La pregunta en los medios ha sido constante: ¿dónde está Rubén Rocha Moya? Desde que Estados Unidos lo acusó de haberse coludido con el Cártel de Sinaloa para ganar la gubernatura en 2021, desapareció del ojo público. ¿Dónde está el senador Enrique Inzunza, también imputado como una pieza clave en el engranaje político-criminal que se armó en ese estado? Escondido y con escasas apariciones públicas, como ayer, cuando dijo que seguiría como senador, y con fuero.
Ambos formaron un binomio político-criminal, de acuerdo con investigaciones en México –que están bajo llave– y Estados Unidos, y están vigilados por autoridades federales ante la preocupación de que crucen la frontera para ofrecerse como informantes, o que un comando los capture, como a Ismael El Mayo Zambada, y los lleve presos a Estados Unidos, que son posibilidades poco probables en la coyuntura actual.
Rocha Moya está viviendo en un rancho a unos 110 kilómetros al norte de Culiacán, a donde se fue casi inmediatamente después de que lo acusaron los fiscales en la Corte de Nueva York el 29 de abril pasado, mientras que Inzunza sigue en la capital estatal, un poco más visible que el exgobernador. Rocha Moya prácticamente no sale del rancho, salvo para algunas cosas imprescindibles, como viajes esporádicos a la Ciudad de México. En todo este tiempo, el exgobernador sostuvo una conversación telefónica con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien le reclamó que el general Gerardo Mérida hubiera podido viajar a Estados Unidos y ofrecerse como testigo cooperante.
Mérida provocó un reforzamiento en la seguridad en torno a “los 10 de Sinaloa” imputados por la justicia estadounidense. Días antes, Enrique Díaz, secretario de Administración y Finanzas en el gobierno de Rocha Moya y también imputado, viajó a Irlanda, donde sigue negociando con Estados Unidos los términos de su papel como testigo cooperante. Pero quien no logró ese objetivo fue Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de la fiscalía de Sinaloa.
Almanza iba camino a entregarse, como reportó el portal La Silla Rota, pero súbitamente giró su vehículo y regresó a Culiacán. El periodista Carlos Loret explicó que Almanza se arrepintió tras haber recibido una llamada telefónica con amenazas a su familia. La versión fue confirmada por reporteros de La Silla Rota y más adelante por otros periodistas. De los otros seis sinaloenses imputados, no se sabe nada públicamente. El gobierno no quiere que llegue más información en Washington de lo que sucedió en Sinaloa, pero es un poco tarde.
Autoridades estadounidenses adelantaron a sus contrapartes mexicanas que Mérida se llevó documentación física y entregó un USB con información. Díaz ha estado ofreciendo información a cambio de impunidad y que le permitan mantener parte de sus bienes, pero aún no hay un acuerdo porque hasta ahora les ha proporcionado aspectos públicos o detalles de la corrupción de la familia de Rocha Moya, que en su mayoría también ha sido pública. Términos aceptables para hacerlo testigo cooperante, ha trascendido, es que diga a qué políticos se transfirieron recursos del Cártel de Sinaloa para sus campañas, incluida, han subrayado, la de la candidatura presidencial del senador Adán Augusto López Hernández, de quien Rocha Moya es cercano.
El gobierno ha protegido a Rocha Moya y, como en cascada, alcanza el blindaje para el resto de los servidores públicos imputados. Son dos las líneas de pensamiento que llevaron a esa protección: que si los entregan bajo los términos del Tratado de Extradición, Estados Unidos pedirá a otros altos funcionarios, y que entregar a Rocha Moya abriría la ruta para alcanzar al expresidente Andrés Manuel López Obrador en la cruzada de Washington contra los narcopolíticos, que hoy son imputados y serán juzgados bajo las leyes contra el terrorismo.
En Palacio Nacional piensan que si resisten hasta las elecciones legislativas en Estados Unidos en noviembre, habrán saltado la presión. El análisis es totalmente equivocado; la cruzada no está subordinada a los tiempos electorales. Otro error es creer que si mantienen la muralla que defiende a los sinaloenses, se frenará todo.
Como se ha explicado en este espacio desde el año pasado, hay intereses específicos prioritarios en el senador López Hernández, los gobernadores de Michoacán, Sonora y Tamaulipas, adicionalmente a los de Jalisco y San Luis Potosí, sin olvidar al exlíder de Morena y actual secretario de Educación, Mario Delgado. A ese grupo hay que agregar ahora el interés sobre el gobernador de San Luis Potosí.
Los mensajes de hostilidad contra México no han cesado. Ayer en Evian, Francia, donde se clausuró la reunión del G-7, los países más industrializados de Occidente, el presidente Donald Trump reiteró, con nuevo énfasis, que México está totalmente controlado por los cárteles de las drogas, con un gobierno que ha perdido el control del país, encabezado por una mujer “asustada”. La retórica tiene otras asideras. La más importante, la designación de Jay Clayton como el próximo director nacional de Inteligencia, la oficina en la Casa Blanca que coordina a 18 agencias de inteligencia.
Clayton era el fiscal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde está el caso de los 10 sinaloenses que, de acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia, pusieron el estado al servicio del Cártel de Sinaloa –en especial a la facción que encabezan Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán– a cambio de llevar a Rocha Moya al poder, y llevaba el juicio en contra del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Esa corte ha sido descrita peyorativamente una y otra vez por Sheinbaum como una “oficina”, para mitigar el tamaño del problema en que se encuentran Rocha Moya y los sinaloenses. Esa “oficina”, el Southern District, es conocido como el “Sovereing District”, un juego de palabras para cambiar “sur” por “soberano”, que refleja el poder de Clayton. Malas noticias para los narcopolíticos. A diferencia de sus antecesores, será el primero que lleve en su equipaje toda la información sobre la complicidad del Cártel de Sinaloa con la ‘4T’ a la Dirección Nacional de Inteligencia y aportar conocimiento a lo que durante 40 años han recopilado las agencias sobre esa organización criminal.
La protección de Rocha Moya ha desgastado a la presidenta, que no tiene control sobre lo que decida el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sus tiempos, sus coyunturas y sus intereses inmediatos. Su protección equivale a una avestruz, que esconde la cabeza en la tierra pensando que con eso se olvidarán de ella.
