Este mes tuvo lugar el relevo de tres integrantes del Consejo General del INE; se trató del proceso de renovación parcial que cada tres años tiene lugar en este órgano de dirección institucional. La principal virtud de este mecanismo es evitar que la totalidad de los integrantes de ese consejo sea decidida por una sola legislatura y la correlación de fuerzas que en ella prevalezca. En esta ocasión dejaron sus cargos, tras nueve años de ejercicio, Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera. Designados por amplísima mayoría de la Cámara de Diputados en 2017, fueron la última generación de consejeros nombrados por consenso (abierto y público; no descubro nada nuevo) del PAN, PRI y PRD, en aquel momento las fuerzas más votadas del espectro partidista.
El principal problema de decA lo largo de casi seis años de trabajar juntos, tuve con ellos grandes convergencias y grandes divergencias, como debe ser en un órgano colegiado en el que los actos de cada individuo responden a sus distintas convicciones y perspectivas de la democracia, la política y la República. Tuvimos posiciones claramente opuestas cuando, en 2021, el INE canceló las candidaturas a gobernadores de sus respectivos estados de Félix Salgado y Raúl Morón. Caminamos juntos, por cierto, en filas cerradas con todos los demás consejeros, en 2022, cuando, en represalia por aquellas cancelaciones, el gobierno federal lanzó la peor embestida que la autonomía de la autoridad electoral ha sufrido desde que existe. Compartimos plenamente preocupaciones por las irregularidades registradas en la elección judicial de 2025, y así votamos, alcanzando la unanimidad, por excluir las casillas correspondientes del cómputo final de esta; pero tuvimos posiciones fuertemente opuestas sobre la validez de la elección una vez depuradas las irregularidades.
A lo largo de estos años compartimos alegrías y rabias. Rabiamos unos contra otros, nos alzamos la voz pocas veces y también festejamos éxitos comunes. Nos reprochamos y nos felicitamos; nos calificamos y descalificamos, incluyendo elefantes imaginarios y reales que hasta volaron en la sala; intercambiamos aspavientos y nos dolimos de pérdidas. Fue una relación compleja. Uno no viene a estos organismos a hacer amigos, nos recordaba Martín Faz en la última sesión a la que a nuestros antiguos colegas asistieron; sin embargo, añado yo, la convivencia diaria, el debate, los acercamientos y alejamientos en torno a posiciones políticas, y en ellas vencer y ser vencidos, ofrece, sí, la invaluable oportunidad de aprender de quien piensa distinto, de quien recorrió antes los mismos caminos, y de quien no recorrió los mismos caminos que uno.
Esa etapa se ha cerrado. Lo más probable, con mucho, es que no vuelva yo a tener el mismo nivel de convivencia y de deber compartido con ninguno de los tres nunca más; sin embargo, en este tiempo, han dejado en mí diversas huellas, que en mayor o menor medida, me acompañaran, al menos por algún tiempo (vamos, que a estas alturas de la vida hablar de mucho tiempo puede ya resultar de un optimismo temerario).
Hoy, tras casi una década, los tres andan nuevos caminos. Especulo que, en su regreso a la academia, Jaime verá los estudios electorales de manera distinta a como lo hacía antes de dejarla; Dania quizá explore caminos de militancia que hasta hace semanas le estaban vedados, y Claudia volverá a centrarse en el ejercicio del derecho, en escenarios sustancialmente distintos a los conocidos. No lo sé, solo imagino.
Sé, sí, que, en cualquier caso, la persecución ilegal de la que hoy son objeto por el sentido de uno de sus votos en el pasado es, además, ilegítima: en democracia y dentro del Estado de derecho, la vigilancia administrativa no se puede convertir en control político, haciendo de los contralores comisarios al estilo soviético. La función electoral exige que sus depositarios puedan votar estrictamente dentro de sus convicciones, so pena de adulterar el debido funcionamiento de los órganos correspondientes. Esta libertad para votar es exactamente la misma que asiste a los legisladores, aunque no se legitime en la misma fuente, el voto popular, pues protege a las instituciones electorales antes que cualquier otra cosa. Sancionar eventuales incumplimientos legales de los consejeros electorales corresponde al Congreso. A nadie más.
