En un entorno donde el plan B continúa su trámite legislativo, los partidos adelantan precampañas para impulsar candidaturas a las 17 gubernaturas y cuatro organizaciones buscan obtener registro como nuevos partidos políticos, la Cámara de Diputados desahoga el procedimiento para seleccionar tres nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral, a partir de una lista de 369 personas que pasaron el primer filtro de revisión de requisitos y acudieron ayer a presentar el examen de conocimientos.
Se trata de un universo en el que destacan perfiles de una sólida trayectoria tanto nacional como local, con amplios conocimientos y experiencia práctica en la materia, ex integrantes de OPLEs y tribunales locales, también hay un grupo con vínculos claros con la ‘4T’ y aspirantes identificados con la presidenta del INE. De todos ellos se elegirán las tres nuevas consejerías que cubrirán las vacantes existentes a partir de la semana pasada y que se integrarán a una maquinaria que ya avanza en la organización de los procesos electorales 2026-2027.
La selección depende, en buena medida, de la gestión del Comité Técnico integrado por el oficialismo a través de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con cinco integrantes de quienes se espera una actuación imparcial, apegada a los principios que establece la Constitución y a las exigencias democráticas de una tarea de esta relevancia, sobre todo, porque las consejerías son piezas clave para el funcionamiento del INE como institución responsable de coordinar el sistema nacional de elecciones, son quienes toman las principales decisiones que impactan directamente el desarrollo de las elecciones y determinan las directrices a las que deben sujetarse los funcionarios del servicio profesional electoral.
La integridad y autenticidad de las elecciones mexicanas está en manos del oficialismo que tiene el control del procedimiento en la renovación de las consejerías y mueve los hilos impulsando los perfiles que mejor convengan a los intereses del “movimiento”. La ‘4T’ va por las tres consejerías para reducir a su mínima expresión las posibilidades de que el árbitro conduzca la contienda electoral por la ruta de la imparcialidad. El objetivo es evitar votos disonantes que puedan plantear alternativas a temas delicados, como ocurrió en su momento, con la sobrerrepresentación legislativa o la declaración de validez de las elecciones judiciales.
Los antecedentes indican que el morenismo no tiene proclividad ni interés alguno en establecer consensos con los partidos opositores en una decisión que exige la construcción de acuerdos para arribar a una votación de mayoría calificada. Los morenistas avanzan seguros con el respaldo del PVEM y del PT que, con este tema no opondrán resistencia y buscarán impulsar la operación cicatriz luego de las fracturas sufridas con las iniciativas de reforma electoral de Claudia Sheinbaum; en cambio, presionarán internamente para conseguir que algún aspirante cercano pudiera llegar a la herradura de la democracia.
Hay suficientes elementos para afirmar que la construcción de la mayoría calificada será solo entre los partidos de la coalición gobernante, anulando de tajo la legitimidad que debería revestir la designación de consejerías con el acuerdo y respaldo de todas las fuerzas políticas. Es lamentable, pero estamos a escasos días de que la democracia mexicana no tenga una autoridad electoral desvinculada del poder, comprometida con la imparcialidad y con la organización de elecciones íntegras y auténticas.
