En el ajedrez político y social hay piezas que, aunque minoritarias en número, han aprendido a moverse con eficacia en el tablero del conflicto. La reaparición pública de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es una de ellas.
Sus recientes movilizaciones no solo han vuelto a tensar la vida cotidiana en la Ciudad de México, sino que han escalado el tono de la presión al amenazar, nada menos, con boicotear el Mundial de futbol si sus demandas no son atendidas.
La advertencia no es menor. México se prepara para ser vitrina internacional, y cualquier perturbación de ese calibre tendría costos políticos y económicos y de ingobernabilidad. Sin embargo, para entender la lógica de la disidencia magisterial, hay que mirar más allá del escándalo mediático: su estrategia histórica ha consistido precisamente en eso, en elevar la apuesta hasta colocar al gobierno contra la pared.
En las calles, el efecto es inmediato. Los capitalinos son quienes pagan la factura de los bloqueos y del caos vial que paraliza puntos neurálgicos de la capital. El enojo es palpable y, en muchos casos, justificado. No es para menos: la cotidianidad se vuelve rehén de una causa perversa y termina percibiéndose como un ejercicio de presión desmedido.
Pero ese descontento social parece tener poco peso en la ecuación de la CNTE. Su cálculo es otro. Saben, por experiencia acumulada, que al incrementar la intensidad de sus protestas logran colocar al gobierno en una situación incómoda.
Y también saben —porque así ha ocurrido en el pasado— que esa incomodidad suele resolverse con concesiones: recursos adicionales, prebendas, acuerdos políticos que les permiten replegarse con beneficios concretos.
Conviene subrayarlo: la CNTE no representa al grueso del magisterio nacional. Se trata de una disidencia minoritaria del sindicato mayoritario, con presencia concentrada en apenas un puñado de entidades del país.
La mayoría de las y los maestros mexicanos continúa, todos los días, haciendo su labor en las aulas, sosteniendo el sistema educativo en condiciones muchas veces adversas, sin recurrir a la presión callejera como herramienta principal de negociación.
Esa diferencia no es menor. Mientras una mayoría institucional apuesta por la estabilidad y la continuidad educativa, la CNTE ha construido una identidad abiertamente antisistémica. Y en ese papel ha encontrado, además, una ventana de oportunidad en el actual contexto político.
La relación con los gobiernos emanados de la llamada Cuarta Transformación ha sido, cuando menos, ambivalente: entre la afinidad ideológica y la tensión constante.
La Coordinadora le ha tomado la medida a sus interlocutores. Sabe hasta dónde estirar la cuerda sin romperla. Sabe que el costo de un conflicto prolongado puede ser alto para la autoridad, sobre todo en momentos clave del calendario político y económico.
Por eso no sorprende que sus movilizaciones se intensifiquen en coyunturas estratégicas, como la antesala de periodos vacacionales o eventos internacionales de alto perfil.
De aquí a la Semana Santa (porque los revoltosos se van de vacaciones, no faltaba más), no sería extraño que la Ciudad de México enfrente jornadas particularmente complejas. El primer cuadro de la capital y otros puntos neurálgicos serán trastocados en su cotidianidad, generando ese efecto de asfixia urbana que tanto incomoda a la ciudadanía. Para la CNTE, ese escenario no es un daño colateral: es parte del objetivo. Es la palanca que buscan accionar para acelerar la respuesta gubernamental.
Y una vez pasado el paréntesis vacacional, el conflicto podría reactivarse con mayor intensidad. El horizonte del Mundial funciona como un incentivo adicional para mantener la presión. La lógica es clara: cuanto más cerca esté el evento, mayor será la urgencia del gobierno por evitar cualquier tipo de disrupción que empañe la imagen del país ante el mundo.
El reto para el gobierno es doble. Por un lado, debe dimensionar con precisión quién es la CNTE: un grupo organizado, sí, pero minoritario en el conjunto del magisterio. Por otro, necesita enviar una señal clara de que el Estado no puede ser rehén permanente de tácticas de presión que afectan a terceros.
Aplicar la ley no implica necesariamente represión, pero sí requiere firmeza. Abrir vialidades, garantizar el libre tránsito y proteger los derechos de la mayoría son responsabilidades básicas de cualquier gobierno.
Para empezar, el gobierno debería descontar de su sueldo las faltas a los maestros paristas y, a partir de allí, gestionar el conflicto.
En la antesala de un evento global como el Mundial, la decisión adquiere una dimensión adicional. Permitir que la amenaza de boicot se convierta en una herramienta efectiva sería abrir la puerta a que otros grupos adopten estrategias similares. Evitarlo, en cambio, exige una combinación de diálogo, claridad y, sobre todo, determinación.
