Ahora el tema de moda, para distraer la atención pública, es el llamado Plan B. Se trata de una segunda iniciativa presidencial en materia de reforma electoral. De alguna manera viene en sustitución de la anterior que fue desechada la semana pasada en la Cámara de Diputados, su cámara de origen, al no haber alcanzado en esta la mayoría calificada de las dos terceras partes de los diputados presentes, requisito establecido cuando se trata de enmiendas a la Constitución.
En respuesta a tal desaprobación, que el régimen ve como una especie de agravio, la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, anunció de inmediato el pronto envío de una nueva iniciativa —el Plan B— sobre la misma materia, aparentemente con el ánimo de cobrar la afrenta ocasionada por el rechazo de la anterior, que se interpreta fue el Plan A.
Cabe aquí hacer un par de preguntas: la primera, para saber por qué fue desechada la primera iniciativa, el Plan A; y la segunda, para tratar de desentrañar si necesariamente antes de cada proceso comicial ha de realizarse una reforma electoral.
Por lo que hace a la primera cuestión, la respuesta es relativamente sencilla. De entre la serie de cambios que el grupo hoy instalado en el poder pretendía hacer a la Constitución, lo que verdaderamente quería era modificar el modo de elegir a 100 de los 200 diputados de representación proporcional, más conocidos como “pluris”, y –además— con el pretexto de aplicar el principio federalista de igualdad de representación de las entidades en el Senado, eliminar los 32 senadores “pluris” elegidos mediante lista nacional.
¿Cuál era el verdadero propósito de esos dos cambios? Por la sola aritmética, asegurar que en todas las elecciones, al menos mientras las cosas sigan como hasta ahora —y suponen que serán eternas— Morena obtenga siempre por sí mismo no sólo la mayoría absoluta, sino aun la mayoría calificada en ambas Cámaras y no depender así de pequeños partidos aliados. Ah, pero sucedió que estos, es decir, el PT y el llamado Partido Verde, percibieron la verdadera intención de la jugada, y la impidieron.
Por lo que hace a la segunda cuestión, cuando se trata de transitar de un régimen abiertamente autoritario, de partido hegemónico, como fue el mexicano a lo largo de siete décadas, hacia un sistema político de corte democrático, operan de tal manera las resistencias al cambio que no hay otra salida que ir avanzando por etapas. En estos casos sí se impone que, antes de cada elección, o periódicamente, se impulse una reforma electoral. En México, este proceso llevó un par de décadas, porque inició con la reforma de 1977 y concluyó, en sus aspectos fundamentales, con la de 1996.
Aunque la materia electoral siempre será perfectible, es claro que hacia finales de la década de los años 90, primero en el orden federal que en el ámbito local, ya se habían establecido los elementos fundamentales que permitieron realizar elecciones confiables.
Quien sostenga lo contrario miente, es mal perdedor o no sabe lo que dice. La mejor prueba de que así fue se encuentra en el actual grupo gobernante. Gracias a que las instituciones y los procedimientos de corte democrático implantados a lo largo de varios procesos de reforma electoral funcionaron, fue que en 2018 ese grupo, radical, contestatario y abiertamente antisistema, valiéndose de los mecanismos que hoy se ha propuesto destruir, llegó al poder.
Ahora, con el llamado Plan B, se anuncian varios cambios a la Constitución. Algunos que se pudieran llamar de “envoltura”, porque no son realmente importantes y en el fondo poco o nada les interesa a sus proponentes. Los incluyen simplemente para llamar la atención y que la iniciativa en sí gane simpatías entre el gran público.
Es el caso del número de regidores en los ayuntamientos y de diputados en los congresos locales y lo oneroso que resultan estos funcionarios para los respectivos presupuestos. Se trata de una actitud francamente de cuenta chiles, porque tales excesos, que los hay, particularmente en ciertas entidades, como en la Ciudad de México para no ir más lejos, son nada si se comparan con las cifras de cientos de miles de millones de pesos, oficialmente reconocidas, que para las finanzas públicas del país ha representado el gran atraco conocido como el huachicol fiscal.
Lo importante no está, pues en la envoltura, sino en lo que viene adentro. No resulta difícil suponer que lo que real y verdaderamente se quiere son sendas reformas al artículo 35 de la Constitución. Una, para que la materia electoral sea objeto de consulta popular. Y la otra, para modificar o jugar con la fecha en que se lleve a cabo la votación revocatoria de mandato del presidente de la República.
En ambos casos es para crear situaciones artificialmente favorables al grupo en el poder. ¡Aguas! ¿No se darán cuenta sus promotores de que están abriendo la caja de Pandora y de que algún día ese tiro les podrá salir por la culata?
