La decisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED por su sigla en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de solicitar a la Asamblea General que discuta la situación de las desapariciones en México, trajo consigo el rechazo inmediato del gobierno mexicano, el cual afirmó que no se han tomado en cuenta las acciones recientes para atender la crisis. No obstante, los datos oficiales revelan un aumento de los casos reportados en los últimos años.
En México se han denunciado, de manera oficial, 1,436 casos de personas víctimas de desaparición forzada; de las cuales 962 (67%) siguen sin ser localizadas, otras 390 (27%) han sido ubicadas con vida, aunado a 84 casos (6%) de personas que han sido localizadas, pero sin vida.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde diciembre de 1952 y hasta ayer, el mayor número de casos de desapariciones forzadas se presenta en entidades con alta presencia del crimen organizado como lo son Sinaloa, donde se han reportado 206 casos; le siguen Sonora (172); Tamaulipas (162), Zacatecas (127) y Guerrero (98).
Si consideramos solo los casos de personas de las que todavía se desconoce su ubicación, casi los mismos estados lideran, pero en diferente orden: Sonora (132); Sinaloa (127); Tamaulipas (105); Guerrero (83) y se suma Baja California (71).
Aunque este delito impacta en su mayoría a hombres con 1,172 casos (81.62%), también se han reportado a 261 mujeres (18.18%) víctimas. En ambos casos, los rangos de edad van de los 15 a los 55 años, con la mayoría de las víctimas teniendo entre 20 y 35 años al momento de su desaparición.
Es relevante destacar que fue a partir de 2018, año en el que entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando las cifras de desapariciones forzadas se elevaron de manera considerable, ya que en 2017 se tenía el reporte de sólo 26 casos, y para 2018 la cifra se elevó a más de doble, con 66 casos. Desde entonces, los reportes fueron creciendo, llegando a máximo histórico en 2024 (año en el que concluyó el gobierno de López Obrador), con 239 reportes de los cuales 71 personas seguían desaparecidas a la fecha.
Mientras que en el primer año de Claudia Sheinbaum (2025), el número de casos llegó a 181, de los cuales 136 siguen sin ser localizados.
En este contexto, las cifras oficiales también muestran que a la fecha se ha reportado la desaparición, por diversas circunstancias de, al menos, 395,476 personas en todo el país. De ellas, el 33.6%, es decir, 132,854, siguen desaparecidas; mientras que 21,964, fueron localizadas pero sin vida.
Cabe señalar que la desaparición forzada se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad no reconocida y realizada por agentes del Estado, es decir, hecha por servidoras o servidores públicos, o bien, por personas o grupos que actúen con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado.
La desaparición forzada se caracteriza por la negación de las autoridades a reconocer dicha privación de la libertad y por la ocultación de información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida, por lo que es considerado un delito grave.
Activan mecanismo
El pasado 2 de abril, el CED de la ONU anunció la decisión de escalar el análisis del caso mexicano a la Asamblea General de naciones.
Este procedimiento es excepcional y se utiliza cuando el comité considera que existen elementos suficientes para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la gravedad o persistencia de desapariciones forzadas en un país.
La decisión sobre México podría derivar en recomendaciones o resoluciones dirigidas al Estado mexicano en materia de prevención, investigación y sanción de desapariciones.
El CED de la ONU es el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, tratado del que México es Estado parte.
Rechazan decisión
Después del anuncio, el gobierno mexicano, a través de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, rechazó el informe del CED de la ONU al considerar que es “tendencioso” y omite avances institucionales en la materia registrados en los últimos años.
En un comunicado conjunto, las dependencias señalaron que el documento no incorpora las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Estado mexicano, particularmente aquellas que dan cuenta de los cambios implementados desde 2019 y, de manera más reciente, a partir de 2025.m.
El gobierno sostuvo que el procedimiento de la convención internacional está diseñado para contextos en los que las desapariciones forzadas son cometidas de forma sistemática por agentes del Estado, lo cual —afirmó— “no corresponde a la realidad del México actual”, donde se han emprendido transformaciones estructurales para atender este delito.
Asimismo, indicó que el propio comité reconoce en su resolución que no existen indicios de una política federal orientada a cometer desapariciones de manera generalizada o sistemática, lo que, a juicio de las autoridades mexicanas, confirma un cambio respecto a periodos anteriores.
También se cuestionó el alcance del informe al señalar que se centra en hechos ocurridos entre 2009 y 2017 —durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— y en casos localizados en cuatro entidades, sin considerar los esfuerzos recientes del actual gobierno.
Además, acusó falta de rigor jurídico en la argumentación del comité y señaló posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes, al asegurar que al menos uno de ellos habría tenido vínculos con organizaciones que han presentado denuncias contra el Estado mexicano.
El gobierno federal reiteró que en México “no se toleran, permiten ni ordenan desapariciones forzadas” y destacó que, en coordinación con colectivos de familiares, se han impulsado reformas legislativas e institucionales para fortalecer la búsqueda de personas.
Resolución histórica
En este contexto también, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez calificó la decisión del CED como “histórica” la cual da evidencia de la gravedad de la crisis de desapariciones en el país.
En un posicionamiento difundido a través de redes sociales, la organización señaló que el comité activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional en la materia, al concluir que existen “indicios bien fundados” de que en México se cometen desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, mediante ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
La ONG, que ha acompañado a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, afirmó que “la disputa del diagnóstico y la descalificación del mensajero no está en línea con la respuesta necesaria para las decenas de miles de familias que buscan a un ser querido”.
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