Los motores que propulsan a una economía de mercado hacia la prosperidad son las instituciones, la competencia y la innovación. Las tres no operan de manera aislada, sino que se nutren mutuamente dentro de un marco político que garantice libertades fundamentales y reglas democráticas. Lo anterior parece una obviedad, pero ante los persistentes embates en México a esos tres ejes centrales del desarrollo económico y social, no resulta ocioso remarcar su importancia.
Las instituciones son el conjunto de normas formales e informales que estructuran la vida social, proporcionando estabilidad y previsibilidad. En los últimos años, muchas instituciones clave en nuestro país han sido demolidas. La lista es muy conocida. Los economistas Douglass North (Nobel 1993) y Daron Acemoglu (Nobel 2024) sostienen que la calidad institucional determina los incentivos que enfrentan los individuos y las organizaciones. Instituciones inclusivas, que protegen los derechos de propiedad, garantizan la igualdad ante la ley y promueven la participación política, fomentan la inversión, el emprendimiento y la asunción de riesgos. En contraste, instituciones débiles concentran poder y recursos, desalientan la competencia y sofocan la innovación.
La competencia, por su parte, actúa como un mecanismo dinamizador. En mercados abiertos y regulados con transparencia, las empresas se ven impulsadas a mejorar procesos, reducir costos y diferenciar productos. La competencia no solo asigna recursos con mayor eficiencia, sino que estimula la búsqueda constante de soluciones novedosas. Desde la perspectiva del pensador Joseph Schumpeter, el capitalismo se caracteriza por la “destrucción creativa”, un proceso mediante el cual nuevas tecnologías y modelos de negocio reemplazan a los antiguos. Sin un entorno competitivo, esta dinámica se debilita y las estructuras productivas tienden a estancarse.
Ahora bien, la competencia requiere un marco institucional que la garantice y la proteja. La existencia de tribunales independientes, organismos reguladores imparciales y normas claras en materia de libre concurrencia es esencial para evitar prácticas monopólicas o colusorias. Al mismo tiempo, el Estado democrático debe equilibrar la promoción de la competencia con políticas públicas que aseguren cohesión social y oportunidades equitativas, especialmente en sectores estratégicos como la educación, la ciencia y la infraestructura.
Por último, la innovación surge de la interacción de los dos primeros elementos mencionados. No basta con tener talento individual o recursos financieros; se necesita un ecosistema donde las ideas puedan circular libremente, donde el disenso sea posible y donde el fracaso no implique exclusión permanente. Tiene que haber libertad para crear. En ese sentido, la libertad de expresión, la libertad académica y la libertad de empresa —todas ellas pilares de la democracia liberal— constituyen condiciones necesarias para la generación y difusión del conocimiento.
Instituciones sólidas, competencia efectiva e innovación dinámica conforman un triángulo virtuoso que solo puede sostenerse plenamente en un contexto de libertad y democracia. Ya hemos perdido mucho de este triángulo. Ciertamente, la reforma judicial y la pretendida reforma electoral nos alejan aún más de la prosperidad económica y social.
