El modelo de partidos establecido en la Constitución es el heredado, como muchas otras cosas, del régimen de partido de Estado. Este, en gran medida por su origen revolucionario, desconfiaba profundamente del voto ciudadano. Lo valoraba como voluble y como un instrumento peligroso en manos de la gente. Como consecuencia, no le resultaba permisible que cualquier organización política se denominara partido y compitiera en las elecciones. Para disminuir los peligros del voto, limitar su volatilidad y, concebida como una y la misma cosa, asegurar la estabilidad del régimen, incluyendo la perpetuación del partido hegemónico en el poder, se establecieron grandes filtros previos para poder competir en elecciones. El fundamental consistía en acreditar una presencia orgánica extendida por la mayoría del territorio nacional como condición ineludible para poder someterse, posteriormente, a las urnas. Ese condicionamiento subsiste hasta el día de hoy.
Para poder competir en elecciones, una organización tiene que obtener previamente registro oficial como partido político nacional. Para ello requiere de al menos 256,030 afiliados y de hacer asambleas con al menos 300 de ellos en 200 distritos electorales o más, o con tres mil afiliados en al menos 20 estados. Es decir, para poder presentarse a las elecciones debe acreditar una amplia base de afiliados (0.26% del padrón electoral) en dos terceras partes o más del territorio nacional. Sin ese requisito, la Constitución no considera legítimo que los electores puedan dar su voto a esa organización. La valoración básica es que, por encima y antes de la legitimidad de las urnas, está la legitimidad de la organicidad y de la presencia territorial (por cierto, bases estructurales fundantes del Partido Nacional Revolucionario, fundado por Plutarco Elías Calles, en 1929). Recibir votos solo es legítimo si se tienen esas condiciones previas.
Este modelo de desconfianza en el voto es uno de los obstáculos para el desarrollo democrático de México. Las condiciones de organicidad limitan en extremo que nuevos actores políticos se sometan a las urnas y que corrientes políticas minoritarias históricas participen en la vida política de México. Paralelamente, da mucho más poder a pequeños grupos locales organizados, con impacto significativo en territorios muy pequeños, que a corrientes de opinión políticas y programáticas con mucho más respaldo social, pero disperso territorialmente. De esta forma, además, se fomenta en el diseño mismo del sistema electoral la supervivencia de pequeños cacicazgos locales, potenciados por la preeminencia legal y política de la territorialidad por encima del volumen del respaldo ciudadano.
La mayor apertura social de las elecciones en México requiere de la modificación profunda del sistema de partidos, flexibilizando radicalmente las condiciones para constituirlos y para competir por el voto popular. Ciertamente, una apertura de esta naturaleza exige, paralelamente, normas que eviten que la conformación de partidos nuevos se convierta en un negocio político y financiero. Estas reglas ya se encuentran en la legislación y son los porcentajes mínimos para acceder a representación en las cámaras y para obtener financiamiento público. Me parece, sin embargo, que el actual monto de 3% para ambas cosas es excesivo y que se debería establecer en 2%.
Un sistema de partidos más flexible y abierto reflejaría mejor, en el tiempo, la diversidad social y política de México, los cambios en esta y profundizaría el debate sobre el desarrollo nacional y sus perspectivas. Obligaría además a los partidos con acceso a representación y financiamiento público a mantener un apoyo electoral ya más fácilmente disputable por fuerzas emergentes. La disputa por los votos exigiría así la búsqueda de una mayor proximidad con la sociedad y de un impulso auténtico a programas políticos amplios y viables. Se acortaría así la distancia entre ciudadanos y partidos, entre quienes votan y quienes son electos, y, en fin, entre gobernados y gobernantes.
Un sistema de partidos abierto es hoy lo más sano para México y su desarrollo democrático.
