras reformas (que en realidad se trata de una adición) al artículo 116, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución, para establecer lo siguiente:
“Las Constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente”.
¿A quién se le habrá ocurrido esa propuesta, cuáles fueron las razones y por qué incluirla precisamente en el texto de la Carta Magna? ¿De dónde se sacaría la cifra de 0.70 por ciento? ¿En qué bases técnicas se sustenta? ¿Se habrá evaluado su impacto, tanto desde el ángulo de las finanzas públicas estatales como del desarrollo del trabajo legislativo?
En todo caso, ¿por qué en la exposición de motivos de la iniciativa no se argumenta la pertinencia de esta reforma? Al efecto, cabe aclarar que dicha exposición solo incluye tres líneas que francamente nada dicen.
Y el colmo: el dictamen legislativo del Senado tampoco explica ni justifica ni argumenta tal reforma, pues lo único que hace es transcribir literalmente las tres líneas bobas incluidas en la iniciativa. Verdaderamente, qué bajo ha caído el constitucionalismo mexicano.
Lo peor del caso es que, terminada la reciente pausa de Semana Santa, la Cámara de Diputados se ha apresurado a aprobar —en maratónica sesión iniciada el miércoles— la minuta recibida del Senado, con la mayoría calificada con la que también en esta Cámara cuenta el oficialismo.
Para concluir el proceso de aprobación de toda enmienda constitucional, la fase final corresponde a las legislaturas estatales, pues debe ser ratificada al menos por 17. En esta etapa final se ha registrado el espectáculo más denigrante y grotesco.
Algunos Congresos locales literalmente se trompicaron para ser los primeros en aprobarla, y así hacer méritos. El caso más vergonzoso fue el de Tabasco, que esperó hasta la madrugada del jueves para llevar a cabo la faena (la farsa).
Seguramente no veremos una sola de las 32 legislaturas locales que analice con seriedad, estudie con detenimiento, exija explicaciones en torno a esta reforma que directamente les afecta. Su irresponsabilidad, exhibición y docilidad han sido mayúsculas.
Lamentable que estos órganos legislativos estatales continúen siendo como hace cien años: simples camarillas de confabulación a las órdenes del gobernador en turno y ahora, además, directamente al servicio del gobierno central, burdamente disfrazado de federal.
