El próximo 27 de mayo da inicio el proceso formal de revisión del Tratado de “libre” comercio entre los países norteamericanos, con la intención, en principio, de que para el 1 de julio, el sexto aniversario de su entrada en vigor, se haya llegado a un acuerdo entre los gobiernos de los tres países. Esta revisión será la primera desde que entró en vigor el T-MEC el 1 de julio de 2020, el cual contempla una duración inicial de 16 años, es decir, hasta 2036. De acuerdo con lo establecido, si hay consenso entre las tres partes durante esta revisión, el Tratado sigue vigente y se puede extender por otros 16 años, es decir, hasta 2042. Además, si en esta revisión se logra un acuerdo, el Tratado seguiría vigente y la siguiente revisión sería hasta 2032.
Por otra parte, si en la próxima revisión no hay un acuerdo tripartita, aun con las posibles modificaciones que se le pudiesen hacer, se pasaría a un proceso de revisiones anuales por los siguientes 10 años, terminando con el Tratado en 2036. Cabe señalar que si en cualquiera de las revisiones anuales se logra un acuerdo entre las tres partes, se puede acordar que este se extienda por otros 16 años a partir de ese año. Así, por ejemplo, si en la revisión del 2035 se llegase a un consenso entre los tres países, el Tratado podría extenderse hasta 2051.
Por las señales que hemos visto hasta el momento por parte de los tres países, sobre todo por la posición proteccionista de Estados Unidos, cuyo presidente tiene un marcado sesgo en contra del libre comercio, el escenario más probable es que en la revisión/renegociación que empezará el 27 de mayo no se logre un acuerdo, por lo que se pasaría al esquema de revisiones anuales. ¿Es esto bueno?
Obviamente, el mejor caso es que se llegue a un acuerdo que elimine por completo la incertidumbre sobre el contenido y la vigencia del Tratado hasta 2032, en una renegociación que en conjunto beneficie a los consumidores de los tres países. Si, en lugar de ello, el acuerdo fuese restringir aún más el comercio intranorteamericano (de por sí, el T-MEC es en muchas de sus partes más restrictivo que el TLCAN), es mejor no firmarlo e irse a las revisiones anuales. Esto elimina el temor de que el gobierno mexicano aceptaría firmar cualquier cosa con tal de llegar a un acuerdo, pero no elimina la incertidumbre hacia las siguientes revisiones, incluyendo que alguna de las partes, en el peor de los escenarios, decida abandonar anticipadamente el Tratado, tal como lo ha afirmado en algunas ocasiones Trump, quien parecería preferir dos tratados bilaterales en lugar del trilateral o si, después de Trump, llegase a ocupar la presidencia de Estados Unidos un demócrata woke.
Regresando a la próxima revisión que inicia a finales de este mes, la posición de Trump en contra del libre comercio no es el único factor en consideración. Otros temas que también podrían salir a relucir son las diferentes violaciones del Tratado en las que ha incurrido el gobierno de México, destacando el trato preferencial a la CFE y a PEMEX y la discriminación en el sector energético en contra de empresas del sector privado, incluyendo las estadounidenses, la desaparición de los órganos autónomos reguladores IFT y Cofece, así como la pérdida de la independencia del Poder Judicial. Y, para agregarle gasolina al fuego, la protección que hasta ahora le ha brindado el gobierno mexicano a Rubén Rocha, acusado en Estados Unidos de tener nexos con el Cartel de Sinaloa.
De no llegarse a un acuerdo para el próximo 1 de julio y pasar entonces al esquema de revisiones anuales, aunque no sea el peor de los escenarios, sigue sin resolverse los principales elementos que están detrás de la caída de la inversión y del ínfimo crecimiento de la economía mexicana, porque hay que ser claros al respecto: aun si se llega a un acuerdo y la siguiente revisión fuese hasta dentro de seis años, el que la inversión privada no haya crecido, como tampoco lo ha hecho la economía, no depende del Tratado sino de factores netamente internos y aquí sí ha habido un notable deterioro.
No se puede esperar mayor inversión y, por ende, mayor crecimiento económico si no hay un Poder Judicial independiente e imparcial que garantice certeza jurídica de los derechos privados de propiedad y el cumplimiento de contratos, si los agentes económicos privados están indefensos frente a actos de gobierno que vulneren los derechos individuales, si estos mismos agentes son considerados como presuntos culpables y no presuntos inocentes, como sería en un país en donde rigiera el Estado de derecho, si estos mismos agentes se enfrentan a la actuación impune de la delincuencia, si la legislación laboral y de seguridad social tiene un sesgo en contra del empleo formal y el crecimiento de las empresas. Todo esto y más ahí está, Tratado o no Tratado.
